Los piqueteros duros preparan una movilización por la suspensión de 150.000 planes sociales y Grabois avaló la medida de Tolosa Paz

La Unidad Piquetera prepara para la semana próxima una movilización en todo el país ante la decisión de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz ,de suspender 154.441 planes Potenciar Trabajo al no poder comprobar su identidad. Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero (PO) y referente de los piqueteros opositores, confirmó que definirán hoy la fecha y modalidad de la protesta.

“Confirma nuestras denuncias de ajuste sobre el gasto social y los más vulnerables”, dijo Belliboni a LA NACION sobre la medida anunciada ayer por Tolosa Paz tras finalizar el plazo de reempadronamiento. Explicó, además, que se trata de un sistema poco viable para las personas en situación de pobreza ya que requiere una validación de la identidad de forma virtual y a veces con reconocimiento facial, por lo que la falta de acceso a tecnología e internet en zonas carenciadas hace difícil realizar el trámite. “Es un gobierno ajustador, surge de cuando Cristina Kirchner dijo en septiembre que había muchos planes sociales”, señaló el dirigente del PO.

Desde Unidad Piquetera confirmaron que esta tarde se reunirán para definir el “plan de lucha” a nivel nacional, que sería activado la semana próxima. Le pedirán una reunión en el Ministerio de Desarrollo Social para que dé marcha atrás con la medida. La Unidad Piquetera está integrada por el PO, Barrios de Pie, MTR-Votamos Luchar, CUBA-MTR, el Bloque Piquetero Nacional, la Agrupación Armando Conciencia y la Organización 17 de Noviembre, el MTR Teresa Rodríguez, y el Movimiento Territorial Liberación (MTL-Rebelde).

En el Gobierno buscaron alejar la idea de “ajuste” en el gasto social e hicieron hincapié en que se trata de una “suspensión” y no una “baja” o recorte. En esa línea explicaron que quienes tengan sus planes suspendidos es porque no revalidaron sus datos en una auditoría en la que el 89% de quienes reciben el beneficio sí hicieron la actualización de su información personal. Conservan hoy la ayuda estatal por haber validado los datos 1.210.571 beneficiarios.

Emilio Pérsico, secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social y dirigente del Movimiento Evita, defendió la medida de Tolosa Paz y logró, además, el aval de Juan Grabois, líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y uno de los dirigentes sociales más cercanos al kirchnerismo. “Es histórica la estigmatización. Ahora se abre un período en el cual si los compañeros pueden hacer el trámite para que se los vuelva a dar de alta, por eso se les avisa con un descuento del 50%” sostuvo Pérsico en Radio FutuRock. Dijo que los beneficiarios podrán validar su identidad presentándose en las unidades productivas para hacerlo personalmente. “Tiene dos instancias más para hacerlo”, aseguró el funcionario.

Grabois, en tanto, se despegó de Unidad Piquetera, con quienes había ensayado el año pasado un acercamiento por el reclamo de un salario universal. Dijo que la medida servirá para “definir quiénes son estafados por aquellos que retienen sus planes”.

“Fue un avance que se haya podido acordar con el Gobierno que no sean bajas sino suspensiones”, dijo Grabois a LA NACION. Y agregó: “Es importante que el reempadronamiento no deje afuera injustamente a nadie, pero que el Estado sea implacable en los casos donde hay personas que estaban inscriptas pero por algún motivo hayan irregularidades”.

Nicolás Caropresi, de la misma agrupación de Grabois, también destacó la auditoría impulsada por Tolosa Paz. “En general les fue bastante a aquellos que están en unidades productivas con respecto a la validación de datos. Hay algunos problemas tecnológicos por parte de los beneficiarios pero tenemos caminos de resolución”, dijo el dirigente del MTE.

La validación de datos comenzó el 22 de noviembre y se extendió inicialmente hasta el 6 de enero, plazo que luego fue extendido hasta ayer. La decisión de poner en marcha la validación se dio luego de que se conociera un informe de la AFIP que advertía irregularidades en más de 250.000 beneficiarios de planes sociales, que no debían recibir el cobro mensual (por entonces de $27.275) por las cuatro horas de trabajo que realizan como parte del plan.

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