Los gobernadores no ven un “efecto cascada” del conflicto con los estatales de Misiones

CÓRDOBA.– Por el momento no se prevé un efecto cascada en otras provincias de la crisis que atraviesa el gobernador de Misiones, Hugo Passalagua, por la protesta salarial que, desde hace diez días, realizan las fuerzas policiales, maestros, médicos y estatales. Pese a la caída de la recaudación propia por la recesión y el fuerte ajuste de los envíos nacionales, gobernadores consultados por LA NACION no anticipan riesgos en el pago de salarios y del próximo medio aguinaldo. Un dato clave es que al 23 de este mes, la coparticipación registra una suba real interanual del 46,3%, impulsada por las ganancias de empresas, lo que les da a los mandatarios cierto colchón para afrontar los compromisos.

Todos los gobernadores ajustaron sus gastos, en promedio, un 30% en términos reales. No tenían más alternativa frente a la caída de los ingresos tanto propios como nacionales. Las transferencias discrecionales de la Casa Rosada se contrajeron 89,5% en términos reales en el primer cuatrimestre, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. En el caso de la coparticipación, en el mismo período la retracción real fue de 19,2% interanual.

Aunque admitieron que la situación financiera es “compleja”, los mandatarios consultados aseguraron que vienen tratando de acompañar la inflación mensual con las subas salariales. Claramente eso no pasó en enero y febrero, cuando se dieron los índices más altos. Ratificaron que los acuerdos salariales no exceden los cuatro meses.

En lo que va del año, hubo problemas importantes con los estatales en La Rioja, cuando Ricardo Quintela incluso anunció la emisión de una cuasimoneda que todavía no se usa para pagar a los empleados públicos (sí una parte a los funcionarios) y en Catamarca. En ambos casos, los policías salieron a la calle a protestar. Varios distritos vuelven a discutir paritarias en las próximas semanas, ya que la decisión pasa por acuerdos cortos, que se revisan cada tres o cuatro meses.

En los últimos días, anunciaron subas salariales el correntino Gustavo Valdés (10% incluyendo plus, aunque en la provincia los policías jubilados están en alerta); el bonaerense Axel Kiciloff, un incremento de 7,5%; Quintela, quien dio la tercera mejora del año (40%, más $40.000 y $20.000 para la “quincenita”), el tucumano Osvaldo Jaldo, que cerró con estatales y docentes, y el puntano Claudio Poggi, que dio un 15% de mejora para este mes. En Entre Ríos, Rogelio Frigerio firmó acuerdo hasta junio, lo mismo que su par santafesino, Maximiliano Pullaro. En Córdoba, Martín Llaryora también tiene negociado hasta junio y, en Chubut, Ignacio Torres mejoró la oferta para el sector de la educación.

El chaqueño Leandro Zdero mantiene acuerdo hasta julio, con subas de 15% promedio entre mayo y ese mes, y Gildo Insfrán pagó un 20% más este mes a los estatales formoseños. En Jujuy, hace dos semanas, el gobierno de Carlos Sadir estableció el salario mínimo de los estatales en $320.000 para mayo (una suba anual de 61%), pero desde los gremios plantean que el incremento es insuficiente. El santiagueño Gerardo Zamora aumentó un 60% a la administración pública desde este mes, a la vez que habrá un bono aguinaldo, por única vez, de carácter no bonificable y remunerativo, de $300.000. En Mendoza, 16 sectores acordaron hasta junio, pero Alfredo Cornejo enfrenta un conflicto con los judiciales que lo rechazan. En La Pampa, Sergio Ziliotto negocia en base a dos propuestas con los gremios.

En Santa Cruz hubo acuerdo con ATE para mayo, pero siguen las negociaciones porque el gremio reclama una mejora superior. En Salta, Gustavo Sáenz busca acordar con los docentes que se declararon en estado de movilización. Tierra del Fuego reprogramó la mesa de negociación salarial para el 5 de junio y Río Negro también debe comenzar una nueva ronda de conversaciones.

Alejandro Pegoraro, director de Politikon Chaco, subrayó que las cajas provincias atraviesan por un período de “alto estrés” por los recortes nacionales y la caída de la actividad, lo que generó “un necesario ajuste hacia dentro de las cuentas públicas provinciales, aunque en diferentes niveles”. Precisó que la “gran mayoría” de las jurisdicciones tomaron la decisión política de sostener superávits aun cuando el “ajuste del gasto sea de niveles históricos”: por encima del 30% real para los casos de Chaco, La Rioja, Catamarca y Tucumán, por ejemplo.

La cuestión social, límite del ajuste

“Es una decisión que les da tiempo político –el primer trimestre es relativamente calmo en términos de gasto público– y relativa certidumbre de contar con fondos para los compromisos de los meses siguientes, suponiendo que el escenario recesivo seguirá golpeando a la recaudación”, añadió Pegoraro.

Las dos principales partidas en la que los gobernadores aplican torniquete son salarios e inversión pública. En el primer punto, aunque muchos avanzaron en pautas “salariales considerables”, fueron “insuficientes” para empatar la inflación. La apuesta es a que se consolide la desaceleración de los precios para que en el segundo semestre el gasto en personal muestre “leves recuperaciones”, explicó el economista.

En relación con la inversión pública, el argumento central es político: “Si la Nación eliminó partidas, la provincia no cuenta con los fondos para llevar adelante obras”. Hay que tener en cuenta que los gobernadores, de manera total o parcial, se han hecho cargo de algunos ítems que ajustó Nación, como el Fonid para educación y los subsidios al transporte.

Pegoraro advirtió que, desde el mes que viene, puede abrirse un escenario nuevo, aunque “de manera muy paulatina”. Arranca con el empuje de la mejora de la coparticipación de mayo. Prevé que el ajuste del gasto para el segundo semestre seguirá dándose, aunque espera que en algunos distritos “será mucho más profundo que en otros por un desafío extra: los vencimientos de deuda pública. Muchos distritos enfrentan vencimientos en dólares en volúmenes importantes, que deben cubrir con los fondos propios”.

En relación con lo estrictamente salarial, habrá nuevos procesos paritarios que podrían estar “levemente por encima de la inflación, buscando contener primero para recomponer quizás en 2025. La intensidad del ‘afloje’ del ajuste estará determinado por la cuestión social: si se replican protestas como las de Misiones, es probable que algunas avancen hacia pautas algo más agresivas para contener el conflicto, debiendo ajustar aun más en los otros componentes del gasto”, completó.

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