Los legisladores oficialistas presentarán este jueves el juicio político a la Corte y sumarán más denuncias

El oficialismo de la Cámara de Diputados presentará antes de este fin de semana -casi con seguridad este jueves- el pedido de enjuiciamiento a la Corte Suprema. La iniciativa, si bien se basará en el escrito que firmaron el presidente Alberto Fernández y once gobernadores del PJ, incorporará nuevas acusaciones con el propósito de engrosar la carga de la prueba contra los jueces del máximo tribunal.

Los 16 integrantes del Frente de Todos que integran la Comisión de Juicio Político -presidida por la oficialista Carolina Gaillard-, mantuvieron una reunión virtual este mediodía con el propósito de definir los tiempos del debate y delinear la estrategia que llevarán a la comisión. Según trascendió, la labor arrancará el 26 de este mes y si bien no se fijó un plazo para firmar el dictamen, la intención, a priori, es no extenderlo demasiado en el tiempo porque, de lo contrario, se atrasará el debate de las leyes que requiere el ministro Sergio Massa para la primera mitad del año. Como anticipó LA NACION, Juntos por el Cambio, que rechaza la embestida oficialista, confirmó ayer que no dará quorum en las sesiones del Congreso mientras el oficialismo mantenga en vilo al máximo tribunal en la Comisión de Juicio Político.

En una decisión acordada con la Casa Rosada, serán los diputados oficialistas y no el presidente Fernández los que suscribirán el pedido de enjuiciamiento. Este cambio de estrategia obedece a una razón preventiva: el oficialismo quiere asegurarse de que el proyecto mantenga su vigencia de tres años. Si el autor fuese el presidente, alegan, la oposición podría argumentar que la iniciativa debe caducar el 28 de febrero, cuando vencerá el período de sesiones extraordinarias que convocará el Poder Ejecutivo. Según trascendió, el Gobierno dará a conocer el decreto de convocatoria este viernes.

En el oficialismo no descartan incorporar nuevos hechos en el pedido de juicio político a los ya esbozados por el presidente Fernández. El primer mandatario basó sus acusaciones contra los jueces del máximo tribunal en dos ejes claves: el fallo que dispuso reasignar fondos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires y la decisión de declarar inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura sancionada en 2006 para luego reflotar la ley orgánica anterior, que había sido derogada por el Congreso. En este último caso, el principal apuntado es el presidente de la Corte Horacio Rosatti, quien asumió la titularidad del Consejo tras el fallo.

El presidente y los 11 gobernadores que lo acompañan en su cruzada contra la Corte sostienen que ambos fallos fueron arbitrarios y que los jueces incurrieron en mal desempeño en sus funciones por avasallar atribuciones propias del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. En su proyecto, los diputados oficialistas mantendrán estas acusaciones, aunque sumarán nuevos elementos con el propósito de engrosar la carga de la prueba contra el máximo tribunal.

Uno de los casos que se sumarían al pedido de enjuiciamiento apunta contra el juez Carlos Rosenkrantz por su actuación en causas sobre delitos sobre lesa humanidad que se tramitaron en la Corte. La diputada Vanesa Siley -miembro de la comisión- lo acusó por mal desempeño en sus funciones en 2017 y en 2022. No se descarta que el oficialismo también arremeta contra los jueces por los manejos administrativos en el máximo tribunal. Juan Carlos Maqueda, por caso, quedó involucrado en una denuncia por presunta corrupción en el manejo de la obra social del Poder Judicial. La Coalición Cívica, por su parte, presentó un pedido de juicio político contra Ricardo Lorenzetti por supuestos desmanejos en la administración presupuestaria de la Corte mientras ejerció la presidencia. Sin embargo, el oficialismo no lo sumaría en su proyecto.

La reunión virtual que mantuvieron los legisladores oficialistas tuvo asistencia perfecta, destacaron los voceros de la reunión. “La reunión fue muy buena, aquí no tenemos grietas”, enfatizaron, en un intento por mostrar cohesión y unidad.

En un comunicado posterior al encuentro, el Frente de Todos convocó al resto de los bloques opositores -que rechaza el pedido de enjuiciamiento a la Corte- a dar “una discusión intensa, desde nuestras verdades relativas, de cara a la sociedad argentina”. La oposición de Juntos por el Cambio ya anticipó que dará el debate en la Comisión de Juicio Político para rebatir las acusaciones oficialistas contra los jueces de la Corte.

Respuesta de la oposición

“La Constitución Nacional no es una verdad relativa -respondió el diputado radical Mario Negri, miembro de la comisión-. Los fallos de la Corte deben cumplirse. En medio de la crisis social y económica el FDT solo tiene como programa llevarse puesta a la República, garantizar la impunidad de CFK y naturalizar la anarquía por encima de la ley”.

La oposición anticipó que no dará quorum ni acompañará ninguna de las leyes del Poder Ejecutivo mientras perdure la investigación a los jueces de la Corte. La postura de Juntos por el Cambio generó críticas en el oficialismo, que se ve condicionado a acortar el proceso para poder avanzar en los proyectos que le reclama el ministro Massa.

“La presión de los grupos dominantes ya no es solo sobre cada integrante sino que también es de carácter institucional. Ahora Juntos por el Cambio dice que no va a tratar ninguna ley si no sacamos el juicio político. Eso es gravísimo. Están anunciando que van a paralizar el Congreso”, sostuvo el diputado Leopoldo Moreau en declaraciones radiales.

De todas maneras, en el oficialismo celebran que Juntos por el Cambio haya decidido participar de la Comisión de Juicio Político. “Nosotros queremos hacer un trabajo serio, ajustado a derecho, sin chicanas. Por eso es importante que la oposición esté presente”, sostienen.

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