Luis Caputo anunció que los municipios ya no podrán incluir impuestos y tasas en las facturas de servicios

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este martes que los municipios ya no podrán incluir impuestos y tasas en las facturas de servicios. Según explicó en una publicación en su cuenta de X, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía dispuso “que las facturas de servicios esenciales deben contener de forma única y exclusiva la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado por el consumidor”, sostuvo.

Además, el titular del Palacio de Hacienda adelantó que la resolución será publicada en el Boletín Oficial de este miércoles 11 de septiembre. Caputo acompañó el anticipo con una boleta del municipio de la costa bonaerense, en la que subraya varios cargos en la tarifa de luz que no tienen que ver con el servicio contratado, como aportes a los Bomberos Voluntarios, la Tasa de Seguridad e Higiene, entre otras cosas.

Economía acusa a los municipios de encarecer los servicios tanto de energía como de agua y gas a través de estos recargos que no están relacionados de manera directa con lo que los clientes están pagando.

La resolución será la 2024-267, y fue tenida en cuenta por el ministro “ante reiteradas denuncias públicas sobre municipios que incluyen tasas locales en la facturación de servicios esenciales tales como la luz y el gas”.

Otra de las polémicas en las últimas semanas, que no se sabe aún si será alcanzada por esta resolución de Caputo porque no se trata de un servicio esencial, gira en torno al cobro al que apelan varios municipios del Conurbano, que aplican una “tasa vial” (además de la de seguridad e higiene) sobre los combustibles que se venden en las estaciones de servicio.

Sin embargo, a la tasa vial por combustible se le suman tasas municipales como obras sanitarias, Tasa de Servicio por Seguridad e Higiene (TISH), cuotas sociales, entre otros conceptos. “A modo de ejemplo, ver esta factura de luz, donde lo remarcado en verde ya no podrá facturarse como parte del servicio”, indicó Caputo y mostro una factura de Clyfema, la cooperativa que abastece de luz eléctrica y desagües cloacales a Mar de Ajó. El detalle se puede ver dentro del círculo que señaló el ministro como “liquidación de servicios públicos”.

Allí se mencionan los cargos como Obras Sanitarias; Tasa por Inspección de Higiene de General Lavalle; Ordenanza Nro. 4397 del Municipio de la Costa -incluyen tasas, derechos y gravámenes que deben afrontar los contribuyentes-; Bonificación a socios de Obras Sanitarias; Cuota social; Bomberos voluntarios; Tasa por Servicios Generales por el inmueble de la Asociación Cooperadora Unidad Hospitalaria de Mar de Ajó y el 21% del IVA por obras sanitarias y otros.

A la publicación de Caputo le llegó el apoyo del ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, quien afirmó en la misma red social: “El gasto público provincial y municipal creció tanto en los últimos años porque sus impuestos y tasas se ocultaron en facturas o como un impuesto más. La transparencia fiscal ayudará a generar mayor conciencia fiscal y a bajar el gasto”.

La medida fue celebrada también por el vocero presidencial Manuel Adorni, que escribió en la plataforma: “Las provincias y los municipios ya no van a poder incluir impuestos ni tasas locales en las facturas de servicios. Fin”. Martín Menen, titular de la Cámara baja, fue un tanto más escueto: “¡Brillante!”. “Esto es importantísimo. Había facturas de luz que la mitad eran tasas municipales e impuestos. Una locura!”, celebró asimismo el diputado del Pro cercano a Patricia Bullrich, Damián Arabia.

Reparos

El planteo de Caputo podría ser de aplicación “parcial” en prácticamente todo el país, porque son las provincias las que regulan las prestaciones de servicios como luz y agua, aunque en el caso del gas natural dependen del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Además, muchas de esas empresas son de propiedad provincial.

Al respecto, el constitucionalista Antonio María Hernández, director del Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba y asesor de la Federación Argentina de Municipios, plantea que la decisión anunciada por el ministro Caputo es “groseramente inconstitucional”. Explica que la Argentina tiene un orden federal, después de la reforma constitucional de 1994, que incluye el Estado federal, provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios autónomos. “El artículo 123 de la Constitución consagra la autonomía en cinco aspectos: uno es el financiero, lo que significa la posibilidad de percibir tasas y contribuciones o lo que técnicamente se denominan impuestos –precisa Hernández–. Por eso la afirmación del ministro implica lisa y llanamente desconocer la Constitución en ese artículo y concordantes”.

Plantea que los municipios cobran tasas sobre los servicios públicos porque llegan a “acuerdos” con las provincias. Advierte que hay jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia respecto de que las tasas municipales deben conllevar la “contraprestación de un servicio”. Hernández admite que hay “excesos” y que, en esos casos, se debe acudir a la Justicia.

Consultados por LA NACION sobre la resolución anunciada por Caputo, funcionarios de tres provincias coincidieron en que habrá que ver primero los detalles de esa resolución, pero ratificaron que la regulación de los servicios de electricidad y agua está a cargo de las provincias o de los municipios, por lo que la Nación “no tiene injerencia” en las decisiones.

En el caso de Santa Fe, por ejemplo, ni siquiera adhirió plenamente a la ley del marco regulatorio eléctrico nacional. “A lo sumo, el ministro podría sugerir que se adhieran a lo dispuesto en la resolución, pero no por esa vía modificar leyes provinciales u ordenanzas”, sostuvo el titular de un ente regulador provincial.

“El asunto es complicado –expresó a LA NACION el vicepresidente de Cadam, Armando Farina–, porque el presidente Menem les dio autonomía a los municipios, pero por ahí se puede evitar que recauden a través de una factura de servicios”.

Federico Sturzenegger dijo el viernes pasado, al disertar en el IAEF, que la idea de cederles a los municipios la potestad de cobrar las tasas ahora cuestionadas había sido instrumentada por Domingo Cavallo en los 90 “tras un consenso entre los economistas en la década para armar ese sistema que había funcionado, pero con un efecto colateral peor que fue el aumento del gasto público”.

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