Los gobernadores de JxC avalan la nueva ley ómnibus y el Pacto de Mayo, pero plantean dudas por el paquete fiscal
Coinciden en señalar que llegan con “disposición” al diálogo a la reunión del jueves con Francos y Posse; aunque no comulgan con la restitución de Ganancias y rechazan el recorte a las cajas jubilatorias
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CÓRDOBA.- La decena de gobernadores de Juntos para el Cambio (JxC) que este jueves se reunirá con los ministros Guillermo Francos y Nicolás Posse aseguran llegar al encuentro con “buen ánimo” y “disposición” al diálogo. Pero si bien tienden a acompañar la ley ómnibus (con reforma laboral incluida) y los diez puntos del Pacto de Mayo, mantienen su resistencia al regreso del impuesto a las Ganancias con el piso de $1,2 millones y directamente rechazan la decisión de la Casa Rosada de cortar el envío de financiamiento acordado a las cajas de jubilaciones no transferidas.
El decreto de necesidad y urgencia (DNU) que la semana pasada dejó sin efecto la obligación de Anses de girar el financiamiento acordado a los 13 sistemas previsionales provinciales generó una tensión extra porque, más allá de que desde enero no reciben un peso, había negociaciones y se habían aceptado las auditorías.
La mitad de esas cajas son de distritos gobernados por JxC, con mandatarios que se hicieron cargo en diciembre. El dinero en juego es mucho y lo que no reciben de Anses lo deben cubrir los Tesoros provinciales para que los jubilados provinciales sigan cobrando; con las finanzas estresadas como están por el ajuste, el problema se agranda.
En el encuentro estarán los gobernadores de Corrientes, Gustavo Valdés; de Chaco, Leandro Zdero; de Chubut, Ignacio Torres; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Jujuy, Carlos Sadir; de Mendoza, Alfredo Cornejo; de San Luis, Claudio Poggi; de San Juan, Marcelo Orrego, y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.
El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, tiene pautada para el jueves a la misma hora una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, para insistir con el reclamo de los $522.000 millones de la deuda acumulada por el incumplimiento de Nación de la cautelar de la Corte Suprema de Justicia por la coparticipación. Es probable que se sume después al otro cónclave.
Si el temario de los gobernadores pudiera graficarse con un semáforo, la luz verde es para la ley ómnibus y el decálogo del Pacto de Mayo. En ninguno de los dos casos hay objeciones de fondo y los mandatarios de JxC están decididos a “acompañar”. Según confirmaron varios a LA NACION, incluso si se agrega el capítulo de la reforma laboral al proyecto de ley.
Dudas
El paquete fiscal, en cambio, enciende la luz amarilla. Hay aval al blanqueo (que esperan se coparticipe), pero mantienen el rechazo a la restitución de ganancias para la cuarta categoría, “menos” con un piso de $1,2 millones como el que anunció Francos. La mayoría del grupo entiende que es “empujar” a más trabajadores al límite de la pobreza, hacen foco en las diferencias salarias entre las diferentes zonas del país y también en los costos de vida e insisten en buscar alternativas para compensar la pérdida de coparticipación que significó la modificación del tributo en la gestión de Sergio Massa.
La luz roja la encendió el DNU que afecta a las cajas de jubilaciones no transferidas a la Nación. La medida es definida, directamente, como “pésima” por los mandatarios, quienes no aceptan las explicaciones de que esas partidas “están” pero fueron reconducidas. Para Entre Ríos, por ejemplo, la deuda acumulada más la proyección de este año sumaría unos $90.000 millones; para Chubut es algo menos, pero también una “cifra muy importante”.
La realización de auditorías por parte de Anses, coinciden tres mandatarios, vienen “desde hace tiempo y nunca se completan”. Interpretan que es una “excusa” que ya se usó en otras administraciones para hacer las transferencias a valores históricos. Aunque la mayoría reitera que van “dispuestos” a conversar y entienden que también serán “escuchados”, reconocen que el DNU provocó “inquietud” ya que alcanzó, además de los sistemas previsionales, al Fondo del Transporte. En ese mismo apartado incluyen “obras públicas claves” frenadas y que consideran vitales para la producción.
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