Los jueces apuntados ya preparan su estrategia: esperarán el decreto que los corra y pedirán instrucciones a la Corte

Los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, a los que el Senado les negó el acuerdo en su sesión de hoy con el fin de hacerlos volver a sus cargos anteriores, no planean moverse de sus escritorios sin un nuevo decreto presidencial, similar al que los trasladó a sus actuales cargos. Además, tienen previsto recurrir a la Corte Suprema de Justicia, una vez más, para que les de certezas sobre dónde tienen que trabajar. Sus puestos anteriores ya están ocupados por jueces suplentes y fueron convocados concursos para cubrirlos con magistrados definitivos.

Ahora, Bertuzzi y Bruglia están a la expectativa de ver qué mecanismo se pondrá en marcha tras el rechazo de darles un nuevo acuerdo en el Senado, que le fue comunicado anoche al Poder Ejecutivo. Entienden que ellos fueron traslados por decreto desde su tribunal oral federal a los actuales lugares que ocupan en la Cámara Federal y que solo un nuevo decreto puede moverlos de sus cargos. Interpretan, además, que ese nuevo instrumento sería ilegal.

Lo que dijo el Congreso no tiene fuerza ejecutoria para sacarlos de sus despachos -interpretan los camaristas- y como ejemplo señalan que cuando se discute el nombramiento de un juez, el acuerdo del Senado no lo convierte en magistrado, es el Poder Ejecutivo el que lo hace con un acto administrativo que es el decreto.

Pero los camaristas señalan que un decreto no puede anular otro, porque argumentan que se trata de actos administrativos ya firmes, "pasados en autoridad de cosa juzgada", notificados y que crearon derechos subjetivos. Creen que ese acto administrativo anterior -el decreto de traslado- solo puede ser anulado por un acto judicial.

Por eso, aún cuando se les negó un nuevo acuerdo y mientras no medie otro decreto, los camaristas seguirán en sus cargos, porque entienden que tanto el pronunciamiento del Consejo de la Magistratura como la decisión del Senado son opiniones y no actos ejecutivos. Aún si en lugar de un decreto se elige instar el traslado desde el Consejo de la Magistratura, los jueces seguirán en su despacho y recurrirán a la Corte, como la cabeza que organiza el funcionamiento del Poder Judicial y tiene la superintendencia.

Los camaristas argumentan que no pueden volver a sus cargos anteriores porque ya están ocupados por subrogantes y el Consejo de la Magistratura ya tramita concursos para cubrir esas vacantes.

El juez Castelli entiende que la última palabra la tiene la Corte, como ya anticipó, y no la tiene el Senado. Allí planteó un per saltum, al igual que sus colegas Bruglia y Bertuzzi. La Corte no tuvo el énfasis que esperaron los jueces cuando ayer dijo que tiene presente su reclamo y que lo va a revisar al final del asunto. Por ahora, quedaron a la intemperie.

Castelli señaló que tiene fe en lo que vaya a resolver la Corte, que entiende que va a "impedir el drama institucional actual, con el posible enfrentamiento entre dos poderes del Estado".

"Expliqué a la Corte en el per saltum que la remoción temporaria es igual a la definitiva, porque es una remoción encubierta", dijo. "Cuanto menos, le voy a preguntar a la Corte qué quiere que haga, aunque tengo la expectativa de que la Corte se pronuncie antes de que se firme un nuevo decreto", afirmó. "Es una maniobra ilegal tipo cascada, donde el Senado dispone no dar acuerdo y después hay un decreto del Poder Ejecutivo o una orden al Consejo para trasladarme", dijo.

"La Corte ya dijo que tiene la última palabra -afirmó-, no el Senado y eso es un mensaje para el Senado. No va a permitir que me quede un día fuera de mi trabajo."

Ante esa situación de inestabilidad, uno de los camaristas bromeó con que iba a poner un banquito en el hall central de Comodoro Py 2002, para instalarse y esperar hasta que la Corte le diga dónde debe ir a trabajar.

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