“Los saqueos no ayudan a nadie”, dijo monseñor Gabriel Mestre, el designado arzobispo de La Plata
Al frente aún de la diócesis de Mar del Plata, hizo un fuerte llamado a la paz social y la pacificación; hubo otros mensajes en Mendoza y en Santa Fe, a raíz de la crisis y los ataques a comercios
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LA NACIONMariano De Vedia
La Iglesia mira con preocupación el escenario de extrema tensión social, reflejado en los fuertes reclamos de alimentos, saqueos y cortes de calles en distintos puntos del país. “Los saqueos no ayudan a nadie”, expresó el obispo de Mar del Plata y designado arzobispo de La Plata, monseñor Gabriel Mestre, al exhortar a la búsqueda de caminos de diálogo “para construir una patria de hermanos”.
Mestre, de 54 años, asumirá el 16 de septiembre en la arquidiócesis de La Plata, en reemplazo de Víctor Manuel Fernández, a quien el papa Francisco nombró cardenal y prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, por lo que se establecerá en Roma. El llamado a la pacificación se sumó a otros pronunciamientos de la Iglesia, particularmente en el área de la Pastoral Social de distintas diócesis, entre ellas Mendoza y Santa Fe, que también hicieron llamados a la paz social.
Al frente todavía de la sede marplatense, Mestre pidió buscar “por todos los medios caminos de justicia en paz y pacificación”, luego de que el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, confirmara un intento de saqueo y robos a comercios el martes por la noche.
El obispo consideró que el país atraviesa “situaciones difíciles” y advirtió que los saqueos “terminan dañando el tejido social y no favorecen de manera permanente los derechos de los más postergados”.
“Respetando las leyes tenemos que procurar el bien común cuidando a los más pobres y necesitados”, dijo el obispo Mestre. Señaló, además, que “la cultura del diálogo y del encuentro, junto a la amistad social, son los caminos para construir en serio la patria de hermanos que nos merecemos los argentinos”.
En un llamado dirigido a apaciguar el clima social, especialmente en la zona sudeste de la provincia de Buenos Aires –su jurisdicción pastoral-, alentó a todos los sectores políticos, sociales y religiosos a “colaborar de forma directa y a través de nuestros cuadros dirigenciales, para ser instrumentos de la justicia por caminos de paz y pacificación en esta hora de nuestra historia”.
Temores en Mendoza
En otro mensaje, la Pastoral Social de Mendoza declaró que “es imprescindible iniciar, lo antes posible, nuevos caminos de encuentro y de diálogo sincero entre todos”. En la provincia cuyana se propagaron en los últimos días cadenas de Whatsapp que alertaban sobre ataques a comercios. Incluso, el Ministerio Público Fiscal abrió una causa judicial contra el dirigente piquetero Raúl Castells, quien se atribuyó la organización de saqueos a supermercados.
“Las expresiones de pobreza, marginación, hambre, soledad, angustia y miedo van creciendo. Tememos que se hagan crónicas. Los pocos esfuerzos para superar esta realidad no alcanzan”, advirtió la pastoral de la arquidiócesis mendocina, que conduce monseñor Marcelo Daniel Colombo, vicepresidente primero de la Conferencia Episcopal Argentina.
Frente a la crisis, además, el área de Pastoral Social pidió desarrollar “un nuevo modo de gestionar lo público y lo privado, con propuestas creativas, generosas y concretas que ayuden a todos y nos permitan vislumbrar horizontes con esperanza”.
Decálogo y compromisos
Ambos pronunciamientos se sumaron al pedido de la Pastoral Social de Santa Fe, que propuso un “pacto social para abrazar al pueblo que sufre”, junto a un decálogo que será presentado a los candidatos que competirán en las elecciones.
La invitación se extiende a instituciones, movimientos y organizaciones políticas y sociales, en sintonía con el llamado del papa Francisco para caminar hacia la amistad social y la fraternidad universal”.
El decálogo comprende diez prioridades, entre las cuales se destacan “manifestar apertura y convocar al diálogo, disponer todos los mecanismos necesarios para revertir los índices de pobreza e indigencia, promover políticas públicas de asistencia a las personas que padecen el flagelo de las adicciones y priorizar la educación en todos sus niveles “, entre otros compromisos, que incluyen medidas en las áreas de seguridad, salud y previsión social.
Por Mariano De Vedia
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