Los vínculos con el peronismo de los jueces que promovieron el jury a la fiscal que investigó por corrupción a Sergio Urribarri
Tres de los seis miembros del tribunal integran la Corte entrerriana y tienen estrechos vínculos con el oficialismo provincial
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LA NACION
De los seis miembros del Tribunal de Enjuiciamiento que votaron a favor de iniciar un jury contra la fiscal Anticorrupción de Entre Ríos Cecilia Goyeneche, quien investigó el exgobernador Sergio Urribarri, tres son miembros del Tribunal Superior de Justicia provincial, de fuertes vinculaciones con el poder político entrerriano: Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Martín Carbonell.
Daniel Carubia fue nombrado en 1988 por el exgobernador Jorge Busti, fallecido en 2021, con quien compartía una relación estrecha: fueron socios en un estudio jurídico en Concordia. Carubia lleva más de 30 años como juez del TSJ. Según reconstruyó LA NACION, tuvo mucha influencia en la sala penal de Entre Ríos y se considera a sí mismo de la corriente garantista del derecho penal.
Fuentes que litigaron en los tribunales de Entre Ríos dijeron a este medio que en los últimos años su imagen fue deteriorada por algunos fallos resonantes que firmó. Uno de ellos fue en la causa penal contra el sacerdote Justo José Ilarraz, acusado por corrupción de menores agravada, en la que, en disidencia con sus dos colegas, Carubia votó por avalar el pedido de prescripción de la causa. Además incluyó en su fallo argumentos en defensa del cura abusador y tildó de “tendenciosas” a las denuncias, según reconstruyó LA NACION. En un sentido similar, se pronunció en contra de iniciarle un jury al juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú Carlos Rossi, quien liberó antes de tiempo al asesino de Micaela García, pese a informes negativos que tenía el detenido en ese entonces.
Otro de los fallos cuestionados que firmó Carubia fue cuando liberó a Juan Pablo Aguilera, el cuñado de Urribarri, también involucrado en el caso conocido como “contratos truchos”.
Claudia Mizawak fue abogada del exgobernador Busti y también de Urribarri en una causa por corrupción. Mientras él era vicegobernador y Busti era mandatario provincial, ella fue designada fiscal de Estado.
En 2007 fue designada vocal del TSJ provincial, propuesta por Busti, y desde entonces lo presidió dos veces. Su relación con Urribarri la llevó a excusarse de intervenir en más de un expediente que lo involucró, pero no así en la causa de la fiscal Goyeneche, en cuyo caso Mizawak votó a favor de suspenderla y enjuiciarla.
Mientras Mizawak era presidenta del máximo tribunal provincial, enfrentó un pedido de juicio político que presentaron diputados de Cambiemos, quienes le endilgaban haber cobrado más de 4 millones de pesos en una cuenta sueldo del Poder Judicial en concepto de “gastos reservados”. Fueron los nueve miembros del TSJ quienes cobraron gastos reservados en la provincia gracias a un acuerdo con el Poder Ejecutivo. La denuncia contra Mizawak nunca prosperó, ya que el oficialismo provincial firmó un dictamen para cerrar el expediente. Está casada con un funcionario afín al oficialismo, Raúl Arroyo, exsecretario de Energía de Entre Ríos.
En el caso de Martín Carbonell, actual vicepresidente del TSJ -la presidenta es Susana Medina-, fue cuestionado por su falta de idoneidad para el cargo. La presentación la formularon un grupo de abogados de Paraná cuando Carbonell fue postulado por Bordet: adujeron ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores de Entre Ríos que su postulación se debía a una relación de amistad con el entonces gobernador. Señalaban, además, datos de su currículum vitae, referidos a que tenía formación como juez penal y no para juez civil.
A 15 días de sentarse en el banquillo de los acusados, la fiscal Goyeneche insistió en que el juicio en contra suya es un proceso “realizado de manera amañada e ilegal”. “Decidieron que yo no tenía derecho a que se aplicara el procedimiento preestablecido. Se han realizado todas las infracciones posibles dentro del procedimiento, porque entiendo que no hay ningún tipo de imparcialidad en el tribunal que me va a juzgar. Están buscando la destitución y es lo que probablemente pase”, aseguró.
El tribunal de enjuiciamiento que promovió su juicio ya cambió su integración: Mizawak ya no está dentro de la composición pero sí la nueva vocal del TSJ, Gisela Nerea Schumacher. Su esposo es el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, de fuerte identificación peronista.
LA NACION
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