Luis Rodríguez, un juez siempre asociado al escándalo

La controversia acompaña a Luis Rodríguez desde los días previos a convertirse en juez federal. Su ascenso a Comodoro Py, desde un juzgado de instrucción, quedó teñido en 2012 por un concurso plagado de sospechas que lo tenían como protagonista. El hombre que esta semana procesó por una supuesta extorsión al periodista Daniel Santoro, de Clarín, contaba con el apoyo determinante del auditor general Javier Fernández, cercano al entonces mandamás de los servicios de inteligencia, Jaime Stiuso.

La historia del escandaloso concurso 140 -que cubrió 4 de los 12 juzgados federales de Comodoro Py- marcó sus inicios en los tribunales federales. Las denuncias que lo involucraron indicaban que había tenido acceso al temario de la prueba que le iban a tomar antes de pasar por la mesa examinadora. LA NACION publicó que días antes del examen se había solicitado al juzgado federal de Daniel Rafecas las constancias de un expediente referido a un robo de monedas antiguas del Banco Nación. Justamente ese caso tenía puntos en común -los dos eran robos de monedas antiguas en el Banco Nación- con el que le tomaron en la evaluación, donde Rodríguez sacó 90 sobre 100.

El juez siempre negó todo. Dijo que se trataba de una infamia y así lo contestó cuando pasó por el Senado, a donde el gobierno de Cristina Kirchner había girado su pliego: “Yo nunca pedí personalmente el caso”. La investigación del Consejo de la Magistratura sobre el asunto se cerró, igual que una causa que instruyó su ahora colega María Romilda Servini de Cubría. “Todo esto es una falsedad que se cayó por sí misma. La doctora Servini dictó mi sobreseimiento”, alegó Rodríguez.

La oposición advirtió en aquel momento que el hecho de que no hubiera existido una condena penal no es motivo para desconocer las sospechas y nombrarlo en el poderoso fuero que investiga al poder. También fue impugnado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), bajo la conducción de Horacio Verbitsky. Lo señalaban por coleccionar “objetos de la Segunda Guerra Mundial, algunos de ellos representativos de la ideología nazi”. En su descargo, alegó que en realidad se trataba de objetos que el Imperio Británico le había quitado a los nazis.

Rodríguez nació en Merlo hace 62 años y tiene ya cuatro décadas en los tribunales. Al cumplir 18 años entró como auxiliar en el Juzgado Criminal N° 7 de la Capital. Se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1988. En 1990 ascendió al cargo de secretario de primera instancia y cuatro años más tarde se convirtió en juez de instrucción. Lo designó en el Juzgado Criminal N° 11 de la Capital el ministro menemista Rodolfo Barra, cuyo secretario privado era Javier Fernández, amigo personal y padrino de su hija. Señalado muchas veces por esa relación, Rodríguez negó siempre cualquier vínculo con los servicios de inteligencia.

En Comodoro Py su relación con Fernández es un dato por todos conocido. En un ámbito atravesado por la desconfianza, Rodríguez es un magistrado que no se destaca especialmente entre el resto de sus colegas. Tiene algunas relaciones -como con Marcelo Martínez de Giorgi, uno de los jueces que asumió junto con él-, pero es poco afecto a los programas sociales. “Es más bien huraño”, lo describió otro de los jueces.

Su nombre volvió a asociarse con el escándalo en 2018 cuando Carolina Pochetti, viuda del exsecretario privado de Néstor Kirchner Daniel Muñoz, declaró como arrepentida en la causa de los cuadernos de las coimas. Frente a los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, sostuvo que, a través de su exabogado, le pagaron a Rodríguez 10 millones de dólares para favorecerla. El juez negó todo enfáticamente. Sin embargo, la Cámara Federal lo apartó del caso.

El fiscal Stornelli le había pedido a Rodríguez que indagara, detuviera y congelara las cuentas de Pochetti, pero el juez decidió dejarla en libertad y rechazar el pedido del ministerio público.

Libre de cargos

En marzo del año pasado finalmente Rodríguez fue sobreseído por esas acusaciones. El juez Sebastián Casanello lo sobreseyó como consecuencia de un dictamen del fiscal Gerardo Pollicita, quien había asegurado que “ninguna de las declaraciones brindadas proporcionó algún dato concreto, objetivo y demostrable respecto de la supuesta entrega de dinero. Es decir, no se desprende ninguna referencia sustancial, precisa y comprobable respecto de dónde, cómo y cuando se efectuó el pago, ni tampoco acerca de dónde estuvo el dinero, quiénes participaron de la entrega y recepción”. Ni la UIF ni la AFI encontraron operaciones sospechosas del juez y su familia.

En el juzgado de Rodríguez se tramitó la causa sobre irregularidades en la mina de Río Turbio, expediente en el que en 2017 rechazó detener a Julio De Vido, pero la Cámara Federal le ordenó la detención y el pedido de desafuero cuando el exministro era diputado nacional. Al perder De Vido esa protección, Rodríguez lo procesó con prisión preventiva por una presunta administración fraudulenta de unos 176 millones de pesos.

Otros exfuncionarios kirchneristas procesados por Rodríguez fueron el exjefe de la Unidad de Información Financiera (UIF) José Sbattella por abuso de autoridad y violación de secretos en casos sobre al Grupo Clarín, y a la exprocuradora Angelina Abbona por abuso de autoridad y encubrimiento en un expediente sobre Aerolíneas Argentinas.

Hace dos años su desempeño volvió a ser fruto de controversias cuando sobreseyó a Carlos Liuzzi, hombre de confianza de Carlos Zannini durante la gestión cristinista, a quien se lo investigaba por enriquecimiento ilícito.

En 2020, procesó al exministro de Energía macrista Juan José Aranguren en una causa por negociaciones incompatibles con la función pública y a Laura Alonso, extitular de la Oficina Anticorrupción. La Cámara Federal revocó ambos procesamientos y les dictó la falta de mérito.

De bajísimo perfil, Rodríguez volvió a los primeros planos esta semana con su polémica resolución contra Santoro, en sintonía con las sucesivas denuncias judiciales motorizadas por el kirchnerismo contra el periodista de Clarín. Le enrostra haber participado en la extorsión al empresario Gabriel Traficante, cuando en realidad Santoro se comunicó con él para ofrecerle hacer su descargo antes de publicar una nota donde mencionaba su nombre, como corresponde en la más elemental práctica periodística.

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