Los intendentes esperan un fallo favorable de la Corte por las tasas municipales

La Corte Suprema de Justicia fallará antes de las elecciones de agosto sobre el conflicto entre la comuna de Quilmes y la petrolera Axion sobre el modo de calcular las tasas municipales de seguridad e higiene, un litigio que ayer reunió en el Palacio de Tribunales a más de 100 intendentes de todos el arco ideológico para argumentar públicamente frente a la compañía, en un inédito gesto político de unidad en defensa de las arcas municipales en plena campaña electoral.

Los intendentes se fueron satisfechos del Palacio de Tribunales, con la impresión de que el trío de jueces conformado por Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda fallará en su favor, según dijeron algunos de ellos al término de la audiencia. Sin embargo, en la Corte no está nada definido aún, según fuentes del tribunal. El martes empezarán a tantear el asunto. Los municipios de todo el país defienden su facultad de cobrar tasas a las empresas instaladas en sus distritos. Un fallo negativo causaría un gran daño en las cuentas públicas locales y provinciales.

Los intendentes apuestan al pasado de Rosatti como constituyente, autor de un tratado sobre municipalismo e intendente. En la audiencia, los jueces del máximo tribunal preguntaron en forma incisiva, lo cual dejó intuir sus posturas. Pero aún es prematuro. De todos modos, Maqueda fue punzante ante la abogada de Axion y Rosatti le pidió a otro de los letrados que se concentre cuando estaba argumentando. Lorenzetti, incisivo, preguntó sobre si la empresa tenía en cuenta las razones de la comuna para reclamar el pago de las tasas. El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, se excusó de votar en el caso. Y Helena Highton, como vicepresidenta, presidió la audiencia. Hablaron los abogados de Axion, los de la municipalidad de Quilmes, su intendente, Martiniano Molina, y doce amigos del tribunal, amicus curiae, que sumaron argumentos, la mitad en favor de los intendentes y la mitad de la empresa.

Todos eran pesos pesados: del lado empresario hablaron, además de representantes del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), Copal y Uipba, la Cámara de la Mediana Empresa (CAME), la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación Argentina de Estudios Fiscales (AAEF). Del lado de los intendentes, habló Jorge Macri de Vicente López, (Cambiemos), y el abogado que los representaba, el cordobés Antonio Hernández. Además del ministro bonaerense Joaquín de la Torre, pues la provincia apoya el reclamo municipal.

Si bien el eje del reclamo es cómo se calcula el monto de la tasa y su legitimidad en relación con el costo del servicio prestado por la comuna para mantener la seguridad e higiene de las estaciones de servicio, los intendentes hicieron girar su argumentación sobre la propia existencia de la tasa municipal y la necesidad de seguir cobrándola. Centraron sus cuestionamientos en la autonomía municipal. El abogado Hernández insistió en que el 35 por ciento de los ingresos en territorio bonaerense de los municipios proviene de estas tasas.

La empresa cuestiona que Quilmes fija sus tasas teniendo en cuenta lo que tributa Axion por ingresos brutos en toda la provincia y no por las dos estaciones de servicios que funcionan en la comuna.

En representación de la UIA, la abogada Gabriela Inés Tozzini fue tajante al advertir que "si en la tasa se incorporan ingresos ajenos al municipio, claramente estamos en presencia de una irracionabilidad manifiesta porque nunca refieren a servicios que se hayan prestado".

Y añadió: "La parte demandada [municipalidad de Quilmes] confunde autonomía municipal con límites a la potestad tributaria municipal. Todos los Estados en el federalismo tienen límites tributarios; tanto el Estado nacional como las provincias y los municipios. ¿O acaso las provincias, de las que nadie va a dudar de su autonomía, podrán establecer derechos de importación y exportación?", preguntó.

En su protesta, la empresa sostiene que se toman los ingresos brutos de otros municipios como base para calcular lo que deben pagar y cuestionan que los servicios que reciben a cambio no tienen una valuación cierta por parte de la comuna.

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