Los magistrados esperan el dictamen de Diputados para decidir si renuncian
LA NACIONHernán Cappiello
Los jueces nacionales y federales que ya tienen la jubilación concedida, pero aún no hacen efectivo ese beneficio, esperan los dictámenes de las comisiones del Congreso antes de decidir si renunciarán antes de que se apruebe la nueva ley que reduciría sus haberes y que es impulsada por el oficialismo.
Se trata de unos 300 magistrados los que podrían irse, dijo a LA NACION el presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle. Si se cumpliera su pronóstico, podría verse afectado el servicio de justicia por las vacantes que quedarían.
Durante el fin de semana largo de Carnaval, los jueces con la jubilación concedida analizaron sus opciones: quedarse y arriesgarse a perder un porcentaje de su jubilación una vez que se apruebe la nueva ley o, por el contrario, renunciar ahora, antes del cambio, y pelear para que se reconozcan sus derechos adquiridos.
Pero aun así los que ya renunciaron -una decena de jueces y otros tantos fiscales desde que se anunció la nueva ley- no tienen garantías de que puedan jubilarse con el régimen actualmente vigente.
Hay dos interpretaciones: los que se apoyan en una doctrina de la Anses sostienen que los derechos se adquieren con el cobro del primer haber jubilatorio y no con la renuncia. Si esto fuera así, firmar la dimisión en el Ministerio de Justicia no les garantiza nada. Otros jueces, en cambio, creen que si se van ahora podrían hacer valer sus derechos, porque en última instancia el reclamo se va a judicializar y la Corte sería la que tenga la última palabra.
El proyecto oficial prevé que el haber inicial se calcule ya no a partir del 82% móvil del último salario en actividad, sino del 82% del promedio de los salarios de los últimos 10 años, ajustados por un índice que no está especificado en la iniciativa.
También se prevé aumentar a 65 años la edad jubilatoria y los aportes, así como extender de 10 a 20 los años de antigüedad para jubilarse por este régimen. Media docena de camaristas y fiscales hablaron con LA NACION para transmitir su preocupación y compartir sus opciones. Una jueza que lleva años en el Poder Judicial dijo que lo que la mueve a no renunciar es que se siente empujada por el Gobierno para dejar el cargo.
Si se quedara en su cargo, calcula que cuando se jubile perdería al menos un 20% de lo que le correspondería si se mantuviera el sistema actual. Aunque todo es incertidumbre, porque nadie sabe qué índice se tomará para el ajuste.
El fiscal Raúl Pleé ya lo tiene casi decidido, aunque consultará con su abogado cuando se conozca el dictamen de las comisiones legislativas (hoy se reúnen en Diputados). Son dos las que deben pronunciarse: la de Presupuesto y la de Previsión y Seguridad Social.
Entre los camaristas de la Casación hay varios jueces que tienen edad para jubilarse y la jubilación concedida, entre ellos Liliana Catucci, Eduardo Riggi, Carlos Mahiques y la presidenta, Ángela Ledesma. Pero la jueza no se va a ir por una cuestión económica. Si deja el cargo será porque cumpla 75 años o lo decida ella.
En el tribunal hay malestar, incluso de Ana María Figueroa, cercana al kirchnerismo. Ella viene de la profesión y la docencia, y desde allí llegó a la magistratura, por lo que se vería perjudicada por la nueva ley, porque con los cambios no le darían la cantidad de años de aportes como jueza para acogerse al beneficio antes de cumplir 75 años.
Jueces de tribunal oral que están llevando adelante juicios sensibles evalúan si renunciar o no y sopesan si esa medida implicaría la nulidad de los procesos.
Siete de los 15 jueces de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal están en condiciones de renunciar. El juez Leopoldo Bruglia, de la Cámara Federal, ya les dijo a sus pares que no piensa irse. Piensan distinto numerosos jueces de la Cámara Civil y de la Cámara Laboral, que evalúan qué hacer.
Los jueces están ante una disyuntiva complicada, porque por un lado son conscientes de que su imagen pública está devaluada y son objeto de críticas. Además, sus jubilaciones son mucho más elevadas que las de los jubilados del régimen general, pero al mismo tiempo interpretan como una injusticia privarse de un haber por el cual vinieron aportando más que el resto de los trabajadores en condiciones de jubilarse, con el agravante de que mientras son magistrados no pueden desempeñar otra tarea remunerada excepto la docencia.
Los puntos salientes de la iniciativa
- Edad jubilatoria: Se eleva de 60 a 65 años la edad para jubilarse. Ese requisito es particularmente perjudicial para las mujeres. Son pocos los jueces que hasta ahora se iban a los 60 años. Es más: son mayoría los que se quedan hasta el tope legal de 75 años
- 82% móvil: El haber de los jueces que se jubilan se calcula teniendo como punto de partida el 82% móvil del último salario del juez en actividad. El proyecto establece que se va a calcular sobre el promedio de ingresos del juez en 10 años, actualizado por un índice no especificado
- Más aportes: En el régimen general los aportes son del 11% con un tope. Los jueces aportan el 12% sin tope y en el proyecto se eleva al 18% sin tope
Por Hernán Cappiello
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