Los interrogantes que dejó el avión sobre el accionar y la agenda de los servicios de inteligencia

El avión venezolano con tripulación iraní puso a prueba las capacidades de prevención del terrorismo del Gobierno. A la luz del sol, la AFI y el Ministerio de Seguridad dejaron traslucir hipótesis distintas y motivaron pedidos de explicaciones de la oposición por la demora en la retención de la aeronave. Todo ocurrió en el mismísimo momento en el que Alberto Fernández estaba cambiando a su Señor 5, el jefe máximo del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN).

Al día de hoy, Fernández y sus ministros creen que el avión de Emtrasur (de la venezolana Conviasa) no hizo más que un trabajo de flete de autopartes y de instrucción de vuelo, mientras la pista internacional abona que todo es una fachada para una operatoria de largo plazo de tareas de espionaje para grupos terroristas. Israel, en sintonía con las autoridades de Paraguay, adviertieron que el Boeing 747 y su piloto, Gholamreza Ghasemi, operan para la Fuerza Quds. Pero en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) tiene al tripulante catalogado como un homónimo. Y en la oposición -donde manejan sus propias fuentes de información- apuntan a la vulnerabilidad de los servicios de inteligencia.

“La agencia tiene sus capacidades intactas para cumplir con las obligaciones de la Ley de Inteligencia”, dijo el flamante titular de la AFI, Agustín Rossi a LA NACION, consultado a una semana de haber reemplazado a Cristina Caamaño al frente de la agencia.

-¿Incluida la prevención del terrorismo?

-Sí, efectivamente.

Rossi ya transmitió que pretende darle “continuidad” a la senda que marcó Caamaño durante su intervención de dos años y medio a los servicios. La gestión de la ex interventora estuvo centrada en “desenchufar” a la AFI de los tribunales (al dejar de asistirlos como auxiliares de Justicia) y en impedir tareas de espionaje interno, además de eliminar gastos reservados y acotar el uso de nombres supuestos e identidades encubiertas. Parte de los recursos se redireccionaron para producir información estratégica en materia económica, además de una batería de denuncias contra su antecesor, Gustavo Arribas.

En la oposición -pero también en algunos despachos del Gobierno- apuntan que esa agenda pudo haberle quitado músculo a las tareas de prevención del delito organizado transnacional. “Hoy no estamos protegidos para enfrentar una amenaza de ataque terrorista. En la Triple Frontera los agentes están tomando mate”, lanzó Gerardo Milman, ex viceministro de Seguridad y extitular de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (Dinic). En una dependencia oficial deslizaron días atrás sobre la gestión de Caamaño: “Recibimos informes del contrabando de soja por la Hidrovía, de los intereses internacionales en torno al litio, pero ¿estamos tranquilos?”.

Un importante funcionario al tanto del área replicó: “La decisión de redireccionar los recursos y dejar de hacer tareas de espionaje ilegal tuvo que ver justamente con fortalecer las áreas vinculadas con la seguridad nacional. Hoy la AFI no perdió operatividad”. Y agregó: “Tiene capacidades y también se pueden mejorar. No le falta músculo, pero siempre se puede fortalecer”.

Cooperación internacional

Otro de los puntos que quedó bajo la lupa fue el de la cooperación internacional. “Mermó el relacionamiento con los servicios de inteligencia del exterior y con las hipótesis de terrorismo internacionales”, dijo a LA NACION un exministro de la gestión de Mauricio Macri, que apuntó sin mencionarlas a la CIA y el Mossad.

En el Gobierno rechazaron que esto sea así y recordaron que Caamaño estuvo en la CIA hace semanas atrás. Advirtieron que la AFI “tiene instancias de cooperación con todos los países”. El “multilateralismo” que pregona el Gobierno en materia de política exterior tiene un correlato también en la inteligencia, en una materia que es muy sensible para los Estados Unidos e Israel.

En lo concreto, hasta ahora se tramitaron más de 70 alertas por terrorismo o financiamiento del terrorismo durante la gestión de Alberto Fernández. Según pudo reconstruir LA NACION, en el caso del avión venezolano, la primera información que recibió la AFI provino de los agentes corresponsales que el propio organismo tiene en Paraguay. Luego la agencia trabajó con sus propias fuentes y con información de servicios colaterales (agencias exranjeras) para finalmente desestimar conexiones con grupos terroristas. Los servicios internacionales, además, hicieron contacto por vías informales con fuerzas del Ministerio de Seguridad que desplegaron los operativos sobre el avión el viernes 9, luego de un periplo de cuarto días para abastecerse de combustible.

Tanto Israel como los Estados Unidos mostraron conformidad con las autoridades argentinas, a pesar de que en el Gobierno desacreditan una conexión entre la tripulación y la Fuerza Quds. Paraguay, que vivió un suceso similar con el mismo avión semanas atrás, declaró públicamente que el piloto de la aeronave es “una persona vinculada al Quds sin ninguna duda”.

Otro punto de controversia que quedó en evidencia se vincula a los criterios a adoptar. Hoy el ministro de Seguridad de la Ciudad dijo que no se debió permitir el arribo de la aeronave y que los iraníes “ingresan al país porque se sienten que están ingresando a un país amigo”. Las sanciones financieras que impone la Office of Foreing Assets Control (OFAC), como las que pesan sobre Conviasa y Mahan Air, son una fuente de información abierta que se utiliza habitualmente en materia de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Las compañías internacionales aplican ese criterio para no se sancionadas y es por eso que las petroleras de Ezeiza se resistieron a abastecer de combustible al avión. El Gobierno, no obstante, se basa en la lista de sancionados por la ONU, que es la que alimenta el Registro Público de Entidades vinculadas al Terorismo (RePet) que maneja la Argentina, además de vigilar las alertas rojas de Interpol.

Bajo la lupa quedó también el papel de la inteligencia en la Triple Frontera, un territorio en el que se investigan actividades ilegales de diverso carácter bajo el asedio del narcotráfico y de presuntas conexiones con el terrorismo. “Estamos buscando a contrabandistas de soja en lugar de narcotraficantes y terroristas”, lanzó Milman. En el Gobierno aseguraron que la zona “es un objetivo permanente” de la AFI. Y remarcaron la actuación que tuvieron los agentes asignados a ese territorio frente al itinerario del avión.

Un importante funcionario de la Casa Rosada reconoció que durante toda la semana “faltó un interlocutor que sintetizara la información que tenían los organismos públicos para no exhibir contradicciones” en torno al avión. Hoy se sabe que la hipótesis que manejan los servicios es la misma que defiende el Presidente, que hoy subrayó que sobre los cinco iraníes “no pesa ninguna restricción”.

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