Los temores sindicales en medio de la crisis

La industria de la construcción es uno de los sectores que mostraron algún leve repunte y recuperaron índices de la prepandemia en gran parte por la reactivación de la obra pública. Gerardo Martínez acordó el lunes pasado un aumento salarial anual del 47,8%. Es hasta hoy una de las paritarias más altas. Tal vez mañana ya no lo sea. El jefe de la Uocra evitó mostrar el trato como un logro. El mismo día del apretón de manos con los empresarios escuchó de boca de los economistas Diego Bossio y Martín Rapetti que la inflación rondaría el 50%. La Uocra, como casi todos los sindicatos, encadena al menos cinco años de pérdida del poder adquisitivo.

Los gremios no desconocen los riesgos inflacionarios de un plan que solo aparenta sostenerse con emisión monetaria. Mantienen por ahora en silencio los pies dentro del plato porque desde el Gobierno se dispuso la reapertura generalizada de las paritarias con calculada intención electoral. Nadie en la CGT se anima a proyectar qué sucederá después de las elecciones legislativas. Sin diálogo con el ministro Martín Guzmán, los sindicalistas invitaron a un almuerzo a Bossio y Rapetti para tener un escenario más certero. No se dio por hecho que habría una mayor devaluación del peso aunque coincidieron en que la suerte del país estará atada a la negociación con el Fondo Monetario Internacional.

Es improbable imaginar en el medio del vértigo doméstico, con la pandemia y el calendario electoral encima, cómo y cuándo se alcanzaría finalmente el acuerdo con el FMI. ¿Podrá Guzmán avanzar con su plan de estabilización con baja de déficit, fin de programas asistenciales y reformas previsionales y laborales? Se trata todo de recortes y debates que ningún oficialismo quisiera tratar con la campaña en curso.

Cada vez más incómodo en el Frente de Todos, Facundo Moyano recorre despachos oficiales y sindicales con su tablet bajo el brazo para mostrar con asombro cómo el empleo registrado en el sector privado está congelado desde hace más de cuatro décadas a pesar del crecimiento demográfico. Planteó sin éxito un debate interno sobre la ley de contrato de trabajo. “El 50% de los trabajadores no está amparado en esa ley porque está en la informalidad”, argumentó. Empuja una discusión sobre el modelo laboral. Una de sus últimas señales fue haber avalado indirectamente la reciente iniciativa que surgió desde un sector de la Unión Industrial Argentina, que, a través del empresario Teddy Karagozian, lanzó un plan para modificar el régimen de indemnizaciones. El zapato les aprieta a los gigantes. Pero también a los más pequeños. Un planteo de corregir urgente el régimen laboral e impositivo surge también desde las agrupaciones que reúnen a las pymes.

Desde hace rato que los sindicalistas saben que la torta laboral se les achica. El avance tecnológico impuso una reconversión sin precedentes en casi todos los rubros. Con la venia del Gobierno, el bancario Sergio Palazzo fue uno de los que ya pusieron la guardia en alto al advertir que la “digitalización del dinero” generó numerosas bajas. Considera que se impuso casi como regla en el sector que no se repone más personal porque se cubre con tecnología. Esa es la raíz de la pulseada que pretende dar por la representación de unos 8000 trabajadores que se desempeñarían en el sistema financiero tecnológico y que considera que deberían estar encuadrados en su gremio. La pulseada central es con Mercado Pago, de Marcos Galperin.

Palazzo no solo será este año candidato a diputado nacional por el oficialismo. Revalidará su poder en octubre en su gremio. En el nuevo consejo directivo habrá una secretaría especial, que se dedicará a la regulación del sistema financiero tecnológico. Como es necesario modificar el estatuto interno, el primer paso se dará en versión de “departamento”, donde confluirán gremialistas, abogados laboralistas y especialistas en tecnología. Es a veces una pelea contra un fantasma, ironizan en el gremio bancario.

La pandemia también modificó hábitos en la actividad gremial. Con la flexibilización de las medidas sanitarias, el Gobierno habilitó a partir del mes actual la reanudación de las tareas presenciales en los sindicatos. Los jefes necesitan revalidar su poderío en asambleas, elecciones y hasta en la calle, colonizadas hoy por piqueteros y desocupados que ocasionalmente dejan en evidencia la pasividad sindical.

Sin datos fehacientes, por tratarse de relaciones no registradas, se estima que en la Argentina cuatro de cada diez trabajadores están en la informalidad. Según datos de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, habría unos 7.000.000 de personas con empleo en negro. La cifra, de ser cierta, superaría a la de los asalariados formales del sector privado, que está apenas por encima de los 6.000.000, según cifras oficiales. Estos números ponen en alerta también a la CGT, que evalúa incorporar a su mesa a partir del año próximo a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el gremio de los empleados informales reconocido por el Gobierno y que, con 2.500.000 de afiliados, amenaza con superar en inscripciones al Sindicato de Comercio, el más numeroso del sector privado, que tiene 1.200.000.

Entre septiembre y diciembre habrá una avalancha de elecciones internas que definirán las conducciones de gremios importantes. Habrá recambio en Sanidad, la UOM, Alimentación, petroleros, entre otros. También en la CGT.

La renovación en la CGT

La renovación de autoridades en la CGT será entre octubre y noviembre. Sin un candidato único que reúna consensos, es probable que se repita una conducción en versión de triunvirato, aunque con una salvedad: hay un deseo de aparentar cierto aggiornamiento e intentar cumplir con el cupo femenino. Incluso, hasta no se descarta que una de las tres sillas de la conducción se ocupe por una mujer, como sucedió con Susana Rueda en 2003, cuando integró la cúpula con José Luis Lingeri y Hugo Moyano. Al año siguiente, el poder absoluto recayó en el camionero.

En este ajedrez resurgen las tensiones con el kirchnerismo. La vicepresidenta les hizo la cruz a varios históricos y una muestra de esa decisión fue el ninguneo en las listas de candidatos a diputado nacional del Frente de Todos. Solo hubo lugar de privilegio para cuatro sindicalistas: Palazzo, Vanesa Siley, Hugo Yasky y Walter Correa. Ninguno de ellos integra hoy la central obrera ni comulgan con el liderazgo compartido de Héctor Daer y Carlos Acuña.

El mismo ninguneo que percibe la CGT lo siente Moyano. El camionero había hecho gestiones para que su hijo Huguito fuera considerado como candidato a legislador provincial en Buenos Aires. También pidió por Damián Comas, un dirigente de su gremio del partido de La Costa. Ambos habrían sido vetados desde el Instituto Patria, barruntan en el moyanismo. El jefe camionero duda de hacer público su malestar. La falta de diálogo con el poder fue el principio del quiebre con Cristina, hace diez años.

En la futura CGT, la vicepresidenta imagina a Palazzo en el timón. ¿Un radical al frente en un bastión del peronismo? No sería ilógico por cómo están hoy las conversaciones. Otra pieza que el kirchnerismo busca mover es la de la camporista Siley, número dos del Sindicato de Trabajadores de la Justicia (Sitraju), un gremio alternativo con simple inscripción que nació a partir de una división con Julio Piumato. Siley preside la comisión de Legislación del Trabajo en Diputados y es miembro del Consejo de la Magistratura. Su proyección abre otro conflicto: el Sitraju no cuenta con personería gremial en todo el país, lo que lo inhabilitaría de integrar la CGT. No es nada que no se pueda resolver con un trámite exprés en el Ministerio de Trabajo. En la CGT evalúan otro nombre si es que resuelven llevar a una mujer en la cúpula: se trata de Maia Volcovinsky, dirigente de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación surgida bajo el ala de Piumato, el rival gremial de Siley, la favorita de Cristina para neutralizar Azopardo.

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