Los sorpresivos vínculos con la política y el poder detrás de la empresa investigada por las facturas truchas del Polo Obrero

La investigación por el uso de facturas truchas por parte del Polo Obrero, que hizo foco en el uso de fondos de los subsidios del Estado, amenaza con destapar una trama más amplia de lavado de dinero, con nexos en la política y figuras acusadas de corrupción. La empresa Coxtex, una de las empresas que emitió las facturas apócrifas firmadas por Eduardo Belliboni, muestra vínculos sospechosos con abogados y escribanos vinculados a la política, según una investigación de LA NACION.

Coxtex, que es una sociedad fantasma de acuerdo al expediente que tramita en el juzgado de Sebastián Casanello, operó con el Polo Obrero, que la habría contratado al menos dos veces, por cerca de $5millones. Sin embargo, los nuevos datos demuestran que no solo actuó con el Polo Obrero. Al momento en que facturó para la Cooperativa de Trabajo El Resplandor Limitada (del Polo Obrero), Coxtex ya había emitido otras 535 facturas. Un enorme volumen que demuestra que su actividad iba mucho más allá que el grupo piquetero de izquierda. Meses antes, esas otras facturas habían hecho sonar alarmas en la AFIP, pero nunca fueron atendidas, ni el CUIT fue suspendido. LA NACION confirmó que el organismo recaudador ya tenía información de la firma sospechosa en 2020.

Coxtex SA fue fundada por Luis Alexander Pichuaga, una persona que fue encontrada en su domicilio, en un operativo policial, en una vivienda descripta como precaria y en situación de pobreza. Al ser consultado, Pichuaga desconoció su participación en la sociedad. Los investigadores sospechan que fue un “prestanombres” de otras figuras más poderosas. Lo llamativo es que su identidad, y la de quien sería su esposa, figuran en la constitución de por lo menos otras tres sociedades, entre las que están VSP Consulting, Ciraco Shoes y Recinsur SA. Todas estas firmas fueron creadas a fines de 2020 (Coxtex y VSP Consulting fueron fundadas el mismo día), y están bajo la sospecha de la AFIP.

Pichuaga figura, además, contratado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, específicamente la Subsecretaría de Gobierno. La última designación publicada fue el 23 de marzo del año pasado, aunque hay contrataciones hechas previamente, como planta de gabinete.

Los domicilios fiscales de estas empresas, sorpresivamente, llevan a otras personas relacionadas con casos de facturas apócrifas y con vínculos con la política. Es una verdadera caja de Pandora.

VSP Consulting, una empresa de publicidad también apuntada por la AFIP por irregularidades, tiene domicilio fiscal, actualizado al 10 de enero del año pasado, en Guardia Nacional 1221, según las bases de datos de la agencia de recaudación. Detrás de ese domicilio aparece un nombre muy sugestivo.

Esa dirección, que es una casa pequeña tipo PH en la zona sur de la ciudad, es la misma que tiene declarada como domicilio fiscal Franco Bindi, un abogado asociado a los servicios de inteligencia y al kirchnerismo. También defendió a denunciados por lavado de activos como Leonardo Fariña, en una parte de la causa de la “Ruta del dinero K”. Y tiene relación con gobiernos extranjeros como Venezuela (a través de la petrolera PDVSA) y con personajes involucrados la investigación por el Pacto con Irán. LA NACION se contactó con Bindi, quien explicó que tiene ese domicilio ante la AFIP porque correspondía al de su contador, Eduardo Corrado, que falleció.

En las últimas semanas, Bindi fue noticia por dos motivos. Primero, porque despidieron a todos los empleados de su canal de televisión, Extra TV, que habría sido vendido en tiempo récord a un empresario paquistaní. Segundo, por su misteriosa aparición en una reunión de Comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados relativa a la confirmación de Marcela Pagano como presidente, lo que finalmente no ocurrió. Fuentes de La Libertad Avanza aseguraron a LA NACION que las sospechas generadas por la presencia de Bindi y sus posibles vínculos con la legisladora libertaria terminaron por sellar el quiebre de confianza con el bloque y la Casa Rosada.

Otros vínculos en torno a los domicilios que se destaparon con el caso del Polo Obrero llevan a “facilitadores profesionales”. De acuerdo a la investigación judicial al momento, se encontraron relaciones con un grupo de escribanos asociados a Lázaro Báez (a quien Bindi también defendió) y Ricardo Jaime, ambos condenados por lavado de activos por maniobras similares a las que se evidencian con este grupo de empresas. Las constituciones de las sociedades a nombre de Pichuaga fueron hechas por Lucía Agundez, abogada, y Gabriela Anahí Rivero.

También comparte domicilio en Guardia Nacional 1221 (como una de sus direcciones alternativas ante la AFIP), Norman Próspero, un contador procesado en la causa de Generación Zoe, la organización liderada por Leonardo Cositorto (en prisión). Las vinculaciones sospechosas se reproducen como hongos en torno a estos domicilios.

El edificio del domicilio fiscal de Coxtex SA (Av. Montes de Oca 242), la empresa que le facturaba al Polo Obrero, también arroja dudas porque allí vivió durante unos meses, según pudo constatar LA NACION, un importante dirigente social y exfuncionario del gobierno de Alberto Fernández.

Los investigadores judiciales que dieron con las empresas sospechadas de ser usinas de facturas truchas para la política siguen descubriendo vínculos que los convencen de enfrentarse a una red que va más allá de los usos que le dio el Polo Obrero. Y prometen más revelaciones.

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