Los problemas judiciales de empresarios atentan contra la limpieza del Riachuelo

Los problemas con la justicia que enfrentan grandes empresarios, como Carlos Wagner y Ángel Calcaterra, procesados y embargados en el caso de los cuadernos de las coimas , comprometen las obras destinadas a la limpieza del Riachuelo .

Así lo advirtió el juez federal Sergio Torres, uno de los magistrados a quienes la Corte Suprema les encomendó el seguimiento de las tareas de saneamiento. Ayer, Torres advirtió que no se están cumpliendo los plazos de avance previstos, detalló las causas penales y comerciales que complican a una de las empresas involucradas y pidió informes al Gobierno para saber cómo "garantizarán la continuación de las obras".

Torres explicó que los trabajos están divididos en tres lotes, asignados a distintas UTES (uniones transitorias de empresas) y que el primer y tercer lote cuentan con financiamiento del Banco Mundial. Este organismo, relató el juez, incluyó entre los deberes de las compañías el cumplimiento de "las más estrictas normas de ética durante el proceso de licitación y ejecución de los contratos".

Torres les pidió al presidente de AySA, José Luis Inglese, a la presidenta de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), Dorina Bonetti, que dentro de los próximos 15 días deben hacer saber al tribunal las "acciones dispuestas" para "afrontar la situación descripta" y "el modo en que garantizarán la continuación de las obras de los tres lotes del sistema". Además, dispuso que se le de intervención a la Jefatura de Gabinete, a la Procuración del Tesoro de la Nación, a la AGN, a la Sigen y a la Oficina Anticorrupción.

En la UTE que lleva adelante el primer lote interviene Iecsa. Torres consignó ayer que Calcaterra, como "presidente y accionista de la empresa Iecsa", fue procesado y embargado por Bonadio. También, que Héctor Sanchez Caballero, CEO de Iecsa, fue indagado y se le dictó una falta de mérito. El juez advirtió no obstante que en marzo de 2017 Calcaterra le había vendido su participación en la firma a Pampa Energía.

El presidente de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, fue indagado en la causa de los cuadernos el 17 de octubre pasado.

En cuanto al lote 3, Torres destacó la presencia de Chediack SA como parte de la UTE a cargo de las obras y consignó que Juan Chediack, su presidente, fue procesado y embargado por Bonadio.

En el lote 2 -sin las reglas impuestas por el financiamiento del Banco Mundial- interviene CPS SA, de Cristóbal López y Fabian De Souza, sociedad que está concursada en la quiebra de Oil Combustibles, afirmó el juez. Además, López y De Souza están inhibidos, junto con todas sus empresas, incluida CPS, advirtió Torres. El magistrado relató en su resolución que esta compañía intentó -hasta ahora sin éxito- vender su parte en este contrato.

De la misma UTE que tiene a cargo el lote 2 participa también Esuco, la firma de Wagner, que además de estar procesado y embargado por Bonadio en el caso de los cuadernos de las coimas, está procesado en el caso Odebrecht. El juez Sebastián Casanello lo consideró parte de una estafa al Estado con licitaciones digitadas y beneficios ilegales en favor de las empresas adjudicatarias de dos obras (una planta potabilizadora de aguas y una depuradora). Una de esas empresas era Esuco. Casanello prohibió además que la firma se desprendiera de activos registrables o modificara su composición accionaria.

Torres incluyó en su resolución cuadros que muestran los atrasos en el avance de cada uno de los tramos de las obras comprometidas y advirtió que al menos en lo que respecta al lote 2, que está atado a los tiempos de los otros dos, la fecha de final de obra prevista (13 de marzo de 2019) es "a todas luces evidente" que será "de cumplimiento imposible".

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