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- Hay algo que a Cristóbal López siempre le molestó y mucho, casi tanto como las causas judiciales que lo siguen atormentado. Lo que a Cristóbal siempre le molestó es que lo comparen con Lázaro Báez. Porque él siempre se sintió más. Mucho más. Pero ahora, a nueve meses del regreso del peronismo, Cristóbal López se está transformando en el nuevo Lázaro Báez de Alberto Fernández. Para que se entienda bien: es el nuevo favorito de la obra pública albertista.
- El domingo pasado, te mostramos cómo el gobierno de Chubut, en vez de dar prioridad a la educación, después de casi dos años sin clases, pidió la apertura de los casinos (de Cristóbal) y priorizó la construcción de un gigante polideportivo al que se lo presenta como el "Luna Park de Comodoro Rivadavia".
- También te informamos que la obra tiene un costo de 200 millones de pesos y le fue adjudicada a la CPC, la constructora perteneciente a Cristóbal López. Hoy te vamos a contar un escándalo mayor: el gobierno nacional acaba de autorizar a CPC, Sociedad Anónima, de Cristóbal López y Fabián de Sousa, que reinicie los trabajos de la ampliación de un acueducto, una mega-obra de la que había sido apartada por decisión judicial, a través de un dictamen que todavía está vigente.
- Además, el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) le terminó de asignar un presupuesto de más de 80 millones de pesos. Es increíble, pero real.
- Vamos de nuevo: López y De Sousa están procesados por haber cobrado sobreprecios y no haber terminado en tiempo y forma las obras de un acueducto que atraviesa parte de las provincias de Chubut y Santa Cruz. En 2018, las autoridades procedieron a rescindirles el contrato. Pero en julio de este año, el gobierno de Alberto Fernández, en medio de la pandemia, pasando por encima de la Justicia, revocó la decisión y le adjudicó a Cristóbal más fondos públicos para que la termine de hacer. Parece un chiste, pero es la pura verdad.
- Y lo que viene, parece otro chiste, pero también es cierto. ¿Adiviná en que instancia está la causa y quiénes deberían confirmar o desestimar, el procesamiento de Cristóbal López, De Sousa y otros? El expediente está en la Sala Uno de la Cámara Federal. Y quienes tienen que dictaminar son Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, los camaristas a los que Cristina Kirchner quiere sacar de sus cargos de manera urgente.
- Esta oscura historia comenzó en julio de 2013. En medio de la campaña electoral por las legislativas de ese año, la entonces presidenta Cristina Kirchner, anunció la reparación del "Acueducto Regional Lago Musters - Comodoro Rivadavia - Rada Tilly - Caleta Olivia, provincias de Chubut y Santa Cruz". La obra de ampliación se le adjudicó a CPC, de López, por 329 millones de pesos de la época.
- Ella, como no podía ser de otra manera, prometió que la obra estaría finalizada en un año. Pero dos años después, la obra no solo no se había terminado sino que los funcionarios del Estado aceptaron, de manera irregular, la introducción de una modificación al proyecto original. ¿Qué modificación? La construcción de una planta desalinizadora del agua del mar. A la obra que modificó el proyecto original se la adjudicaron también a CPC, de manera directa, sin licitación. Y con un costo extra y elevado: 83 millones de pesos de la época.
- Mauricio Macri asumió en diciembre de 2015. En 2017, con la obra a medio terminar, la Oficina Anticorrupción, a cargo de Laura Alonso, denunció a CPC por sobreprecios de más de 100 millones de pesos. A la denuncia, Alonso la hizo después de recibir los resultados de una auditoría del Ente de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y de Sindicatura General de Empresas (SIGEN).
- La auditoría determinó que: en algunos tramos del acueducto se cambiaron caños por otros de mayor densidad sin justificación técnica; esos cambios inconsultos e irregulares produjeron un sobrecosto de más de 46 millones de pesos de entonces; se construyó, de manera inconsulta, una nueva planta potabilizadora de agua de mar en Caleta Olivia, sin llamar a una licitación aparte. Además de esa decisión irregular, se registró un sobreprecio en esa obra específica de casi 54 millones de pesos. Según SIGEN, el ENHOSA pagó a CPC más de 13 millones de pesos de entonces, por obras incompletas, pero fueron certificadas como culminadas. También pagó un extra de más de 21 millones de pesos en materiales sin que se hubiera certificado el acopio.
- En marzo de 2018, cuando a CPC se le rescindió el contrato, a la obra la faltaba un 15% para ser terminada y entregada. En 2019, Claudio Bonadío procesó a Cristóbal López, a su hijo, Cristóbal Nazareno López, a Fabián de Sousa, a su hermano, Osvaldo De Sousa, y varios exfuncionarios, entre otros, el administrador de ENOHSA, Lucio Tamburo.
- Bonadío encontró responsables a López y a de Sousa del "delito de defraudación contra la administración pública" entre 2013 y 2017. También los embargó por 141 millones de pesos. Ahora, la causa sigue abierta, la tienen que resolver Bruglia y Bertuzzi.
- Por suerte, alguien le avisó a Silvina Martínez sobre este escándalo. Y ahora ella acaba de presentar una denuncia, ante los mismos camaristas, para evitar que le devuelvan a Cristóbal y De Sousa una obra que jamás terminaron y por la que cobraron sobreprecios. Tan valioso como la denuncia, es entender el contexto.
- Cristina no solo quiere apartar a Bruglia y a Bertuzzi porque ratificaron su procesamiento en la causa con más prueba de la Argentina, los cuadernos de la coimas. Además, porque con ellos fuera de la Cámara Federal, ella podría, por ejemplo, pasar por encima de la Justicia y transformar el procesamiento de sus socios económicos y políticos, Cristóbal López y Fabián de Sousa, en un nuevo negocio. Es decir: impunidad y millones, en una sola movida judicial.
- Por eso, es tan importante que los miembros de la Corte, cuando tengan que decidir sobre el destino de Bruglia y Bertuzzi, sean coherentes con lo que ya dictaminaron una vez: que el traslado de ambos a la Cámara Federal, donde hoy se encuentran, es legítimo y legal. Así lo entendieron Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, quienes en su momento firmaron la acordada.
- Y ya que estamos hablando de los miembros de la Corte. ¿Te acordás que el jueves pasado, te conté que el 16 de octubre de 2019, antes de las elecciones generales, hubo un encuentro secreto entre Alberto Fernández, Eduardo Wado de Pedro y un miembro de la Corte para hablar del quite de coparticipación a la Ciudad? ¿Te acordás que te dije que iba a esperar, a que el propio miembro de la Corte o De Pedro, me lo confirmaran para revelar quién es? Bien. Hice mi trabajo. Consulté a todos. Pero nadie me respondió.
- Igual, ratifico la información y agrego: el miembro de la Corte Suprema que cenó ese miércoles, junto con De Pedro y Alberto, un rico bife y un postre degustación de helados, de varias clases de chocolate es Juan Carlos Maqueda. Los tres se juntaron a cenar en el departamento, que hasta que asumió, habitaba Alberto en Puerto Madero. Los invitados llegaron después de las 21 y se fueron después de la medianoche. Allí, hace poco más de un año, se terminó de cocinar el operativo: "Hay que sacarle a Horacio la plata de la Ciudad para evitar que sea el próximo presidente". Esto quiere decir que el anuncio del miércoles pasado ya lo tenían pensado, elaborado, y probablemente, abrochado con parte de la Corte.
Por Luis Majul
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