Los operadores del kirchnerismo dominan la relación con los jueces y opacan a los albertistas

Nadie se anima a precisar si su influencia tiene el rédito de otros tiempos. Pero Francisco Javier Fernández, el histórico operador del PJ que una década atrás prestó servicios para el kirchnerismo y que después cayó en desgracia por internas nunca esclarecidas en los sótanos del poder, recuperó su vínculo con Cristina Kirchner. Y volvió a poner a disposición su abanico de relaciones con el Poder Judicial, que se suma al del resto de los funcionarios y gestores del oficialismo que trajinan los pasillos de los tribunales y fatigan los teléfonos de jueces, camaristas, magistrados y abogados.

"Mi jefa política es Cristina Fernández de Kirchner", respondió Javier Fernández ante la consulta de LA NACION. "¿Está haciendo gestiones para el Gobierno?", insistió este diario. El integrante de la Auditoría General gambeteó la pregunta, y aprovechó para mandar un mensaje al corazón del albertismo: "No mientras está la ministra, que se ensucie en el barro ella".

Javier Fernández no solo destrata a la ministra de Justicia, Marcela Losardo, sino que tampoco reconoce la figura del propio Alberto Fernández. Antes de que el coronavirus lo obligara a confinarse –es parte de la población de riesgo–, el auditor visitó a la vicepresidenta. Conversaron un largo rato, según confirmaron fuentes al tanto del encuentro.

El histórico operador judicial tiene diálogo con Juan Martín Mena, viceministro de Justicia que, como él, también sigue con recelo la gestión de Losardo. Mena, exdirector de la AFI durante la administración de Oscar Parrilli, accede sin restricciones a la intimidad de Cristina Kirchner.

Fue, por ejemplo, el encargado de llevarle en persona, el martes 3, el análisis de la resolución de la Corte Suprema sobre los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que amagó con tensionar al máximo el vínculo entre el Gobierno y el máximo tribunal. Esa avanzada sobre la Justicia, ideada por el kirchnerismo, tuvo el sello de Gerónimo Ustarroz, el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.

Lo acompañó Diego Molea, consejero por el sector académico, un exmassista que ahora se referencia en La Cámpora y que, según trasciende, se perfila como número puesto para presidir el Consejo de la Magistratura el año próximo.

A Ustarroz, uno de los principales gestores del oficialismo en la Justicia, lo sindican como un "acuerdista". En privado, según sus colaboradores, el hermano de crianza del ministro del interior, Eduardo "Wado" de Pedro, se define "bilardista": lo que importa es el resultado. En las últimas horas, el Consejo de la Magistratura empezó a definir el concurso para reemplazar a Bruglia y Bertuzzi con la convocatoria al jurado.

Oriundos de Mercedes, Ustarroz y De Pedro son lo mismo. Si el ministro del Interior no tiene mucho más protagonismo en la vinculación con el Poder Judicial es porque se mueve con sigilo. Hace un culto de la confidencialidad. Cuando este diario trató de conversar con el funcionario sobre su influencia en la Justicia, sus asesores explicaron que "no le gusta hablar de ese tema". "Los buenos operadores son así", lo disculpó un amigo.

Wado habla con las cinco vocalías de la Corte Suprema, a pesar de que tiene mayor afinidad con Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. También Ustarroz, cuyo trajín por el Palacio de Tribunales es frecuente. Nicolás "Tito" Fernández, excompañero del Senado de Cristina Kirchner y exmiembro del Consejo de la Magistratura, todavía se vanagloria de su llegada a alguno de esos despachos.

Los operadores del Presidente

Cuando asumió, Losardo había empezado a aceitar una relación institucional con los cinco integrantes de la Corte, auspiciada no solo por su rol como ministra si no por su amistad societaria con el Presidente. Pero el proyecto de modificación de las jubilaciones de jueces y diplomáticos, sancionado a principios de marzo, cayó, sin aviso, como un baldazo de agua helada en el máximo tribunal. Y las acciones de la ministra se desplomaron. El diálogo quedó entonces en manos del Instituto Patria.

Para colmo, Gustavo Béliz, el secretario de Asuntos Estratégicos que se encaminaba a tener una influencia mucho mayor en los asuntos judiciales, se deslució en menos de un año. En privado, ni siquiera aprueba la reforma anunciada por el Presidente. Juan Manuel Olmos, jefe de Asesores, que también asomaba como una figura preponderante por su incidencia en las decisiones de la Justicia de la ciudad de Buenos Aires, un rol que todavía comparte con Daniel Angelici, corrió la misma suerte. Se dedica a trámites puntuales y algunas relaciones con asuntos empresariales. Antes de dar de baja la avanzada oficial sobre Vicentin, viajó por ejemplo a Santa Fe a visitar al juez del concurso. Volvió con malas noticias.

El impulso al proyecto de reforma judicial, que espera en Diputados, colaboró a agigantar la grieta hacia el interior del Frente de Todos. A Cristina Kirchner nunca le agradó que la iniciativa, sumada al Consejo Consultivo –más conocido como "comisión Beraldi"–, se haya publicitado como un plan para consagrar su impunidad. Ustarroz, por ejemplo, les aseguró a sus íntimos que nunca fue consultado.

El kirchnerismo incluso le enrostra a Losardo, a cargo del diseño del proyecto, que no tuvo la deferencia de defenderlo públicamente. Le achacan, además, su "pasividad" durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri en los que, según la expresidenta, se instaló el lawfare en la Argentina. "Hay que avanzar, pero el pasado no se borra", dice un operador K. Las fisuras, sin embargo, también existen hacia adentro del kirchnerismo.

Internas

Existieron, por caso, diferencias en torno al expediente que investiga una red de espionaje durante el anterior gobierno. El diputado Eduardo Valdés, por ejemplo, quería que la causa siguiera en el despacho del juez Federico Villena. Para La Cámpora, la investigación estaba mal orientada. Y trabajaron para redireccionarla: está, desde mediados de año, en la oficina del juez Juan Pablo Augé. El propio Máximo Kirchner convalidó la iniciativa.

En la gestoría judicial del camporismo se molestan cuando se machaca con la intromisión del oficialismo en el Poder Judicial. Responden, por el contrario, que eso fue lo que hizo la gestión de Cambiemos: "Ellos rompieron los códigos". Y que el "viejo esquema" –"aprietes y guita", detallan sin pestañear– que prevaleció durante años en la Justicia Federal y, en particular, en los tribunales de Comodoro Py, "no va más".

Mena es, en ese sentido, uno de los encargados de los despachos de Comodoro Py, cuya actividad mermó notablemente por varias razones, además del avance de la pandemia: la incertidumbre por el envío del proyecto de reforma judicial, la nominación, todavía incierta, de Daniel Rafecas al frente del Ministerio Público Fiscal, y la posibilidad de implementar, de una buena vez, el sistema acusatorio, que debilita a los jueces y empodera a los fiscales.

Además, la incidencia de los servicios de inteligencia en los tribunales federales de la Ciudad, que tuvo a Jaime Stiuso –exsocio de Javier Fernández– como emblema, dejó de ser lo que era. La pelea de Stiuso con Cristina Kirchner, de hecho, intoxicó el vínculo del auditor con la expresidenta, que ahora volvió a recuperarse.

Operativo retorno

De la mano de Javier Fernández empezó a ganar terreno en el mundillo judicial porteño su amigo Santiago Busaniche, un abogado santafesino que supo ser confidente del senador Carlos Reutemann y con quién comparte el mismo infortunio familiar: como el auditor con su hermano, el camarista Sergio Fernández, que se mueve como pez en el agua en el fuero contencioso administrativo, Busaniche está peleado con Mateo, que integra la Cámara Federal de Paraná.

Tras el fallo de la Corte, Fernández está abocado a la vuelta a la Cámara Federal porteña de otro de sus viejos amigos, que frecuenta desde el preescolar: Carlos Farah, trasladado por Cambiemos en el 2018 y actualmente en el Tribunal Oral 2 de San Martín. Desde el oficialismo remarcan que el retorno podría hacerse efectivo "antes de fin de año".

El caso de Rafecas, en tanto, se convirtió, en los últimos meses, en una piedra en el zapato del Frente de Todos. El juez conoce al Presidente desde hace años y le escribió directo a su teléfono en los tres triunfos que Alberto Fernández alcanzó el año pasado: en su nominación como candidato, en mayo; la noche de la victoria de las primarias, en agosto; y en su consagración final, en octubre. Después, el jefe de Estado le transmitió su intención de ungirlo como jefe de los fiscales. Al poco tiempo, lo visitó Mena, que responde sin escalas a Cristina Kirchner.

Más allá de los tironeos recientes, Rafecas no es un extraño para el universo K. A mediados del 2019, por citar un caso, compartió un largo asado con Ustarroz en el predio de una universidad del Gran Buenos Aires. Desde el entorno de la vicepresidenta aseguraron a este diario que no habrá objeciones al nombramiento de Rafecas, a pesar de los rumores de las últimas semanas y de la sanción en el Senado de la modificación del reglamento para elegir al procurador con mayoría absoluta, y no con los dos tercios. El plan, explican, pasa por la necesidad de que el juez sea elegido con dos tercios de los votos, a pesar del cambio en la ley.

Es crucial, en ese caso, el rol de la oposición. Según uno de los jueces de la Corte Suprema, los códigos de la Justicia, en general, difieren de los de la política, a pesar de la simbiosis. "La política es una ancha avenida, pero la Justicia es una calle mucho más angosta", explica. El problema es que, más allá de los operadores de turno y de los márgenes de acción, la promiscuidad entre el poder político y el judicial contaminó al sistema. Y descontaminarlo lleva su tiempo. "No pasás a ser Suecia de la noche a la mañana", reconoce un gestor del kirchnerismo.

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