Luis Petri insistió en involucrar a los militares en la lucha contra el narcotráfico, tras los dichos de Victoria Villarruel

El ministro de Defensa, Luis Petri, defendió la propuesta de modificar el artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior para darle mayor participación a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y le respondió a la vicepresidenta Victoria Villlarruel, quien manifestó su desacuerdo con la iniciativa y comparó el panorama en Rosario con la situación de la década de los 70. “No pueden combatir civiles, el narco es un civil para el derecho. En los 70 se combatió al terrorismo. ¿Dónde están los que lo combatieron? Presos”, sostuvo la titular del Senado.

“Respeto la opinión de la vice”, dijo el funcionario cuando le preguntaron por la opinión de la compañera de fórmula de Javier Milei. Sin embargo, aclaró que el escenario actual en relación con el de hace cinco décadas es distinto. “Es otro contexto”, remarcó.

En ese sentido, respaldó la iniciativa que presentó este jueves junto con su par de Seguridad, Patricia Bullrich, y remarcó que si bien lo que pretenden hacer es “modificar la ley” para que tengan un mayor poder de acción en la lucha contra el narcotráfico, “hoy las Fuerzas Armadas pueden intervenir en operaciones de seguridad interior ante dos supuestos”. “Uno es el apoyo con la intervención mínima, en transporte, ingeniería, logística, como el comité de crisis que se formó, y la otra es la intervención que no queremos, la que prevé el articulo de estado de sitio”, detalló y aclaró que en esas circunstancias hay “muchísimos inconvenientes porque supone el levantamiento de los derechos constitucionales, porque supone enviar a las Fuerzas sin procedimiento, porque la propia ley les impide prepararse y capacitarse para prevenir”.

“Las fuerzas armadas tienen que intervenir en un supuesto específico, que es en la hipótesis de terrorismo, que están definidas en el Código Penal. Hay que darle un marco jurídico para que no actúen con los ojos cerrados, sino que actúen en las mismas condiciones que las fuerzas de seguridad”, señaló el dirigente del radicalismo en declaraciones a TN

En esa línea, definió a los crímenes ocurridos en las últimas semanas en la ciudad santafesina como “actos narcoterroristas”, entre los que mencionó los asesinatos de los dos taxistas, el colectivero y el playero”.

En la argumentación de su negativa al proyecto, Villarruel destacó que -ante una eventual reforma de la norma- “los agentes del Estado tienen que tener en claro que en caso de repeler una acción armada de narcoterrorismo van a tener el respaldo del Estado”.

“Si vamos a modificar la ley también tienen que hacerse responsables aquellos que son funcionarios civiles y que dan la orden. El Estado, si da una orden, después se tiene que hacer cargo de la orden que dio. Lo hablé con el ministro Petri, pero él quiere que se modifique la ley”, dijo la vicepresidenta en la misma señal televisiva.

En ese aspecto, Petri afirmó que “hay vulnerabilidad -de ser responsabilizados y condenados- cuando no hay reglas”. En la década del 70, describió, “no había estado de derecho. “Hubo terrorismo y por eso existieron las condenas no solamente militares, sino a civiles, no tiene que ver con la calificación o con la profesión sino con que se cometieron delitos de lesa humanidad que están cuestionados por el Estatuto de Roma. Lo que vemos en rosario son actos terroristas”, reiteró.

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