Luego del retiro del embajador de Nicaragua, el Gobierno asegura que la relación con Ortega “seguirá congelada”

La decisión del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de llamar ayer a consultas a su embajador en Buenos Aires, Orlando Gómez, no sorprendió al gobierno de Alberto Fernández. “Nos avisaron, pero es una decisión de ellos, no nuestra”, afirmaron a La Nación desde la cancillería argentina, horas después de recibir la nota formal de la diplomacia nicaragüense, que decidió responder con la misma herramienta la decisión del Gobierno de retirar a su embajador, Mateo Daniel Capitanich, tomada a fines de junio pasado.

El aviso informal y la nota, por la cual el gobierno sandinista mostró su desagrado por la política “injerencista” de países como Argentina, México, Colombia y Costa Rica, llega en un contexto de deterioro en el vínculo bilateral, atravesado por la persecución y encarcelamiento de al menos ocho candidatos opositores en las elecciones presidenciales que Nicaragua celebrará en noviembre, con Ortega y su mujer y vicepresidenta Rosario Murillo, como amplios favoritos para extender el dominio que ostentan desde 2007.

En el Gobierno se mostraron perplejos, eso sí, por la virulencia con la que Murillo explicó la medida. “Cumplieron deberes que nadie más les asignó, violaron abiertamente el derecho internacional y los derechos humanos y se convirtieron en vergonzosos seguidores de las fuerzas coloniales, imperialistas y destructivas”, dijo Murillo en referencia a Argentina, México y Colombia (que habían llamado a sus embajadores) y Costa Rica, que demoró la asunción de su nuevo embajador en Managua.

La semana pasada, y tal como anticipó La Nación, el Gobierno dejó en claro que las relaciones con Ortega-criticado duramente por Estados Unidos y la UE por la represión a opositores y disidentes-quedaban congeladas hasta nuevo aviso. “Esta decisión la tomaron ellos. Nosotros no vamos a mover nada si allí la situación no cambia. Y no hay señales en ese sentido”, explicaron cerca del canciller Felipe Solá.

En otra muestra de esas diferencias, el Presidente retuiteó días atrás un fragmento de una entrevista al expresidente brasileño Luis Inacio Lula da Silva, en la que recomienda “a Ortega o cualquier gobernante” que “no se sienta insustituible o imprescindible” porque eso trae “un poco de dictadura” en aquel país.

El distanciamiento pone puntos suspensivos sobre la gestión del embajador Capitanich, quien hasta su llamado a consultas intensificaba las gestiones con dirigentes nicaragüenses y gobernadores del norte argentino con vistas a mejorar el intercambio comercial con el pequeño y convulsionado país centroamericano. “Hay que cuidar a los nicaragüenses, los actores terminan complicando a los pueblos”, afirmó una fuente diplomática con conocimiento de la realidad en Nicaragua.

La relación con Nicaragua se inscribe, no obstante, en el vínculo que Argentina pretende sostener con ese país, Venezuela y Cuba, fuertemente criticados por Estados Unidos. Ayer, en un diálogo con periodistas de Argentina y Brasil, el asesor para América latina del gobierno norteamericano, Juan González, calificó de “no democráticos” a esos tres gobiernos, y verbalizó su “preocupación” porque “Nicaragua transita un preocupante camino hacia el autoritarismo de cara a las elecciones de noviembre”. En el Gobierno leyeron con agrado otra declaración de González, quien reiteró durante el mismo encuentro que “Argentina es un país que puede hablar con los gobiernos de izquierda y de derecha, cumpliendo un importante rol en defensa de la democracia” en la región.

De todos modos, desde la oposición cuestionan como “tibia” la reacción del Gobierno ante las innumerables denuncias de violaciones a los derechos humanos que recaen sobre el gobierno de Ortega. Toman en cuenta la abstención de Argentina en la reciente condena a la represión del gobierno de Miguel Díaz Canel a las protestas en Cuba, o la resistencia a marcar distancias con el régimen chavista de Nicolás Maduro. “El Gobierno no tiene una posición clara. Ni el Presidente, ni su vice, ni el canciller han condenado las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua”, expresó a La Nación Paula Bertol, embajadora en la OEA durante la gestión de Cambiemos. “Y además, el llamado a consultas al embajador Capitanich puede ser una cortina de humo, si es que sigue cobrando su sueldo estando en Argentina”, agregó la ex funcionaria y dirigente macrista.