Los negocios de Hugo Moyano, bajo la lupa en ocho causas

Las sospechas rodean al sindicalista Hugo Moyano y a su entorno más íntimo desde hace dos décadas. O más. Pero las investigaciones son instruidas en ocho causas por distintos jueces y fiscales, que en algunos casos no intercambian información y ni siquiera se conocen entre sí, o, peor aún, recelan unos de otros, según reconstruyó LA NACION. Esas investigaciones buscan entrelazar distintos tramos del mismo rompecabezas.

¿Cómo son los negocios del "clan Moyano"? ¿Cuál es el verdadero patrimonio del líder sindical que hoy preside el club Independiente , de Avellaneda? Las dificultades se acrecientan porque la compartimentación de las pesquisas se combina con la aparición de múltiples actores principales -su esposa, hijos e hijastros- y secundarios, presuntos testaferros y sociedades comerciales más o menos vinculadas a Moyano.

Para complicar aún más la labor de los sabuesos, Moyano afronta acusaciones por presunta asociación ilícita, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión y desvío de fondos y administración fraudulenta, entre otros posibles delitos con ramificaciones en Buenos Aires, Córdoba y Bahía Blanca, entre otros puntos del país.

Mientras tanto, Moyano duplica la apuesta. "Que investiguen lo que quieran, no van a encontrar nada", había desafiado en febrero, para luego sostener que era todo "un verso" y que "si no fuera un dirigente gremial sería un empresario exitoso". Días después llegó más lejos: "Tengo las suficientes pelotas para defenderme", dijo al cerrar una movilización contra el Gobierno, el 21 de ese mes. Ocho meses después, cargó contra Mauricio Macri, al que acusó de liderar una ofensiva judicial en su contra: "Este señor dice ?con las mafias, no', pero ¿vos quién sos? ¿San Francisco de Asís", ironizó y le recordó el escándalo del Correo Argentino. El referente de los camioneros y su círculo afrontan los siguientes expedientes:

• El juez penal de Lomas de Zamora, Luis Carzoglio, debe evaluar si Pablo Moyano es el jefe de una supuesta asociación ilícita integrada por la barra brava de Independiente y parte de la dirigencia del club, como considera el fiscal Sebastián Scalera, que pidió su detención, que fue rechazada por el magistrado.
• En Quilmes, el juez federal Luis Armella también investiga a Pablo Moyano y a su padre por presunto lavado de activos a través de Independiente por la contratación de empresas vinculadas a su entorno. Pero su avance depende de las novedades que aporte el juez Carzoglio, que debe definir si los Moyano manejaron dinero espurio.
• El juez federal de Morón Néstor Barral también investiga a Moyano por presunto lavado, y en febrero de este año levantó el secreto fiscal y bancario sobre él; su esposa, Liliana Zulet, y sus hijastros Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet, mientras busca determinar cómo fue la adquisición de dos viviendas en Parque Leloir a través de las empresas Ancora Construcciones, Iarai y Dixey, que habrían sobrefacturado servicios a Camioneros.
• En el fuero penal económico, el juez Javier López Biscayart procesó al rostro visible de la empresa postal OCA, Patricio Farcuh, por no pagar aportes previsionales de sus empleados y lo embargó por $400 millones. Farcuh no se quedó callado. Durante su indagatoria afirmó que Moyano y el exdirector de Finanzas de OCA Jorge Aste le "usurparon la empresa" para transferir más de $50 millones a Camioneros sin su conocimiento. "Quien manejaba y decidía en la empresa era Moyano", dijo.
• También en el fuero penal económico, el juez Rafael Caputo y la fiscal Alicia Sustaita investigan presuntas maniobras de evasión y lavado por medio de empresas que rodean a Camioneros -como OCA y la firma de servicios eventuales Guía Laboral-, basados en informes de la fiscal general del fuero comercial Gabriela Boquín, la unidad antilavado (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.
• A metros del juzgado de Caputo, en los tribunales de Comodoro Py, el juez federal Claudio Bonadio arrastra desde 2011 una pesquisa centrada en la supuesta adulteración de medicamentos, una presunta defraudación a la administración pública mediante el cobro de reintegros por la obra social de los camioneros (Oschoca) para su lavado a través de un holding de empresas liderado por su esposa, sobre la base de una denuncia que radicó Graciela Ocaña y que a principios de este año sumó aportes de la UIF; en mayo, la Cámara Federal rechazó un pedido de prescripción y ordenó continuar con la pesquisa.
• El juez federal Sebastián Ramos y la fiscal Paloma Ochoa quedaron a cargo en 2017 de otra pesquisa sobre Gustavo Elías, otro empresario sospechado de actuar como presunto testaferro de Moyano, que es referente desde Bahía Blanca del llamado Grupo Elías, que controla el diario La Nueva Provincia y se lo asocia a Dienst Consulting, la firma que selló con la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac, ex-Renar) un contrato multimillonario.
• Por último, en el fuero federal de Córdoba, el juez Alejandro Sánchez Freytes indagó a Hugo Moyano en junio pasado por presunto lavado de activos y supuesta administración fraudulenta basado en las pesquisas del fiscal Gustavo Vidal Lascano y los aportes de la Procelac sobre la compra de unos terrenos en la ciudad de La Falda, en diciembre de 2013, donde funciona un hotel de Camioneros.

Para Moyano, sin embargo, las novedades judiciales responden a una ofensiva apoyada desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

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