Los intendentes del conurbano relevan fuertes dificultades sociales, pero no ven condiciones para un estallido
Coinciden en que reciben mayor demanda de alimentos, aunque no observan una situación extrema; sostienen que el Gobierno les cortó la asistencia; menor recaudación por tasas y expectativas oscuras
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LA NACIONJavier Fuego Simondet
En el conurbano bonaerense, los intendentes observan un aumento en la necesidad de asistencia alimentaria, como punta de lanza de una serie de problemas que consideran producto de los primeros meses de gestión del presidente Javier Milei. No obstante, desestiman por el momento la posibilidad de que la situación se desmadre hasta producir un estallido social. En algunos casos, fundamentalmente de jefes comunales peronistas, consideran que funcionan mecanismos de contención y, en otros, pertenecientes al espacio que fue Juntos por el Cambio, remarcan cierta paciencia en los afectados a partir de la aceptación del ajuste como alternativa ineludible para la crisis económica nacional.
Entre las escenas que describien para ilustrar la situación está la puesta en marcha de ollas populares en Merlo para atender la demanda alimentaria que -aseguran en ese distrito- es creciente. También, la falta de precios ordenados para comprar alimentos, que esgrimen en Esteban Echeverría como motivo para suspender momentáneamente la adquisición de mercadería.
El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez (Unión por la Patria), traza un escenario complejo en su distrito, uno de los más populosos de la zona oeste, en la primera sección electoral. “La situación es alarmante, solo cubierta por los municipios. No recibimos ni un paquete de harina desde el 10 de diciembre. La devaluación y el ajuste permanente por inflación hacen que mucha gente no pueda alimentarse. En pandemia, brindábamos asistencia alimentaria a 180 mil personas; bajamos a 90 mil, y ahora superamos las 100 mil”, resume Menéndez, en diálogo con LA NACION.
Menéndez asegura que activó “350 nuevos puntos de ollas populares”. Y señala: “Mientras los tengamos, [el cuadro] estará controlado”. Indica que el municipio gastaba en asistencia alimentaria “$230 millones por mes, hace siete meses, y hoy gasta $1600 millones”. Con las ollas, sostiene que ahorra “$400 millones” en el rubro. “No veo condiciones de estallido, pero están jugando a la ruleta rusa”, concluye.
Merlo es uno de los distritos en los que se produjeron cierres de comedores por la retirada de la provisión de alimentos secos dispuesta por el gobierno nacional, tal como informó este diario el 11 de febrero con el caso de un establecimiento que ofrecía diariamente la merienda y tres comidas por semana, que manejaba la organización “La William Cooke” y asistía a unas 100 personas diariamente.
En la zona sur se advierten problemas similares. Fernando Gray (Unión por la Patria), intendente de Esteban Echeverría, enumera: “Dejamos de recibir asistencia nacional en alimentos y en herramientas (comprábamos herramientas para personas sin empleo, para que puedan hacer sus emprendimientos). Hay mayor cantidad de pedidos y problemas con los proveedores, porque no hay precio. Mayor inscripción en escuelas públicas y un leve aumento en [la demanda de] salud pública”.
“En enero y febrero no distribuí alimentos, en marzo tampoco lo voy a hacer. No he podido comprar por el desorden de proveedores. En abril voy a comprar, pero la ayuda alimentaria del municipio es el 20% [de lo que se necesita]”, indica Gray. “¿Hasta cuándo se puede seguir así? No sé. Tampoco podremos darles a todos los que necesitan en el distrito. Gastábamos $120 millones en alimentos por mes”, calcula y remarca que le pidió sin éxito “una reunión a [la ministra de Capital Humano, Sandra] Pettovello”.
La alerta alimentaria que presentan los intendentes se condice con los motivos que esgrimió el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA). En su más reciente informe, que estableció que la pobreza legó en enero al 57,4%, un salto del índice, que en diciembre había sido del 49,5%.
Las dificultades para los responsables de espacios de asistencia alimentaria en barrios del conurbano se generalizan, por la escalada en la demanda. Es el caso del comedor “Alberto Rodríguez”, de la localidad de Tierras Altas, en el partido de Malvinas Argentinas. La responsable de este espacio que administra la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Jessica Rodríguez, afirmó el miércoles, en declaraciones a radio Splendid, que “se entregaban 50 viandas por día, pero de diciembre para acá, se triplicó”. Agregó que “no llega mercadería, y los compañeros van a buscar a los containers de los mayoristas de verdulería lo que se tira, y salen a pedir a los supermercados”. Específico que entregan la comida a las 12, pero “desde las 9 hay gente haciendo fila” frente al comedor, que lleva el nombre de su padre.
Un intendente de mayor cercanía con La Libertad Avanza incluye otro factor en el diagnóstico del impacto de los primeros meses de gestión mileísta. “En enero, nos cayó la recaudación [por el cobro de tasas] un 25% en comparación con el mismo mes de 2023. Tengo poca espalda de caja para aguantar. Estamos con preocupación por si la cosa empeora. Bajé la pauta [publicitaria] a cero y no hago bacheo. Pero soy optimista, va a haber un poco de aire”, plantea el jefe comunal, que sostiene que “no hay sensación de que esto explota y no da para más”.
La misma fuente de mejor sintonía con el Gobierno, no obstante, admite una “mayor concurrencia a los comedores” y “preocupación por la provisión del Gobierno a los comedores”. Las organizaciones sociales denuncian el corte de la provisión alimentaria a los comedores populares. En paralelo, el Gobierno cerró convenios con comedores de organizaciones religiosas cristianas y evangélicas.
Un intendente peronista del conurbano que tuvo hace días una reunión con dirigentes locales del área de niñez y adolescencia afirma que, ante los pedidos, desde un municipio “puede hablar con las empresas, pero nada alcanzará”.
Desde Tigre, en la zona norte del Gran Buenos Aires, el intendente Julio Zamora (Unión por la Patria) asevera que “el impacto de las políticas públicas nacionales repercute en los más vulnerables, que son los niños”. Y añade: “Llegan rotos a las organizaciones de la comunidad. Es un planteo bastante triste, porque no tengo herramientas para dar respuesta a todo lo que nos piden”. Remarca que “hay un Estado nacional que se retira” y que “es injusto que el municipio tenga que suplirlo”.
Para Ramón Lanús (Juntos por el Cambio), el nuevo intendente de San Isidro que cortó con cuatro décadas de gobierno de la dinastía Posse, hay otro factor que permite obturar posibilidades de estallido social. “La situación es mala, como lo era el año pasado, pero vemos realismo en la gente, que es conciente de que había que ajustar”, asegura.
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