Luis Majul: "Es el peor momento de Alberto Fernández"

El periodista Luis Majul arrancó su programa Mirá lo que te digo, emitido por LN+, con un fuerte editorial sobre Alberto Fernández y su gestión como presidente en el marco de la pandemia de coronavirus, la renuncia de Alejandro Vanoli como titular de la Anses, y el debate por la excarcelación de presos en el país.

A continuación, la desgrabación de sus principales conceptos:

• Este es, sin lugar a dudas, el peor momento del Presidente desde que empezó la pandemia. Acaba de echar de la Anses, por inoperante, al responsable máximo del viernes negro. El mismo que calculó a los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en menos de 4 millones de personas, pero que recibió pedidos por 11 millones, y rebotó más de un millón de solicitudes con argumentos desopilantes y ajenos a la verdad, según denunció Silvina Martínez, en La Cornisa, hace un par de domingos.
• Estamos hablando de Alejandro Vanoli. La misma persona que, antes de presentar su renuncia, ya había sido designado en el directorio de Edenor, con honorarios por un millón doscientos mil pesos por año, y con la obligación asistir a trabajar una vez cada tres meses. Alguien tendría que avisarle al Presidente que la sola renuncia de Vanoli no va a servir para solucionar el desbarajuste que hay en la base de datos de la Anses.
• Además, Alberto Fernández, para tirar la pelota afuera, acaba de echarle la culpa, de manera superficial e injusta, a los medios y las redes sociales, en general, por la enorme y compleja movida para mandar a miles de presos a sus casas. La movida empezó con la salida de la cárcel de Amado Boudou, decidida por el juez del Tribunal Federal Oral número 5, Daniel Obligado. El mismo juez que acaba de mandar a la casa al genocida Carlos Capdevila, un médico que ofició de partero en el centro clandestino de detención de la ESMA.
• El mismo juez, Obligado, que integra un tribunal que tramita la causa de Los Sauces y de Hotesur y que estaría tratando al abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, con la misma condescendencia con que Norberto Oyarbide trató en su momento al contador de los Kirchner, Víctor Manzanares. El mismo Manzanares que más tarde se arrepintió, se acogió al sistema de testigos protegidos, y huyó despavorido cuando Cristina Fernández confirmó a su exespía, Juan Martín Mena, como responsable de la organización que lo debía cuidar.
• El Presidente pudo haber detenido el tsunami de pedidos y otorgamientos de prisiones domiciliarias con una declaración escueta. Una declaración en repudio para el juez Obligado, quien decidió, sin ton ni son, mandar a su casa a Amado Boudou, condenado por querer robarse la máquina de hacer billetes, mentir sobre su verdadero domicilio, y ocultar la titularidad de un auto, para no tener que compartir su propiedad con su exmujer.
• Hoy, nuestro colega Alfredo Leuco recordó una declaración del propio Alberto Fernández, en a que aseguró, hablando, en ese momento, sobre Cristina: "haber bancado a Boudou es haberse animado a estatizar Ciccone para borrar pruebas". Fue en julio de 2016, pero las circunstancias sobre los delitos que cometió Boudou no cambiaron para nada.
• A partir de ese momento, en todos los penales de la Argentina, decenas de miles de detenidos se empezaron a preguntar: ¿por qué Boudou sí y yo no? Para quienes sostienen que un presidente no debe comentar los fallos de los jueces, habría que recordarles que Alberto Fernández, como candidato y como presidente también, no solo habló de diferentes sentencias y juicios en trámite. También criticó duramente, y con nombre y apellido, a jueces como el fallecido Claudio Bonadio y Julián Ercolini.
• Después de la domiciliaria de Boudou, como diría Mauricio Macri, "pasaron cosas". Muchas cosas. Su secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, pidió la domiciliaria para el corrupto confeso Ricardo Jaime, para Martín Báez, hijo de Lázaro Báez, lavador de dinero y exsocio de Néstor y Cristina Kirchner. Su segundo también pidió la libertad para Luis D´Elía, y otra condenada por corrupción, la ex intendenta de Perugorria, Angelina Lesieux, acusada de malversación de caudales públicos por haberse quedado con los millonarios fondos de un plan de viviendas que nunca llegaron a construirse.
• El Presidente, a Pietragalla, no lo terminó de desautorizar. Pero detrás de Pietragalla, vino el juez de la Casación Víctor Violini. Se trata del magistrado que firmó un papel para facilitar el traslado a su domicilio de 700 reclusos. Algunos de ellos tienen condenas por delitos graves, como violación, abuso y narcotráfico. Violini es el que, en su momento, logró un retuit de Cristina cuando opinó que la causa contra Moyano estaba armada.
• Y detrás o al lado de Violini, irrumpió Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial de la Memoria, o la "desmemoria". García es el que apareció en un audio agitando a los presos para lograr el mayor número de liberaciones posibles. Una irresponsabilidad. Es el que mandó en cana a Axel Kicillof, al revelar que, desde que asumió el gobernador logró disminuir la cantidad de detenidos de manera considerable, en una cifra cercana a los 2 mil.
• Y al lado de todos ellos están los fiscales y magistrados de Justicia Legítima, y un pedido oficial para lograr excarcelaciones que firman, entre otros, la ministra de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta.
• Pero siguieron pasando cosas: narcos, estafadores, abusadores y violadores volvieron a sus casas en San Miguel, según denunció el intendente, Jaime Méndez. El cura abusador Julio César Grassi, pidió su libertad inmediata. El asesino del hijo de Carolina Píparo aprovechó su permiso para usar celular y amenazó a la propia Carolina, por lo que no habría recibido ningún castigo adicional. En Misiones le aseguraron a un empresario que podía volver a su casa. Es el mismo empresario que está condenado por intento de violación o violación a sus dos hijos. En Esquel, un grupo de vecinos casi mata a un estafador que volvió a su casa, por ser considerado grupo de riesgo del coronavirus. En Parque Patricios, hace pocas horas, un preso violento fue autorizado a volver a su hogar. ¿Saben qué fue lo primero que hizo? Pegarle a sus sobrinos, por lo que lo detuvieron de inmediato, en las últimas horas.
• Mientras el Presidente paga los costos, sus socios políticos de La Cámpora siguen avanzando varios casilleros en el juego de la oca del poder. No sabemos si María Fernanda Raverta va a ser capaz de mejorar el desaguisado que dejó Vanoli en la Anses. Sí sabemos que pertenece a La Cámpora, que perdió las elecciones en Mar del Plata ante Guillermo Montenegro, que tuvo que dejar el ministerio de Desarrollo en la provincia, y que la acaba de reemplazar Andrés "Cuervo" Larroque, otro incondicional de Máximo y de Cristina.
• Es una buena noticia que la ministra de Justicia, Marcela Losardo haya declarado: "A mi no me gusta que los asesinos y violadores salgan a la calle". Lo que no podría asegurar es, como también afirmó Losardo, que no exista un plan de liberación masiva de los detenidos. Puede ser que ella no lo propicie. ¿Y su subordinado, Horacio Pietragalla? ¿Y los sellos y organizaciones sociales que la apoyan?
• Ayer, el Presidente, al echarle la culpa a los medios y periodistas, en general, emitió una señal de intolerancia que ya fue captada por la militancia kirchnerista. Así como un chico vino este mediodía a hacerme "una visita" a la puerta de la radio donde trabajo, CNN Argentina, los patoteros de siempre empezaron a acrecentar sus amenazas e intimidaciones contra otros colegas.
• La mayoría, por ahora, prefieren callar. Nosotros hacemos responsables a Cristina y sus muchachos por cualquier cosa que nos pueda pasar. Hay demasiado "loquito" suelto. No tenemos miedo. Y los aprietes nos vuelven más fuertes. Les sugiero que no insistan con las intimidaciones, porque les van a terminar explotando en la cara.

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