Asume Martín Soria: los siete desafíos del nuevo ministro para reformar la Justicia como pretende el Gobierno

Martín Soria jurará hoy como ministro de Justicia y se enfrenta a un escenario complicado para ofrecer los cambios que espera el Gobierno con su designación. Los conflictos del oficialismo en la Justicia se desarrollan en simultáneo en al menos siete campos de batalla, donde es difícil que obtenga alguna victoria, más allá de las arengas discursivas que buscan meter miedo en los actores del sistema judicial. A falta de mayorías para cambiar el marco normativo, busca forzar renuncias o procesos administrativos para abrir vacantes en distintos tribunales y nombrar jueces que le sean más afines, pero no cuenta con los votos para designarlos. Los jueces –incluso los más afines al Gobierno- resisten los embates que buscan amenazar sus jubilaciones y ampliar la cantidad de magistrados que deben pagar el impuesto a las ganancias, dos básicos intocables del Poder Judicial.

1. Senado: es el mundo de Cristina Kirchner. El oficialismo controla dos comisiones clave para la Justicia: la de implementación del nuevo Código Procesal Penal y la de Seguimiento del Ministerio Público Fiscal. En esta última el Gobierno estuvo activo y buscó modificar el jurado de enjuiciamiento de los fiscales. Quiere forzar la renuncia de la abogada Adriana Donato para cambiar las mayorías y someter a juicio político al fiscal Carlos Stornelli y, eventualmente, al procurador interino Eduardo Casal. No lo logra y por ahora pide informes, en una estrategia que busca desgastar a Donato y limar a Casal y Stornelli. El fiscal del caso de los cuadernos de las coimas se vio favorecido la última semana con un fallo de la Cámara Federal que desarchivó la causa por la denominada “Operación Puf”, donde se investiga una maniobra para desacreditarlo y anular el caso de los cuadernos. No cesa el intento: un abogado fue tentado por emisarios del oficialismo para declarar contra el fiscal en el caso de los cuadernos y buscar anular la declaración de los arrepentidos, pero no tuvieron éxito.

2. Diputados: en la Cámara baja están empantanados los dos proyectos con los que el Gobierno quiere hacer las modificaciones más profundas en la justicia federal: la reforma a la ley de Ministerio Público, que cambia las mayorías para elegir procurador, y la reforma judicial, que licúa el poder de los jueces de Comodoro Py 2002. Ambas fueron sancionadas en el Senado y no hay votos suficientes en Diputados. Soria se propuso reunirlos, pero sus declaraciones altisonantes alejaron a los diputados en lugar de acercarlos a la ley. Por ahora las iniciativas están congeladas y la oposición endureció sus posiciones y no quiere saber nada con discutir estos proyectos.

3. Consejo de la Magistratura: la llegada de Soria y el endurecimiento de la oposición hizo que se rompiera el pacto entre un sector de los jueces y algunos consejeros de Cambiemos para que el oficialismo alcanzara los dos tercios de los votos que se necesitan tanto para iniciar un juicio político y remover jueces, como para nombrarlos. La falta de acuerdos paraliza nuevamente al Consejo de la Magistratura. El oficialismo, con el apoyo de Graciela Camaño, tiene una mayoría que le permite a lo sumo avanzar con sanciones disciplinarias, pero no con la remoción de los magistrados. Hay tres denuncias contra otros tantos jueces de la Casación Penal que se activaron esta semana: una contra el presidente del tribunal, Gustavo Hornos, por visitar a Mauricio Macri cuando era presidente en la Casa Rosada; otra contra su colega Juan Carlos Gemignani, por expresiones machistas; y una tercer contra Eduardo Riggi, acusado de retener una causa que donde se investiga al expresidente. Así como está planteado el escenario, no hay modo de que avancen. A lo sumo se podría aplicar una sanción a los jueces. El Consejo, por otro lado, tiene en marcha concursos importantes para cubrir cinco vacantes que son determinantes: tres juzgados de primera instancia de Comodoro Py 2002 –los que ocupaban Claudio Bonadio, Rodolfo Canicoba Corral y Sergio Torres– y dos sillones de la Cámara Federal, de los trasladados Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Esos concursos están en pleno tramite, pero, roto el acuerdo con la oposición, el oficialismo en soledad no logra reunir los dos tercios de los votos de los consejeros necesarios para elevar las ternas de candidatos al Presidente, para que elija.

4. Corte Suprema de Justicia: el máximo tribunal está prescindente. El Gobierno fustigó a la Corte, Alberto Fernández dijo que la jueza Elena Highton de Nolasco no debería estar más en el tribunal, Cristina Kirchner descalificó a sus miembros y un grupo de diputados kirchneristas amenaza con iniciarles juicio político, pero los jueces de la Corte no reaccionaron. Estas críticas públicas desnudan la impotencia del oficialismo para correrlos de sus cargos, interpretan algunos observadores del escenario judicial. Mientras, la Corte dictó fallos donde confirmó las condenas por corrupción de exfuncionarios y tiene para resolver causas sensibles para le economía y la política que afectan a Cristina Kirchner.

5. Cámara de Casación: es el máximo tribunal penal del país y uno de los blancos del Gobierno, que busca abrir nuevas vacantes y colocar jueces propios. Está en tela de juicio por conductas de algunos de sus integrantes, a lo que se suman las denuncias generadas por el kirchnerismo: Gustavo Hornos, presidente de la Casación, visitó seis veces a Macri en la Casa Rosada, según denunció el designado ministro Soria en la Justicia y el Consejo de la Magistratura. Dos de sus colegas pidieron la renuncia de Hornos a la presidencia de la Cámara. Pero no tienen los votos para conseguirlo. Juan Carlos Gemignani destrató a sus colegas mujeres por chat en el Día de la Mujer. El oficialismo lo denunció en el Consejo de la Magistratura, donde ya acumula una sanción anterior ligada a cuestiones de género. Y Eduardo Riggi fue denunciado por retener un expediente que involucra a Macri. Su asunto pareciera no prosperar. Es difícil que el Gobierno obtenga las vacantes que quiere en este tribunal.

6. Cámara Federal: El oficialismo tendrá aquí dos vacantes cuando termine el concurso para reemplazar a los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, trasladados a ese tribunal en época de Cambiemos. Es clave este tribunal porque por aquí pasan todos los casos de corrupción, ya sea para que lleguen a juicio o para que no. Cuando había diálogo en el Consejo de la Magistratura, la oposición maduraba la idea de cubrir esas dos vacantes con un candidato potable para el Gobierno y otro para los jueces, abogados y legisladores de Cambiemos. Sin embargo, con el diálogo cortado, es dudoso que el concurso avance con la misma velocidad con la que comenzó.

7. Juzgados federales: en los juzgados federales penales de Comodoro Py 2002 avanzan tres concursos para cubrir vacantes. Pero, sin acuerdo con la oposición en el Consejo de la Magistratura, esos cargos pueden demorar en cubrirse. En paralelo, los jueces nacionales y federales y los fiscales representados por la Asociación de Magistrados y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun) se plantaron contra la iniciativa del Gobierno de intimar a quienes tienen la jubilación otorgada para que renuncien, o de lo contrario se archivará su trámite. Demandaron a la Anses para que se declare inconstitucional esa intimación, que fue interpretada como un apriete. Resucitó además la idea de ampliar al universo de los jueces que pagan el impuesto a las ganancias. Ahora lo hacen los nuevos magistrados que llegaron después de 2017. Un diputado del Frente de Todos presentó un proyecto de ley en ese sentido. Los jueces prometen resistir con recursos judiciales.

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