Los gobernadores de Juntos por el Cambio reclaman más fondos para las cajas jubilatorias, transporte y obras

Después de diez meses de ninguneos, los gobernadores de Juntos por el Cambio creen que les llegó la oportunidad para plantarse frente al Gobierno para hacer efectivas sus demandas tras un año de fuertes ajustes en las transferencias nacionales a las provincias. Harán valer en la discusión del presupuesto 2025 sus votos en sus representantes en el Congreso, los cuales se reparten en tres bloques dialoguistas claves: Pro, la UCR y Encuentro Federal.

El petitorio es tan claro como sabido por la Casa Rosada: resolver la deuda millonaria que mantiene la Nación con las 13 cajas previsionales provinciales no transferidas; el financiamiento pendiente de las obras públicas de origen nacional y el fondeo para el transporte automotor del interior con un porcentaje del impuesto a los combustibles.

Los diez gobernadores de la extinta coalición Juntos por el Cambio unen filas y bajaron línea a sus legisladores, que ya le trasladaron a los delegados del Ministerio de Economía –Carlos Guberman (Hacienda) y Pablo Quirno (Finanzas), el decálogo con las demandas. Incluso el bloque Pro, un aliado que ha demostrado ser incondicional del Gobierno, anticipó que en este tema hará causa común con los demás opositores dialoguistas, en representación de Jorge Macri (CABA), Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

Los mandatarios quieren hacerse presentes en la Comisión de Presupuesto -que conduce José Luis Espert- para hacer efectiva la presión. Los interlocutores del oficialismo se mostraron dispuestos a recibir sugerencias para resolver estas cuestiones, aunque dejaron en claro que cualquier alternativa debe respetar la regla del equilibrio fiscal, sacralizada por el presidente Javier Milei.

“El equilibrio de las cuentas públicas es condición necesaria para el desarrollo, pero claramente no es suficiente”, señaló el gobernador Frigerio hace un par de días en el Coloquio de IDEA que se realizó en Mar del Plata.

Frigerio, exministro del Interior durante el Gobierno de Mauricio Macri, advirtió que en el proyecto de presupuesto que envió el Poder Ejecutivo “hay muchas inconsistencias que hay que empezar a corregir”, entre ellas el destino de algunos de los impuestos coparticipables que tienen un porcentaje de asignación específica a una determinada actividad o sector.

“Los impuestos son todos coparticipables, por la Constitución, por las leyes. Si no van enteramente a las provincias es porque se decidió que tengan una asignación específica distinta. Es lo que sucede con la seguridad social”, señaló Frigerio. En efecto, una de las fuentes de financiamiento de la ANSES, además de los aportes y contribuciones que recibe de trabajadores y empleadores, es un porcentaje de distintos impuestos, entre ellos IVA, Ganancias e impuestos internos.

“Trece provincias tienen caja de jubilaciones propia, es decir, le aportamos a la Anses una parte del IVA, del impuesto a los combustibles, de varios impuestos y no recibimos nada este año de eso. Es el primer año en la historia que no recibimos ni un centavo, por supuesto está todo judicializado, pero ese no es el camino”, advirtió Frigerio.

En efecto, en estos diez meses el Gobierno no transfirió un solo peso de la partida de $122 mil millones asignados a cubrir el déficit de las cajas jubilatorias de las 13 provincias que en la década del ‘90 no transfirieron sus regímenes previsionales a la Nación. Esto obligó a que cada jurisdicción deba hacerse cargo, al menos de forma provisoria, de afrontar con fondos propios ese porcentaje del pago de las jubilaciones provinciales.

El titular de la Anses, Mariano De los Heros, insistió el martes último ante los legisladores en que el Gobierno no desembolsará los fondos hasta tanto se culminen las auditorías sobre las cajas previsionales no transferidas. Sin embargo, esas auditorías están demoradas y en algunas provincias ni siquiera arrancaron.

En el bloque Encuentro Federal analizan los distintos impuestos con asignación específica que podrían retornar a la masa coparticipable y repartirse entre las provincias. Pusieron el foco en el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN): creado por la ley de coparticipación, es controlado por la Nación pero, en rigor, se nutre en buena parte de recursos provinciales. En efecto, recibe el 1% del total de los impuestos coparticipables, el 2% de la distribución del impuesto a las Ganancias y el 1% del impuesto a los Bienes Personales.

Sin embargo, el Gobierno reparte entre las provincias, y de manera discrecional, apenas una pequeña porción de esa enorme torta de recaudación.

“Otro caso concreto es el impuesto a los combustibles. Tiene una asignación específica al subsidio al transporte público de pasajeros, que el gobierno nacional decidió que tenía que hacer una responsabilidad de las provincias. Bienvenido sea, pero no te quedes con ese impuesto porque tiene una asignación específica a subsidiar al transporte público de pasajeros, tiene una asignación específica a Vialidad Nacional y en este año no hubo una sola inversión en Vialidad Nacional, nuestras rutas están todas destruidas”, planteó Frigerio.

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