Los países de la región cambiaron sus leyes para beneficiar a los laboratorios
Según una investigación de la que participó LA NACION, 13 gobiernos latinoamericanos aceptaron modificar sus normas para poder comprar vacunas
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Por Iván Ruiz y Romina Colman y Claudia Ocaranza y Claudia Chávez
La compra masiva de vacunas contra el Covid-19 volvió a cubrir con un manto de opacidad a América latina. La presión de los laboratorios y la desesperación de los gobiernos por adquirir millones de dosis a contra reloj impulsaron cambios en la legislación de casi todos los países de la región. Como ocurrió en la Argentina, la mayoría modificó sus leyes para darle indemnidad económica y confidencialidad a las farmacéuticas que producen la vacuna.
Al menos 13 países de América latina cambiaron sus leyes para comprar la vacuna contra la Covid-19 entre septiembre de 2020 y febrero de este año. Una investigación de la Red Palta, que integra LA NACION, en alianza con la Fundación Directorio Legislativo detectó 23 nuevas normativas entre leyes, decretos y resoluciones que sumaron, desde distintos ángulos, opacidad a estas adquisiciones. El combo se completa con exenciones impositivas y modificaciones en el sistema de contratación para evitar las licitaciones, todas medidas adoptadas por la Argentina.
Un escudo anti-demandas
La Argentina, Brasil, Colombia y Perú, entre otros países de la región, quedaron expuestos, además, a las exigencias de indemnidad económica que impusieron los laboratorios. Fueron ocho los países latinoamericanos que cambiaron sus leyes para hacerse cargo de posibles demandas que puedan enfrentar los fabricantes de las vacunas ante probables efectos adversos graves después de que se ejecuten los planes masivos de vacunación.
El Congreso aprobó en noviembre la ley de interés público para las vacunas contra la Covid-19, una normativa que permitió el desembarco de las vacunas Sputnik V y Sinopharm, pero que fue cuestionada por el laboratorio Pfizer. Los diputados argentinos detallaron que, en caso de “negligencia” de la empresa, el Estado no se haría cargo de posibles demandas contra la compañía, lo que desató el conflicto con la farmacéutica.
En Perú, por ejemplo, funcionarios del Gobierno revelaron que este laboratorio solicitó cláusulas que lo eximían de responsabilidad ante posibles efectos adversos del antígeno y demoras en la entrega de lotes. El Gobierno tuvo que emitir un decreto que expresaba el compromiso de someterse al arbitraje internacional, pero como consecuencia se produjo una demora de varios meses y el contrato finalmente se firmó en febrero.
Otro países, como Colombia, incluyeron en sus cambios normativos otros de los requisitos que Pfizer impuso para vender su vacuna. Colombia hizo explícita en la nueva normativa la posibilidad de contratar una “póliza de cobertura global para cubrir las posibles condenas que puedan presentarse”. Algo similar ocurrió en México, República Dominicana y Panamá, donde se hizo referencia directamente a ese laboratorio en su normativa por su pedido de confidencialidad en la contratación.
Pfizer fue cuestionado en los últimos meses por distintos gobiernos de la región, que lo acusaron de exigir condiciones inaceptables para vender vacunas. Para cubrirse ante posibles demandas, la farmacéutica llegó a pedir que los países respaldaran a la empresa poniendo como resguardo sus bienes soberanos, que son las reservas federales y los bienes militares, entre otros activos.
Pero no sólo Pfizer exigió condiciones a los gobiernos latinoamericanos. Con distintos matices, todos los laboratorios exigieron que se modifiquen leyes para darle indemnidad.
Felicitas Torrecilla, Coordinadora de Investigación de Fundación Directorio Legislativo, explicó: “Pudimos ver que 13 gobiernos tuvieron que hacer importantes concesiones para firmar contratos, concesiones que hoy limitan - cuando no impiden - el acceso público a información crítica sobre los términos acordados y los precios que se han pagado por las vacunas en cada país. Estas cuestiones son cruciales para entender no solo cómo se ha conducido el proceso para acceder a las vacunas, sino también los desafíos globales vinculados a la equidad sanitaria en un mundo desigual.”
Contratos y negociaciones bajo llave
Si algunos países no modificaron sus leyes para darle indemnidad a los laboratorios, casi todos sí cambiaron su normativa para ofrecerle confidencialidad del proceso de compra y, además, para asegurarse atajos en los sistemas de contratación pública. Fueron 16 los países que compraron vacunas de manera directa, es decir, sin procesos de licitación pública, según este relevamiento.
La Argentina fue uno de los países que primero modificó su sistema de contrataciones públicas, lo que le permitió agilizar los plazos de compras durante la pandemia pero, al mismo tiempo, le otorgó más discrecionalidad a los funcionarios. Después, la ley de interés público para la vacuna que aprobó el Congreso le aseguró a los laboratorios confidencialidad en las negociaciones y en el contrato.
“Nada justifica el secreto en los contratos de compra de vacunas. Para poder controlar qué hace el gobierno es indispensable que se garantice el acceso a la información sobre qué se compra, a qué precio, qué se recibe, cómo y con qué criterio se distribuyen y aplican las vacunas. El secreto abre la oportunidad para que los funcionarios abusen de su poder en su propio beneficio y el de sus familiares, amigos y seguidores políticos. Esta conducta es un claro caso de corrupción y la violación de los deberes de los funcionarios públicos y de la ley de ética pública”, aseguró Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional.
Mientras negociaba la llegada de vacunas, el gobierno de Perú emitió un decreto de urgencia en septiembre de 2020 que excluía a las compras de vacunas de la Ley de Contrataciones del Estado. Estas ventajas también alcanzan a los procesos de distribución, aplicación y otras contrataciones complementarias para llevar adelante el plan de vacunación. Otro caso similar es México, que incluyó en las modificaciones de su normativa la posibilidad de flexibilizar los pagos para los fabricantes de vacunas. “Se podrá otorgar pagos y anticipos necesarios que les permitan obtener mejores condiciones de oportunidad y en el menor tiempo posible”, dice la norma.
El manto de opacidad que echaron las nuevas normativas incluye, en el caso de Uruguay, a esas mismas modificaciones legales. El decreto fue directamente clasificado como información confidencial, es decir, no es de acceso público.
Valiéndose de normas y leyes existentes o recién creadas para marcar confidencialidad, ninguno de los países latinoamericanos hizo público los documentos vinculados a la compra de vacunas (excepto algunas compras en Chile) ni a las negociaciones con los laboratorios.
Algunos países, como México y Costa Rica, sí marcaron un plazo para la confidencialidad de las negociaciones y contratos para la compra de vacunas. El gobierno mexicano hizo uso de su ley de transparencia para definir el fin de la confidencialidad en cinco años y Costa Rica la marcó en un año.
Casi ningún estado de la región dio a conocer el precio que pagó por cada dosis. La excepción en este sentido es Honduras que dio a conocer el precio que pagó por la vacuna que llegará a través del fondo de acceso global Covax. En la misma línea, el ministro de Salud chileno comunicó públicamente que pagaron 12 dólares por cada dosis de Pfizer y 11,4 dólares por la Sinovac. Mientras que en México, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud informó que el país pagó 9,95 dólares por cada dosis de la vacuna Sputnik V y 4 dólares por dosis de la vacuna de AstraZeneca.
A las facilidades de confidencialidad, cláusulas anti-demanda y otros beneficios antes mencionados, se suma una ventaja más para los laboratorios: la exención de impuestos para la compra de vacunas en al menos cuatro países. La Argentina incluyó la exención de impuestos para las vacunas en su ley: se estableció que no se tiene que pagar derechos de importación ni ningún otro impuesto o gravamen por las dosis contra la Covid-19 que ingresen al país. Como Argentina, casos similares se registraron en México, Bolivia y Guatemala.
Esta es una versión editada del reportaje original publicado en la Red Palta. La versión completa de la historia puede consultarse en el sitio de Red Palta.
Colaboradores: Florencia Rodríguez Altube y Delfina Arambillet (LA NACION Data), Sergio Silva (El Espectador), Isaías Morales y Claudia Palma (Ojoconmipisto), Natalia Uval (La diaria), equipo de Datasketch y Fundación Directorio Legislativo.
Agradecimientos: Fabiola Chambi y Nelfi Fernández (Bolivia), Chile Transparente, Javiera Briones (Chile), Carolina Nussbaum (Argentina).
*Esta producción forma parte de una investigación regional, liderada por la Red de Periodistas de América Latina para la Transparencia y la Anticorrupción (Red Palta) en alianza con Fundación Directorio Legislativo. Red Palta está integrada por: La Diaria de Uruguay, OjoPúblico de Perú, Datasketch de Colombia, LA NACION de Argentina, PODER de México, OjoConMiPisto de Guatemala y El Faro de El Salvador.
Por Iván Ruiz y Romina Colman y Claudia Ocaranza y Claudia Chávez
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