Los interrogantes sobre el Consejo de Mayo, el ente que debería supervisar el pacto entre Milei y los gobernadores
En la Casa Rosada confían en lo que puede arrojar la convocatoria a distintos sectores que componen el acuerdo y que deberán trabajar tras la firma en Tucumán
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“La idea es intentarlo sinceramente y ponernos de acuerdo en cosas que funcionen para destrabar la economía”. La frase, de fuentes muy cercanas al presidente Javier Milei, se usó para definir al Consejo de Mayo, una propuesta del Gobierno que todavía aparece envuelta en imprecisiones y que, en los papeles, buscará sentar en una misma mesa a un representante por cada sector: el Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados, el Senado, los gobernadores, las entidades gremiales y los empresarios. Esa mesa, cuya elección de sus miembros asoma nada sencilla, estará a cargo de supervisar el avance de los nuevos 10 puntos del Pacto de Mayo.
El Consejo es parte del compromiso al que este 9 de julio suscribirán en Tucumán quienes firmen el “Acta de Mayo”. Fue convocado el 25 de mayo pasado, en Córdoba, por el propio mandatario. Según se explicó oficialmente en términos pomposos, el Consejo será “para discutir el grande, augusto y sagrado objeto de la refundación de la Patria”.
Entre los invitados que aceptaron ir a la vigilia en Tucumán subsisten incógnitas por la falta de definiciones.
Para el Gobierno, el Consejo de Mayo es un “compromiso” de las partes “involucradas para la gobernabilidad del país”, con el que, según aseguran, se buscará “sentar las bases para construir un país” y que esto se pueda “proyectar en el cambio”. “No puede ser que cada cuatro años cambie todo”, agregaron.
A pesar de la expectativa, en la Casa Rosada aún no hay demasiadas definiciones sobre cómo se implementará el Consejo a cargo de transformar en realidad los puntos del pacto. La mayor definición hasta ahora es que cada sector elegirá su representante. Es un misterio cómo harán para ponerse de acuerdo. En el interior de cada sector, por ejemplo, entre los gobernadores, anidan diferencias profundas.
En el Gobierno se desligan de eso, aunque descuentan que no será fácil para cada uno de esos sectores y, eventualmente, si frenan los avances, “quedarán al descubierto intereses y mezquindades”, argumentan.
Buena parte de la expectativa que hay en el Gobierno con el Consejo tiene que ver con el momento. “Creemos que el tiempo está de nuestro lado, porque la economía lo está”, dicen muy cerca del mandatario.
Los “embates massistas”
Tras una semana con reacción negativas de los mercados, las miradas en el Gobierno coincidieron hacia la oposición. “Si ellos se quieren llevar puesto a Javier, no están viendo lo que la gente piensa de ellos, y de las instituciones, y va a ser al revés: se los van a llevar puestos a ellos”, dicen en Balcarce 50, donde están convencidos del sustento que les brinda el apoyo de la ciudadanía.
En ese sentido, los principales cuestionamientos apuntan al derrotado candidato presidencial Sergio Massa. Públicamente, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue quien acusó al exministro de Economía de ser el responsable del “mantenimiento del club del helicóptero”. Lo mismo piensan cerca del Presidente: señalan que Massa estuvo detrás de una semana compleja en materia económica.
En las más altas esferas del Gobierno se muestran convencidos de que en estos casi siete meses de gobierno “Massa atacó tres veces”. La primera, con el aumento de las empresas de medicina prepaga. “Quisieron ganar en tres meses lo que no habían ganado en años”, afirman en el Gobierno, que fundamenta sus señalamientos a Massa en sus vínculos con un empresario del sector. La explicación choca con que fue un decreto del presidente Javier Milei el que habilitó a las compañías que elevaran sin freno las cuotas a sus afiliados y que cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, accionó para que las empresas dieran marcha atrás con las subas, recibió críticas veladas desde el propio oficialismo.
El segundo embate que le achacan a Massa fue la marcha en defensa de las universidades públicas, que obligó al Gobierno a descongelar el envío de fondos a las casas de altos estudios. “Movió todo el músculo peronista”, le achacan al exministro, que se mostró en esa protesta pero perdió espacios en el peronismo tras la derrota electoral. También le achacan haber desfinanciado el presupuesto universitario durante su paso por el Palacio de Hacienda.
“Con las prepagas apuntaron a nuestros votantes adultos; con las universidades, a los jóvenes”, argumentan en la Casa Rosada.
El tercer “golpe” de Massa lo asocian con la suba del dólar y el riesgo país y la caída de los bonos argentinos de las últimas semanas. Allí apuntan a una supuesta “amistad” de Massa con un banco al que vinculan con los vaivenes en los mercados. La acusación quita el foco sobre el propio Gobierno y el impacto de la conferencia en la que el ministro Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, ratificaron la política económica y evitaron adelantar una salida del cepo.
Francos, quien la semana pasada señaló públicamente a Massa como quien trabaja para desestabilizar al Gobierno, este domingo afirmó: “Se generó una suerte de inestabilidad sin causa, porque el Gobierno no cambió la concepción política y económica que tiene desde un principio”, afirmó, entrevistado por Radio Mitre. “La salida del cepo se va a hacer, pero tienen que darse condiciones que permitan transitar ese espacio con total tranquilidad”, completó.
Sin embargo, cerca del Presidente evalúan que los “ataques” podrían repetirse en un momento en el futuro no muy lejanos. Afirman que el próximo golpe podría llegar del sector energético. Nuevamente, señalan genéricamente que Massa tiene “muchos intereses” en el área, donde la Casa Rosada pagó una deuda con un bono que incluye una quita del 50%. “Si nos bancamos este torpedo, nos bancamos cualquier cosa”, se envalentonan en el Gobierno.
Además de no mirar las medidas que la Casa Rosada tomó frente a esos sectores, la acusación encierra otras contradicciones. En especial, la enorme cantidad de funcionarios massistas que continúan en sus puestos. En especial, en áreas sensibles, como la AFIP y Aduana.
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