Los gobernadores, inquietos porque la Casa Rosada no da señales para negociar el apoyo a la ley ómnibus

CÓRDOBA.- La fenomenal caída real del 20% la coparticipación en diciembre será un ordenador de la agenda entre el presidente Javier Milei y los gobernadores. La carta que la Casa Rosada tiene en la mano es el proyecto para eliminar las modificaciones de Ganancias, con el cual las provincias recuperarían parte de los recursos perdidos, pero la iniciativa todavía no fue enviada al Congreso.

Según pudo constatar LA NACION, hay provincias que no tienen espalda financiera para soportar más meses de reducción de coparticipación y Milei presiona con que, sin apoyo a la ley ómnibus, no habrá cambios en Ganancias. El presidente parece dispuesto a asumir el costo político de volver a cobrarle el impuesto a los trabajadores, pero a cambio pide respaldo parlamentario.

“Ninguno tiene el ancho de espadas”, dice un gobernador norteño apelando al juego del truco para graficar cómo es la negociación con Milei. El ministro del Interior, Guillermo Francos, sigue siendo el interlocutor, pero la duda que tiene la mayoría de los mandatarios -que es la dispuesta a dialogar- es “hasta dónde” lo dejan hacer; creen que los que “inciden” más sobre el Presidente son Luis Caputo (Economía) y Nicolás Posse (jefe de Gabinete).

Los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) están “sorprendidos” por la “falta de continuidad” en el seguimiento de los temas. No hay contactos permanentes por ninguno de los puntos conversados en el encuentro con Milei en la Casa Rosada y tampoco por el proyecto enviado al Congreso. “Eso nos resulta muy extraño, porque somos colaborativos”, reflexiona uno de los mandatarios del grupo.

Tanto los mandatarios de JxC como los del PJ comparten un temor: hasta tanto no haya una decisión y se apruebe la reforma de Ganancias, las provincias que requieran fondos dependerán de las asignaciones arbitrarias del Poder Ejecutivo que, según dijo el ministro Caputo, están recortadas “al mínimo”. Es él quien, en esta gestión, administra ese dinero y no la cartera de Interior, como sucedió históricamente.

Incluso, algunos funcionarios de primera línea habían cerrado acuerdos con gobernadores por deudas de la Nación con las provincias, pero cuando estaban a punto de firmarse, desde Economía se les impuso algunos límites en el uso de sus presupuestos. Sí se respeto el que alcanzó Francos con el cordobés Martín Llaryora para pagarle a la provincia el dinero que el exministro Sergio Massa había devengado y no le había girado como “compensación” acordada con todas las demás a fin de año.

Milei había dicho en la reunión con los gobernadores que asumiría el costo político de dar marcha atrás con cambios en el impuesto que él mismo apoyó como diputado nacional, pero ahora -según la lectura de los mandatarios- quiere que también ellos “pongan la cara”. Una alternativa que ya deslizan algunos -entre los que no están los peronistas que en su mayoría insisten en coparticipar el impuesto al Cheque- es que no hace falta “volver a cero” porque en ese caso terminará pagando Ganancias más gente que en agosto por efecto de la inflación.

Sin “cheque en blanco”

Con el DNU ya en vigencia, solo el bonaerense Axel Kicillof y el riojano Ricardo Quintela militan el rechazo. El norteño presentó incluso una “acción declarativa de certeza” ante la Corte Suprema de Justicia. El resto de los ocho peronistas que firmaron un “comunicado” (La Pampa, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Formosa y Tierra del Fuego) después del encuentro en la Casa Rosada, por el momento, decidieron mantener el perfil bajo.

La decisión de Quintela de presentar un amparo en la Corte Suprema de Justicia para suspender el DNU no fue coordinada con su grupo. “El gitano nos tiene acostumbrados a salidas de este tipo”, señala uno de los ocho gobernadores del PJ. De hecho, el contenido del decreto no afecta directamente a las provincias, salvo en el caso puntual de la eliminación de la figura de las “sociedades del Estado”, por eso todos lo habían “dejado pasar”, concentrándose en las formas más que en el contenido.

Desde el gabinete del rionegrino Alberto Weretilneck comentan a este diario que mantienen el rechazo a dar marcha atrás con Ganancias. Además, sostienen que los “perjudica notablemente el DNU. Vamos a defender nuestra provincia y el norte de la Patagonia. Trabajamos en dupla con ‘Rolo’ Figueroa de Neuquén. Nos vamos a oponer con los cuatro o cinco gobernadores con los que armamos nuestro propio bloque”.

En el caso de la ley ómnibus que ingresó al Congreso -para la que Milei también les pidió apoyo en la reunión que mantuvieron-, hay un cuestionamiento generalizado a que “mezcla la biblia y el calefón”. En el grupo de WhatsApp donde comparten todo (hay varios paralelos más que funcionan intensamente), el planteo es que las reformas podrían ordenarse según su urgencia para estabilizar la economía.

También reconocen que el “cansancio” y el “enojo” de la sociedad con el Congreso facilita que desde la Rosada presionen por los tiempos; sin embargo entienden que es “imposible” que la ley salga a fines de enero como pretende el Presidente.

A partir de esas especulaciones, son varios los que entienden que Milei deberá repensar su estrategia cuando su “luna de miel” con buena parte de sus votantes se resienta cuando la gente tenga que enfrentar las subas generalizadas de servicios con ingresos retrasados.

“No es todo o nada, como lo plantean los libertarios -dice un mandatario de la región centro-. Hay aspectos en los que coincidimos y otros en los que no. No le vamos a dar un cheque en blanco para todo. Queremos forzar la discusión”. La referencia es al rechazo que tienen para aprobar la emergencia administrativa y política hasta 2025, con la facultad de extenderla por dos años. El plazo planteado alcanza nada menos que todo el período de gobierno de Milei.

A criterio de este gobernador fue “intencional” mezclar diferentes temas, con distinto nivel de importancia, en un mega proyecto. “A libro cerrado no va a salir -arriesga-. Apuestan a que la norma no salga y a que nos hagamos cargo del costo político”. Las críticas no pueden ocultar la inquietud que hay en las provincias por la falta de negociación concreta con el Presidente.

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