Los medios estatales costaron este año unos $54.000 millones y tienen 3200 empleados

Los medios estatales le costaron a los contribuyentes unos 54.376 millones de pesos en lo que va del año. Esa cifra resulta de la suma de los aportes del Tesoro nacional y de los fondos transferidos por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) a Radio y Televisión Argentina (RTA), dueña de Canal 7 y Radio Nacional; la agencia de noticias y publicidad Télam, y las señales audiovisuales de Contenidos Públicos, como Encuentro y Paka Paka.

El dato, que refleja el costo de estas empresas que casi no generan ingresos propios, es especialmente relevante en el contexto del proyecto anunciado por el presidente electo, Javier Milei, de incluir a esas compañías en la lista de bienes estatales a privatizar. En otras palabras, aquel privado que quiera adquirirlas deberá contemplar ese costo operativo.

Esta información se desprende de un relevamiento realizado por la fundación Libertad de Expresión y Democracia (LED) con datos de la Oficina Nacional de Presupuesto, actas del directorio del Enacom y la estimación de la distribución de gravámenes de este último organismo. “La Fundación LED elabora estos informes desde hace 12 años. Hace falta mayor transparencia, tuvimos que cruzar mucha documentación para poder armar el rompecabezas”, afirmó Silvana Giudici, presidenta de LED, integrante opositora en el directorio del Enacom y diputada electa de Juntos por el Cambio.

Los ingresos que transfiere el Enacom se generan en los gravámenes que deben tributar los canales de TV abierta y los sistemas de TV por suscripción privados, que oscilan entre el 1% y el 5% de la facturación bruta. Los artículos 96 y 97 de la ley de medios de 2009 prevén ese esquema de recaudación y distribución, que incluye transferencias al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), RTA y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, entre otros destinos.

Creada por la misma ley de medios, RTA es la empresa propietaria del antiguo Canal 7 y Radio Nacional, un conjunto de 57 emisoras AM y sus respectivas FM distribuidas en todo el país. Tiene unos 2400 empleados y es presidida por Rosario Lufrano. En 2003, la TV Pública incorporó el canal 12 de Trenque Lauquen; y desde la misma época Radio Nacional viene rescatando y sumando emisoras estatales y privadas en quiebra.

Según el relevamiento, RTA ingresó este año $30.200 millones del tesoro nacional y otros $3700 millones girados por el Enacom. En total, recibió $33.900 millones. Eso incluye las tres ampliaciones presupuestarias que recibió durante el año: por $95 millones (decisión administrativa 884/23), $164 millones (DA 540/23) y $10.860 millones (decreto 436/23). Entre la TV y la radio, los ingresos de RTA por ventas de publicidad están en los $930 millones, que en buena parte son también estatales porque se trata de publicidad gubernamental.

Otras fuentes vinculadas con la gestión de RTA indicaron que los $33.900 millones identificados por LED podrían treparán hasta los $43.000 millones una vez pagados los sueldos de noviembre, diciembre y el aguinaldo.

El caso de Télam

Creada en 1945 por impulso de Juan Perón, entonces secretario de Trabajo y Previsión de la dictadura de Edelmiro Farrell, la agencia de noticias y publicidad Télam tiene varios servicios para algunos cientos de abonados. Tiene actualmente unos 780 empleados y es presidida por Bernarda Llorente. Según el informe de la fundación LED, Télam ingresó este año $18.023 millones de fondos del tesoro nacional.

Pero las cifras de Télam son engañosas. En el presupuesto 2024 declara costos por 18.023 millones, ingresos por $12.287 millones, y un déficit de $5735 millones, pero la casi totalidad de esos fondos tienen origen y destino dentro del propio Estado. De hecho, la agencia volvió a canalizar los pagos de la publicidad oficial de la administración nacional en 2020 y desde este año también lleva el registro de proveedores de pauta, Renappo.

Creada en 2016 por el gobierno de Mauricio Macri, Contenidos Públicos es la empresa que engloba a las señales audiovisuales temáticas lanzadas durante el kirchnerismo: Encuentro (2007), Paka Paka (2010) y DeporTV (2013), y el banco de contenidos Cont.ar, en el que se alojan los programas financiados, entre 2010 y 2015, por el entonces Ministerio de Planificación Federal a cargo de Julio De Vido, investigado, procesado y condenado por corrupción en distintas causas. Esta empresa tiene unos 250 empleados y es presidida por Rosario Audi, que también fue la tutora de tesis universitaria de la primera dama Fabiola Yáñez que incluyó fragmentos de Wikipedia y otros sitios web sin citar.

El comunicado contra la privatización difundido la semana pasada por las tres empresas lleva las firmas de Lufrano y Llorente pero omitió la de Audi, que fue reemplazada por la gerenta general de Contenidos Públicos, Jésica Tritten.

RTA, Télam y Contenidos Públicos son sociedades del estado (SE), un tipo de estructura similar a las sociedades anónimas (SA) pero con accionistas estatales que fue creada por ley en 1974 gracias al impulso de José Ber Gelbard, ministro de Economía del tercer gobierno de Perón. Según esa norma, las SE no pueden transformarse en SA con participación privada.

En conjunto, las tres organizaciones emplean a unas 3200 personas de manera directa, sin contar los contratos de locaciones de servicios que facturan mensualmente.

Otros fondos estatales

La financiación y supervisión estatal de contenidos audiovisuales va más allá de la TV, radio y agencia públicas. Un ente que suele pasar bajo el radar es la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, también creada por la ley de medios de 2009, que hasta octubre costó $1497 millones, de los cuales $597 millones fueron aportados por el tesoro nacional y $900 millones por el Enacom. La defensoría, encabezada por Miriam Lewin y donde se gestó y frustró el observatorio de la violencia simbólica en medios Nodio, dice “promover, difundir y defender el derecho a la comunicación democrática de las audiencias”. En este organismo trabajan unos 150 empleados.

Otro sector demandante de recursos públicos es el de los llamados medios comunitarios, que este año podría recibir hasta $2823 millones a través de dos canales. Uno es el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca) creado por la ley de medios, que tiene disponibles $1950 millones (de los que ya pagó $807 millones según las actas del directorio del Enacom), y un programa de capacitación a medios comunitarios (Programa 75, Sumar Capacitación, creado en la Secretaría de Medios y Comunicación Pública en 2021) que aporta $873 millones. La gestión del Fomeca depende de la subdirección de Proyectos Especiales del Enacom, a cargo de Natalia Vinelli.

También está el Incaa, cuyos ingresos provienen del Fondo de Fomento Cinematográfico que se nutre, principalmente, de la recaudación del 10% del valor de cada entrada de cine -que es cobrado y transferido por la AFIP- y del gravamen que paga la televisión al Enacom, recaudado por este organismo. El Incaa recibió este año unos $7266 millones del gravamen del Enacom y unos $3217 millones del impuesto al ticket, lo que totaliza $10.483 millones, cifra publicada en la web de ese organismo. El principal productor de contenidos de ficción y documental de origen nacional es el Incaa, con un sistema basado en la premisa de que es el propio consumo audiovisual -espectadores de cine y TV- el que financia la producción. El Incaa tiene actualmente unos 800 empleados.

Según la Fundación LED todos los organismos y empresas mencionados en este artículo totalizaron un gasto de $69.179 millones en lo que va del año.

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