Los jueces federales y nacionales rechazaron el traspaso a la Ciudad que prevé la ley ómnibus de Milei
Se pronunciaron los presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales de todo el país contra el proyecto que plantea que los tribunales civiles, laborales o comerciales sean porteños
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LA NACION
Los presidentes de las Cámara Nacionales y Federales de todo el país reaccionaron rápido para oponerse al traspaso de la Justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires, incluido en el proyecto de “ley ómnibus” que el presidente Javier Milei envió al Congreso.
En la práctica, esta decisión implica que los jugados comerciales, laborales o civiles que funcionan en la Capital Federal pasen a depender del Poder Judicial de la Ciudad y no de la Justicia nacional, como hasta ahora. Esta es una vieja pelea que viene desde la reforma constitucional de 1994, que prevé el traspaso, pero hasta ahora los jueces lo resistieron con éxito.
Este miércoles, poco después de conocido el proyecto de “ley ómnibus”, la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales de todo el país firmó con velocidad un extenso documento de una decena de carillas en el que remarca tres argumentos: que los tribunales nacionales fallan en casos que van más allá de la Ciudad, con litigantes y empresas de todo el país; que los jueces nacionales fueron nombrados según la Constitución Nacional y se les ha tomado juramento como jueces de la Nación, por lo que su investidura no puede ser alterada sin su consentimiento; y que a la sociedad no le preocupa ni la ocupa el traslado judicial.
Mencionaron en ese sentido, con numerosos ejemplos, casos de empresas con sedes en diversas partes del país que tramitaron sus concursos en la Justicia nacional comercial, otras que litigaron sus casos laborales aquí y hasta abundantes ejemplos de la justicia criminal y correccional que investiga delitos que ocurren en diversas jurisdicciones. Hablaron de fallos sobre la libertad de expresión, causas relacionadas con las ART, las plataformas digitales, entre otros, resueltos por la justicia civil nacional. Lo mismo ocurre con la justicia laboral, que decide sobre las multas impuestas por el Ministerio de Trabajo.
En segundo lugar, mencionaron que se está ante un “notable retroceso del federalismo”, pues la provincias se verían afectadas en aspectos esenciales de su actividad económica y social por decisiones de jueces en cuya designación y contralor no habrían tenido ninguna participación”. Y para colmo nombrados según las normas nacionales y no las porteñas. “La inamovilidad de los magistrados es un principio básico de la independencia del Poder Judicial”, señalan los jueces.
Por último, hablaron de la oportunidad. Dijeron que el traspaso de la Justicia nacional “se encuentra lejos de los intereses que hoy en día tienen los justiciables, aquejados por múltiples dificultades”, como las vacantes, la demora, o la cantidad de causas,
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