A continuación, la desgrabación de sus principales conceptos:
- ¿Qué pasará con los testigos protegidos tras la derogación del decreto firmado por el expresidente Mauricio Macri, por parte del presidente Alberto Fernández, dejándolos así bajo la órbita del Poder Ejecutivo? ¿Qué pasará con los que declararon contra funcionarios kirchneristas o protagonistas del kirchnerismo, que ahora estarían siendo protegidos por los propios kirchneristas? ¿Cuán serio e institucional será este programa, como para que pueda resguardar a quienes tiene que proteger?
- El Programa de Protección de Testigos lleva más de 16 años. Luego cambia sobre el final del gobierno de Macri (concretamente, en noviembre de 2019, con Macri ya derrotado) a través de un DNU, y estos testigos quedan bajo la órbita del Poder Judicial. Este fue el decreto derogado.
- Hay en total unos 230 testigos protegidos y la mayor cantidad (unos 160) son testigos protegidos que declararon en causas de lesa humanidad. Luego están los testigos en causas de narcotráfico y trata de personas. Finalmente, los que fueron incluidos por causas de corrupción. Estuvo en el programa Leonardo Fariña (ya no está), Manzanares, Claudio Uberti, Alejandro Vandenbroele, entre otros.
- Vandenbroele es un caso de uno que confesó, cruzó el río, y terminó ahora en el problema de que lo van a proteger aquellos a quienes expuso. Él está hoy dentro de este programa, en la segunda fase. Declaró primero en el "caso Ciccone uno" (juicio oral donde termina condenado Amado Boudou). Mañana comunicará oficialmente que abandona el Programa y está decidido a presentarse ante la CIDH para denunciar una situación de "indefensión y abandono del Estado".
- Aclaración: es falso que Vandenbroele haya sido decisivo para la condena de Boudou. A Vandenbroele se lo acusa de confesar porque le pagó el gobierno de Macri, porque esa confesión era fundamental para condenar a Boudou.
- Esto es falso porque Boudou había sido procesado en primera y segunda instancia, había sido elevado a juicio oral, y ya había incluso testigos que terminaron contando lo que sabían. Por ejemplo: Guillermo Reinwick, yerno de Nicolás Ciccone. Otro: Guillermo Gabella, directivo de la empresa Boldt, que dijo que se reunió con Nuñez Carmona, socio de Boudou, y contó lo que le dijo.
- Donde sí es importante la confesión de Alejandro Vandenbroele es en el "caso Ciccone dos". Este es el que intenta determinar quién fue el financista de este desembarco del equipo de Boudou en Ciccone. El punto era, según la Justicia: para poner en marcha "la máquina" y ganar fortunas se necesitaba una inversión. ¿Quién puso ese dinero? Alejandro Vandenbroele confiesa, dice que el que le puso dinero, el que estaba detrás de esto, fue el dueño del banco Macro, Jorge Britto. En ese caso podría ser relevante (para la Justicia no lo fue), pero no para la condena de Boudou.
- ¿Cómo funciona el Programa de Protección de Testigos? Una vez que uno se acoge al sistema, se le asigna custodia, se le retira de su domicilio y no puede volver a trabajar. Por eso, por ley está prevista una asignación remunerativa mensual. Esa asignación dura por seis meses, la primera fase del programa, la considerada más complicada porque es la más reciente a la declaración, donde a los que expusiste te van a querer matar literalmente.
- Una segunda fase es cuando se estima que la etapa de mayor peligro ya pasó, después de esos seis meses. Se disuelve eventualmente la custodia, te dan un número de teléfono, y hasta uno tiene un "botón antipánico", pero no es tan severa la protección. A su vez, se establece que ya no se paga la asignación mensual. Se paga una "asignación para la reinserción".
Conforme a los criterios de
Otras noticias de Hoy
Más leídas de Política
La reacción de la vice. Sorpresa y conmoción de Villarruel por las críticas de Milei
Negociación caliente. La kirchnerista Lucía Corpacci sumó su firma al pliego de Lijo y el juez está un paso más cerca de la Corte
"Así son los zurdos". Maduro volvió a insultar a Milei, lo acusó de desfinanciar a las universidades y el Presidente le respondió
Caso Chocolate. El Senado bonaerense se resiste a entregar a la Justicia a una legisladora acusada de corrupción