Los realineamientos en la Corte trastocan el vínculo con la Casa Rosada

La Corte Suprema de Justicia dictó el último fallo significativo del año que impacta de lleno en el Gobierno y sirve para delinear la relación de fuerzas en 2019 entre estos dos poderes del Estado. El vínculo está aún en proceso de redefinición, tras el cambio en la cúpula del máximo tribunal.

Con Ricardo Lorenzetti en la presidencia, el vínculo entre el Gobierno y la Corte era amable y fluido, pero guiado por una mutua desconfianza. El ministro de Justicia, Germán Garavano , hacía de sus recorridas semanales por la Corte un rito sagrado. Marcos Peña subía y bajaba las escalinatas del Palacio de Tribunales hasta el cuarto piso cada tanto y no eran extraños los diálogos telefónicos o a veces cara a cara entre los dos presidentes: Lorenzetti y Mauricio Macri. A tal punto que cuando Lorenzetti dejó la presidencia Macri lo recibió en la quinta de Olivos. Ambos con esposas, en tono más social que institucional.

A pesar de estos gestos, el Gobierno estaba intranquilo con Lorenzetti porque desconfiaba de sus ambiciones personales y de fallos que pudieran darle dolores de cabeza, como el que obligó a la gestión Macri a actualizar las deudas con provincias por los reclamos vinculados con la coparticipación . Lorenzetti era capaz de reunir voluntades buscando consensos, manejando el tribunal. Hasta que llegó el fallo sobre tarifas, en el que el Gobierno perdió 4 a 0 con el voto de Horacio Rosatti , recién llegado a la Corte, y sin que recalara aún Carlos Rosenkrantz . Ahora, el de los haberes jubilatorios, con otro resultado desfavorable para los deseos oficiales.

Meses después, la llegada de Rosenkrantz a la presidencia, alentada desde la Casa Rosada y con el empuje de Elisa Carrió , fue vista como garantía de mayor previsibilidad. El Gobierno festejó la votación. El acuerdo en el que obtuvo el apoyo de Horacio Rosatti y Elena Highton dejó a Lorenzetti fuera del sillón presidencial, con el solitario apoyo de Juan Carlos Maqueda .

Tras ese estruendoso cambio, el Gobierno fantaseó con que tenía garantizada la gobernabilidad en el máximo tribunal. Las primeras tres semanas de la gestión de Rosenkrantz en la presidencia lo convencieron de lo contrario. Las internas se recalentaron y volvieron a cambiar los apoyos. Ahora Rosatti, aliado a Lorenzetti y Maqueda, impuso una nueva mayoría que se tradujo en presión sobre Rosenkrantz para promover un gobierno colectivo en el tribunal y menos personalista.

Esos votos no tuvieron su correlato en fallos importantes, en los que hubo mayorías casi absolutas: la imposibilidad de la aplicación del 2x1 a represores (con la disidencia de Rosenkrantz) y las votaciones unánimes para obligar a pagar impuesto a las ganancias a más jueces y para disponer que la aplicación de la ley de lemas en Santa Cruz es una cuestión de la Corte de la provincia, manejada por el kirchnerismo. El fallo sobre el índice a aplicar en reajustes de jubilaciones pondrá a prueba hoy esta nueva mayoría. Ya hay tres votos por dictar un fallo en contra de los intereses del Gobierno. Pero esa sentencia puede sumar más voluntades.

La Corte se para frente al Gobierno en 2019 como un tribunal en el que no basta dialogar con su presidente, sino con todos.

Si para el Gobierno la llegada de Rosenkrantz a la presidencia de la Corte era un objetivo, para Rosatti fue solo un medio para cambiar los equilibrios internos. Aun así, Rosenkrantz maniobra para cambiar mecanismos de gestión en busca de mayor transparencia y controles internos que permitan una auditoría independiente del área administrativa y poner en marcha la ley de acceso democrático al Poder Judicial, meritocrática, para acabar con el nepotismo y la impronta de la familia judicial para el ingreso a tribunales.

Así como antes el Gobierno desconfiaba de Lorenzetti, ahora confía en Rosenkrantz, pero no le alcanza para asegurarse los fallos que vería con mayor agrado.

La agenda de la Corte para 2019 -que incluye temas tan sensibles como los límites de la prisión preventiva en los casos de corrupción, la posibilidad de otorgar prisión domiciliaria a represores o el alcance del impuesto a las ganancias para los jubilados de mayores ingresos- es solo un indicio de que el Gobierno no tiene ninguna garantía con la reacomodación de fuerzas que se da en la cúpula del Poder Judicial.

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