Macri oficializó la restitución del 15% a las provincias en cinco años y consiguió el aval de Massa para un DNU clave
El Presidente apuró la creación de un consejo federal que discutirá cómo la Nación devolverá a las jurisdicciones lo que retiene por coparticipación; finalmente el Frente Renovador aprobará un DNU que se analiza esta tarde en el Congreso
LA NACIONMauricio Caminos
Mauricio Macri apuró esta mañana la firma de un decreto que el devuelve a las provincias, en un plazo de cinco años, el 15 por ciento que se retiene por coparticipación.
Consiguió así el apoyo clave del Frente Renovador, de Sergio Massa, para avalar esta tarde el DNU presidencial que anuló la devolución del 15 % que había dado Cristina Kirchner antes de dejar el poder.
El decreto 406 que crea el Consejo Argentino para el Nuevo Federalismo salió publicado esta mañana en el Boletín Oficial y lleva las firmas de Macri, y del jefe de Gabinete, Marcos Peña.
La norma establece que la devolución del 15% "se hará en forma progresiva y escalonada durante los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, estableciéndose como fecha límite para su eliminación definitiva el 1 de enero del año 2021". Un anticipo del decreto difundió ayer el ministro de Interior, Rogelio Frigerio.
El apoyo de Massa
Con este decreto, el Gobierno consiguió el voto del diputado massista Raúl Pérez y evitar así que el kirchnerismo imponga su mayoría en la Comisión de Trámite Legislativo, que está citada esta tarde para tratar el DNU de Macri.
"Como el gobierno nacional cedió a nuestro pedido y los gobernadores tendrán sus fondos, todo indica que sí vamos a votar", aseguraron esta mañana a LA NACION desde el equipo de Massa.
En el FR insistieron en destacar que el decreto firmado hoy por Macri es "prácticamente igual" al modelo que Massa le envió ayer al Gobierno. Sin meterse en la interna del PJ, el tigrense consiguió así un importante apoyo de gobernadores y caciques peronistas, como como el chubutense Mario Das Neves, la catamarqueña Lucía Corpacci, el tucumano Juan Manzur, los sanjuaninos Sergio Uñac y José Luis Gioja y el rionegrino Miguel Pichetto, según confiaron desde el massismo.
El decreto firmado hoy asegura que el Consejo deberá quedar definitivamente sellado entre la Nación y las provincias "durante el tercer trimestre del año", antes de que el Congreso discuta el presupuesto para el 2017.
También establece un "régimen de saneamiento definitivo de la situación financiera" entre la Nación y todas las jurisdicciones. "El gobierno nacional podrá proponer un régimen de transferencia de asignaciones, bienes y servicios" a las provincias, dice en otro apartado.
A cambio, el Gobierno quiere que las provincias aumenten su inversión "en educación, ciencia y tecnología", así también como en "infraestructura básica, fundamentalmente en el sector de servicios".
Por último, exige que el acuerdo "deberá garantizar el no agravamiento de la situación fiscal de la Argentina a la fecha del dictado del presente decreto".
Corrigieron un decreto que beneficiaba a Larreta
En otra medida publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno modificó el decreto que aumentó la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de transferir a la Capital los fondos necesarios para financiar el traspaso de la Policía.
El decreto 399/2016 incluyó un nuevo párrafo en el artículo 1 del decreto original publicado el 18 de enero, donde se establece específicamente que el aumento en la coparticipación "no incide en la distribución de los recursos del Fondo Federal Solidario".
Además, en el artículo 2 se especificó que los fondos serán destinados "para consolidar la organización y funcionamiento institucional de las funciones de seguridad pública en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad de Buenos Aires".
El Fondo Federal Solidario se creó en 2009, con el objetivo de distribuir entre las provincias un 30% de lo que recauda el Gobierno en concepto de retenciones a la soja.
Al aumentarse la coparticipación porteña junto al traspaso de la Policía, por error se incluyó también un proporcional de los ingresos que genera la oleaginosa, pese a que la Capital no tiene áreas de siembra del cultivo, lo cual generó un gran enojo entre los gobernadores.
Por Mauricio Caminos
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