Los gobernadores reclaman que Nación les transfiera las obras paralizadas, pero tienen dudas por el fondeo

CÓRDOBA.- El desembarco de Guillermo Francos en la Jefatura de Gabinete podría destrabar, según la lectura de varios gobernadores, que las provincias puedan hacerse cargo de determinadas obras públicas iniciadas por Nación y frenadas por Javier Milei. Cuentan con que un artículo de la Ley Bases les abra la puerta, aunque dudan de que si llegara a haber un traspaso y las administraciones locales necesitaran emitir deuda o consiguieran financiamiento de un organismo internacional, el ministerio de Economía les pueda poner trabas a la hora de autorizarlas.

Urgido por los reclamos y también por las exigencias de organismos internacionales, el Gobierno estableció este viernes los “criterios para la priorización de proyectos” en una resolución publicada en el Boletín Oficial. Con la firma de Francos y Luis Caputo aseguró que se dará prioridad a los proyectos ya iniciados -que se encuentren en la etapa de ejecución- y a otros a iniciar pero que, por ejemplo, tengan un impacto positivo en la generación de empleo, promuevan la actividad exportadora, contribuyan a mejorar la balanza energética e incidan en el desarrollo tecnológico.

Según aclaró el Gobierno en la resolución, las obras públicas que se retomarán serán las que “cuenten con financiación externa proveniente de operaciones de crédito en ejecución y eventualmente en preparación, avaladas por el Ministerio de Economía”. LA NACION consultó a tres gobernadores que venían haciendo planteos sobre el alcance de la medida y coincidieron en que esperarán a ver “cómo se ejecuta” la medida que anunció la administración libertaria. Como en otras áreas, tienen reservas sobre la capacidad de gestión del equipo de La Libertad Avanza.

Fuentes confiables indicaron a este diario que en la delegación argentina del Banco Mundial (BM) -institución que financia varias obras en distintos puntos del país- hay preocupación por la falta de ejecución de proyectos, pero sobre todo porque no tienen un referente nacional con el que hablar sobre el tema.

Actualmente hay proyectos financiados por el BM, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF). En general, a medida que las iniciativas se van ejecutando, ingresan los recursos y con ese dinero -por la dinámica propia de la operación- se pagan créditos anteriores. Si el freno actual continúa, la Argentina tendrá que poner dinero propio porque no hay desembolsos. Es algo “absolutamente infrecuente”, ratifican los especialistas.

El viernes Francos dio la primera señal concreta sobre los pedidos de los gobernadores al responderle al cordobés Martín Llaryora, quien anunció que si Nación no continúa la obra de la autopista de la ruta 19, en el este provincial (une Córdoba con Santa Fe) pedirá que se la traspasen. “Si plantea la transferencia, le vamos a decir que sí, que trabajemos en conjunto para provincializar la ruta, como se ha hecho con otras rutas, en su momento con la ruta 2 de Mar del Plata. Lo haremos con todo cuidado”, afirmó el jefe de Gabinete.

En el mismo sentido ya hubo un reclamo del bonaerense Axel Kicillof por la autopista Presidente Perón que atraviesa ocho municipios de Buenos Aires. El actual ministro provincial, Gabriel Katopodis, extitular de Obras Públicas nacional, se reunió con Francos y le hizo un planteo general por “mil obras en el territorio provincial”, con un énfasis especial en el caso de la autopista. De los 83 kilómetros, ya están en funcionamiento 52 y los 21 están listos para terminarse, pero están paralizados los trabajos desde diciembre, tras la asunción de Milei.

También los mandatarios de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, pidieron hacerse cargo de rutas nacionales a cambio del cobro de peajes debido al “estado de abandono” de las mismas. En la misma línea se expresó el chubutense Ignacio Torres, por la ruta nacional 3, y el santafesino Maximiliano Pullaro quien, a comienzos de abril, sostuvo que la Provincia podía hacerse cargo de obras de vialidad como el mantenimiento del tramo Rosario-Santa Fe y Crespo-Avellaneda de la ruta 11 y la recuperación de trayectos de la ruta 178.

Entre las 2.300 obras frenadas por Nación, hay de diferente importancia. Desde pavimento y cordón cuneta, al mantenimiento y construcción de rutas claves para la logística de exportaciones del país y para la seguridad de los ciudadanos que la transitan. El gasto de capital en el primer cuatrimestre del año cayó 85% real interanual. La cuestión de la infraestructura fue especialmente destacada por el entrerriano Rogelio Frigerio, quien reclamó “duplicar la inversión” en ese sentido.

La crisis del gas y el modelo chileno

La falta de gas que obligó a cortes a las industrias y a las estaciones de GNC en todo el país reimpulsó la demanda que vienen sosteniendo los gobernadores respecto a que no se puede “parar todas las obras”. La preocupación también está fogueada por la pérdida de puestos de trabajo que implicó la medida, por caso en la parálisis de la extensión prevista para el gasoducto Néstor Kirchner.

El traspaso de una jurisdicción a otra -que es lo que vienen pidiendo los gobernadores- es un tema “administrativamente muy complejo”, precisa una fuente provincial, ya que “hay infinidad de cuestiones legales a tener en cuenta”. Otra modalidad que seguramente Milei no aceptará -porque implica pagar después- es firmar convenios para que la administración provincial ejecute los trabajos y que Nación gire los recursos. Hay un antecedente en la gestión de Mauricio Macri con Córdoba, que terminó en la Corte Suprema de Justicia porque los fondos nunca llegaron.

En la campaña electoral, Milei dijo que usaría el modelo chileno para la obra pública. Hernán de Solminihac, exministro de Obras Públicas durante el primer gobierno de Sebastián Piñera y profesor titular de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile, aclaró: “El Estado no se retiró de la obra pública, los privados tienen una participación muy importante a través de concesiones, un esquema que ya lleva 30 años y eso permite liberar recursos públicos para otras iniciativas, por ejemplo, caminos en zonas alejadas, rurales”. Es decir, la administración federal sigue financiando las obras.

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