Los interrogantes ocultos detrás del juicio por YPF

"Quédese tranquila. Le garantizo que no vamos a proteger ni encubrir a Enrique y Sebastián Eskenazi. Esperamos un fallo favorable de la Corte Suprema de Estados Unidos", me dijo el presidente y CEO de YPF en una larga conversación que mantuvimos en la torre de Puerto Madero. "Pero si no fuera así, cosa que no creemos, tenemos otras estrategias. Ya nos presentamos como querellantes en la causa (por vaciamiento) que investiga el juez Ariel Lijo. Le aportamos toda la información que nos solicitó y hace poco nos dio vista al expediente".

Miguel Gutiérrez tiene un aire pausado y sereno que contrasta con las exigentes responsabilidades de su cargo. Entre ellas, seguir de cerca el juicio millonario contra la petrolera y el Estado argentino iniciado en 2015, en Nueva York, por Petersen Energía y Petersen Inversora, tras la estatización de la compañía. Estas dos empresas fantasma (no tenían ni activos ni actividad) fueron creadas en España por Enrique Eskenazi y sus hijos para adquirir el 25% de YPF sin poner un peso, en una maniobra fraudulenta ideada por Néstor Kirchner y bautizada "argentinización de YPF", que implicó su vaciamiento.

El juez Lijo tiene en su poder el detalle de toda la operación, incluso con los números de cuentas bancarias, de cómo Repsol y los Eskenazi se repartieron US$24.193 millones en dividendos entre 2008 y 2011, cuando las ganancias fueron de US$16.676 millones. Sin fondos para reinvertir y sobreendeudada, la producción de gas y petróleo de YPF colapsó, al tiempo que la Argentina perdió el estratégico autoabastecimiento. Entre 2010 y 2017 el país tuvo que importar la descomunal cifra de US$50.000 millones en energía, lo cual desequilibró las finanzas públicas y generó una crisis económica que aún persiste.

De perder el juicio, la Argentina tendrá que pagar otra indemnización de entre U$3000 y US$5000 millones. Sería un durísimo golpe luego del rescate del FMI. Por ser YPF una empresa que cotiza en Wall Street, el caso se tramita en Nueva York, en el mismo juzgado del fallecido juez Griesa. Después de la estatización, las empresas Petersen se declararon en quiebra y el estudio de abogados londinense Burford Capital compró el 70% de los derechos para litigar en contra de nuestro país. En su defensa, el procurador del Tesoro nacional y los letrados de YPF reclaman que el pleito se traslade a la jurisdicción argentina. Aunque ya perdieron en primera y segunda instancia, esperan que la Corte Suprema de ese país tome el caso (algo muy excepcional) y falle a nuestro favor. Recientemente lograron que Chile y México se presenten como amicus curiae (amigos del tribunal) apoyando nuestra moción. Creen que el presidente Donald Trump hará lo mismo.

Otros analistas son menos optimistas y piensan que como ya ocurrió con los holdouts, la estatización de Aerolíneas Argentinas y el juicio de Repsol, el Estado argentino perderá este juicio. Se preguntan: ¿por qué hasta ahora no denunció ante la Justicia norteamericana que la adquisición del 25% de YPF por el grupo Eskenazi fue un gran acto de corrupción que no merece indemnización alguna y está siendo investigado por la Justicia Federal argentina? Sebastián Maril, especialista en deuda soberana, afirma que el mercado financiero internacional apuesta a que Burford Capital ganará el pleito. "Sus acciones, que cotizan en la Bolsa de Londres, explotaron desde 2016 cuando compró estos activos. Burford adquirió los derechos para litigar en US$15millones y revendió este año el 28% en US$128 millones. Hay mucha expectativa".

Si el gobierno argentino pierde el reclamo ante la Corte Suprema de EE.UU., Maril opina que podría solicitar al tribunal de primera instancia a cargo de la causa que inicie un proceso de discovery, de presentación de pruebas, para demostrar que las empresas Petersen adquirieron acciones de YPF en forma fraudulenta. "Al investigar la argentinización abrirías una lata de gusanos que todo el mundo quiere que se abra, empezando por Lilita Carrió", advierte. "Petersen no cobraría un peso, pero podrían caer las acciones de YPF y subir el riesgo país".

Carrió fue quien presentó la primera denuncia por asociación ilícita y vaciamiento de YPF contra Cristina Kirchner, Julio De Vido, Roberto Baratta, Antonio Brufau de Repsol y Enrique y Sebastián Eskenazi. Quien también aportó una enorme cantidad de pruebas es el abogado Ricardo Paz Herrera, que compró unas pocas acciones de YPF en 2014 para asistir a las asambleas de accionistas y acceder a sus balances y actas. En 2015, presentó una demanda penal por encubrimiento ante el juez Lijo, contra Miguel Galuccio, Axel Kicillof y el primer directorio de la petrolera estatizada. En sus escritos demuestra con cuentas bancarias y documentos lo que siempre se sospechó: que Enrique Eskenazi probablemente fuera el testaferro de Néstor Kirchner y que los fondos ocultos que garantizaron el crédito por US$3300 millones que recibió para comprar YPF sin desembolsar un peso propio fueron los desaparecidos fondos de Santa Cruz.

Enrique Eskenazi compró el Banco de Santa Cruz en los años 90 cuando Kirchner era gobernador. En ese entonces la provincia recibió unos US$1000 millones en regalías petroleras y por la privatización de YPF. El dinero desapareció de las cuentas provinciales, pero US$600 millones reaparecieron años después en una cuenta del Credit Suisse en Zurich a nombre de Néstor Kirchner. Fue girado hasta allí por el banco de Eskenazi. A su vez, el Credit Suisse fue el que lideró el consorcio de bancos que le prestó a Eskenazi la mitad del dinero para comprar YPF sin pedirle garantías. "Otorgar créditos sin garantías no es habitual", señaló Gutiérrez durante nuestra conversación y, motu proprio, mencionó los fondos santacruceños. La otra mitad del préstamo la puso Repsol. Es decir, les prestó dinero a los Eskenazi para que le compraran parte de la empresa. ¿Suena extraño, no? El crédito se fue repagando con los dividendos extraordinarios que retiraron ambos accionistas hasta dejar exhaustas las finanzas de la compañía. Cuando esto ocurrió, Cristina Kirchner anunció la reestatización.

Pero las maniobras turbias no terminaron allí. En mayo de 2014, cuando el gobierno argentino indemnizó a Repsol por US$8900 millones (sumando bonos e intereses), el entonces CEO Galuccio hizo aprobar en la asamblea de accionistas el desistimiento de toda acción legal contra Repsol (en consonancia, dijeron, con la ley votada en el Congreso), pero la iniciativa también incluía a los demás exdirectores y funcionarios de la petrolera, como los Eskenazi. Paz Herrera se opuso a esa moción y denunció a Galuccio, Kicillof y el directorio por encubrimiento, dado que el acuerdo entre el Estado y Repsol no mencionaba ni a los Eskenazi ni a otros accionistas.

Meses después, el 8 de abril de 2015, las empresas Petersen exoneradas por Galuccio demandaron a YPF. ¿Qué hizo entonces el CEO? Sin informar lo ocurrido a la asamblea de accionistas, el 30 de abril de 2015 hizo aprobar otra acta en la que esta otorgaba "indemnidad" a los directores, exdirectores, síndicos y funcionarios jerárquicos ante cualquier demanda "pasada o futura" contra la compañía. Así se liberaban tanto él como el resto de toda responsabilidad legal y económica por sus acciones. ¿Para qué se les pagan suculentos sueldos a los ejecutivos, directores y síndicos si no son responsables por sus actos?

¿Cómo terminó la historia? Antes de renunciar a su cargo en 2016, Galuccio, quien se negó sistemáticamente a informar cuánto ganaba como presidente y CEO de YPF, le pidió a la asamblea de accionistas que aprobara una compensación extraordinaria por los servicios prestados equivalente a US$5 millones. Aunque el ejecutivo dejó la empresa sobreendeudada e indefensa ante el juicio de Nueva York, los accionistas le dieron el sí y lo felicitaron. Es que como sabemos, en nuestro bendito país las ganancias siempre son privadas, pero las deudas las termina pagando el Estado. Es decir, los contribuyentes ajenos a esos negociados.

Periodista y exsenadora

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