Magistrados cruzan al Congreso: advierten que no tiene facultades para revisar sus fallos y que no deben dar explicaciones

Los jueces federales y nacionales salieron hoy a cruzar al Congreso por la manera en que fueron tratados los magistrados que declararon ayer en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, en el proceso que se pretende abrir contra los jueces de la Corte Suprema de justicia. Dijeron que el parlamento no tiene facultades para revisar sus sentencias y que jueces y fiscales no tienen por qué ir a dar explicaciones.

Así lo afirmó la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional en un comunicado de inusual dureza difundido este viernes, que parece preanunciar que si en el futuro si son citados otros jueces y fiscales a comparecer en el Congreso, estos podrían no concurrir o al menos reclamar que se les tome declaración por escrito, como lo establece el Código Procesal.

“Ni los fiscales deben explicar sus dictámenes a las señoras y señores Diputadas y Diputados de la Nación, ni los jueces sus decisiones”, sostuvieron en un comunicado, titulado “independencia y primacía de la ley”.

En el comunicado, los jueces dijeron que los dictámenes de los fiscales “admiten la excluyente evaluación del juez que debe resolver en él”. Es decir, nadie más que el juez puede merituar esos argumentos.

“Toda expresión institucional por fuera de ello -aun si emana de jueces carentes de competencia en el litigio- constituye un agravio a las previsiones de la Constitución Nacional y la ley de Ministerio Público Fiscal”, señaló el comunicado.

En la misma línea, los magistrados advirtieron que “la primacía constitucional es clara y no admite sumisión a reglamentos que rigen la actividad de otros poderes del Estado”. Por eso dijeron que como no es función de los jueces pronunciarse sobre la manera en que “desempeñan sus funciones los poderes Legislativo y Ejecutivo, rechazamos cualquier intento de ellos de atribuirle facultades que no les corresponden”.

Herramientas disciplinarias

Los jueces señalaron que “existen para las partes las herramientas recursivas correspondientes y también eventualmente, las disciplinarias”, por lo que si a alguien involucrado en el caso no le gusta el fallo, puede apelarlo y hasta denunciar al juez o al fiscal ante el Consejo de la Magistratura o la Procuración General de la Nación.

El comunicado fue firmado por el presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle, y por Marcelo Peluzzi, el secretario general. En la comisión directiva Asociación conviven tres listas de jueces, entre las más críticas del Gobierno y las cercanas al kirchnerismo.

El comunicado es una muestra del malestar de los jueces por lo que ocurrió ayer en el Congreso cuando comparecieron en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que busca evidencias para enjuiciar a todos los jueces de la Corte, los jueces federales Sebastián Ramos y Alejo Ramos Padilla.

El juez Ramos, con despacho en Comodoro Py 2002, fue destratado por el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade, mientras que Ramos Padilla fue interrogado por los legisladores de la Coalición Cívica. Ambos investigaron denuncias contra el ministro porteño de Seguridad en uso de licencia Marcelo D’Alesandro y el funcionario de la Corte Silvio Robles por intercambiar supuestos chats sobre causas en trámite.

Ramos archivó las denuncias al entender que eran producto de un espionaje ilegal sobre el celular de D’Alesandro. Ramos Padilla, a su vez, se declaró incompetente pero dijo que no había evidencia de que fuera un caso de espionaje ilegal. En el Congreso se alineó con el kirchnerismo e insistió en su embestida contra D´Alessandro.

Los legisladores cuestionaron en su interrogatorio el fallo de Ramos que se basó en un dictamen del fiscal Carlos Stornelli que proponía el archivo del caso por ser producto de una actividad de espionaje ilegal. Es decir que los chats publicados por el kirchnerismo provenían de un hackeo del servicio de mensajería de Telegram del celular de D’Alessandro.

Ramos explicó estas cuestiones y recibió ataques de los legisladores del oficialismo, que motivaron ahora este comunicado. La Comisión de Juicio Político decidió citar para el 7 de marzo próximo a que declare como testigo Stornelli. El funcionario judicial decidirá si concurre o no al Congreso cuando llegue una citación. Las relaciones entre el Ministerio Público Fiscal y el resto de los poderes se canalizan mediante la Procuración General de la Nación.

La ley de ministerio Público exime a los fiscales de comparecer para declarar y prevé que puedan hacerlo por escrito. El reglamento de la Comisión de Juicio Político señala que los funcionarios judiciales no pueden amparase en esta inmunidad. Ahí se abre otro capítulo de conflicto, pues un reglamento interno del Congreso no puede estar por encima de la ley. La inmunidad no implica que el funcionario judicial no declare, sino que no concurra en persona y que lo haga por escrito.

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