Los fondos que saca la Nación a la Ciudad en 2022 equivalen al pago del salario de todos los maestros

La ciudad de Buenos Aires perderá solo este año por la quita de coparticipación que realizó el Gobierno Nacional en 2020 unos 122.000 millones de pesos, equivalentes al 11% del presupuesto o, lo que es igual, al salario completo de un año de todos los docentes, lo que se paga por recoger los residuos durante un año y medio o los sueldos de todo el personal de salud durante ese período.

Eso es lo que está en juego en la audiencia que convocó la Corte Suprema de Justicia para el 10 de marzo a la que invitó al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

En septiembre de 2020, cuando se dispuso la reducción de fondos, la ciudad dejo de recibir 15.000 millones de pesos. A lo largo de todo 2021 no recibió 85.000 millones de pesos. La proyección completa para el 2022 es de 122.000 milllones, dijeron a LA NACION fuentes del gobierno porteño. Si se considera que la mitad del presupuesto porteño se destina a recursos humanos, donde no se puede ahorrar nada, lo que se debería recortar equivale al 22 por ciento de lo que queda, prescindiendo de hacer obras, contrataciones, entre otros gastos.

La audiencia de la Corte

Ante la citación de la Corte, en la Ciudad lo leyeron como una señal positiva, aunque duden de que en la reunión haya un acuerdo. Pero según dijeron tres funcionarios de la Ciudad, recibieron la invitación como un indicio de que el reclamo judicial por la pérdida de fondos se está moviendo. “Si el caso no se mueve al único que beneficia es al gobierno nacional porque todos los días corre el reloj del taxi, perdemos plata, en cambio si hay una audiencia es una señal de que la Corte esta comprometida con una solución”, señaló un funcionario de la Ciudad.

Rodríguez Larreta esta semana se reunirá con parte de su gabinete económico y sus hombres de confianza en temas legales para definir la estrategia en la audiencia del 10 de marzo a las 11.

Dio confianza a los funcionarios porteños que la convocatoria de la Corte hubiera estado dirigida a la máxima jerarquía política, el jefe de gobierno y el ministro del Interior, y que la charla se dé ante los cuatro jueces. Hasta ahora hubo dos reuniones de conciliación donde estuvieron dos ministros de la Ciudad (de Seguridad y Justicia, Marcelo D’Alessandro, y de Economía, Martín Mura, y el procurador porteño, Gabriel Astarloa. Por el lado de la Nación solo enviaron a tres abogados apoderados del Ministerio de Economía, sin autonomía para tomar decisiones. Esas audiencias de conciliación fracasaron porque ni siquiera se pusieron de acuerdo sobre el formato de las conversaciones.

Si los representantes de la Ciudad y la Nación no se ponen de acuerdo, la Corte dictará una sentencia para zanjar el conflicto. Ninguna de las partes es optimista sobre la posibilidad de acordar en la reunión del 10 de marzo, pero en la Ciudad interpretaron que la Corte movió el caso luego de la decisión política de Alberto Fernández de transferir el pago de subsidios a los colectivos que circulan por la ciudad al Estado porteño. Por eso creen en la Ciudad que la Corte busca poner freno a la Nación. Solo especulaciones políticas porque no hay ninguna certeza.

La Corte tiene en sus manos dos procesos que tramitan juntos. En uno de ellos se pidió un recurso de amparo contra un decreto de necesidad y urgencia de Alberto Fernández, de septiembre de 2020, que dispuso una quita 1,18 puntos de la coparticipación a la Ciudad. Los fondos fueron derivados al gobierno de Axel Kicillof, que en ese momento enfrentaba un conato de rebelión de la policía bonaerense, que reclamaba mejores salarios y llevó su protesta hasta las puertas de la quinta de Olivos.

El segundo caso es una demanda de la Ciudad contra la Nación en la que pide declarar inconstitucional y anular la ley sancionada en diciembre de 2021 que aumentó la quita de fondos dispuesta en el decreto anterior. La ley estableció que, en lugar de un porcentaje de la coparticipación (que acompaña el crecimiento de la recaudación derivado de la inflación) para solventar el traspaso de la seguridad y la policía porteña, la Nación destinaría a la Ciudad una suma fija inicial de $24.500 millones anuales, en doce cuotas mensuales, que luego podrían ser ajustadas por una comisión creada a tal efecto. O sea, que la ley fuerza a la Ciudad a encarar una “paritaria” con la Nación ante cada aumento inflacionario.

Además de enrostrarle a la administración de Rodríguez Larreta que todas las provincias se hacen cargo de sus propias policías, el gobierno nacional justificó la quita de fondos a la Ciudad al señalar que el aumento del porcentaje de coparticipación había sido otorgado arbitrariamente por un decreto del expresidente Mauricio Macri, que con la excusa de financiar la transferencia de facultades y servicios de la Policía Federal a la Capital había beneficiado a Larreta, su aliado. Cambiemos, por su parte, señala que Macri aumentó la transferencia de fondos a la Ciudad porque en función de la autonomía porteña le transfirió la policía, mediante la firma de un convenio, y al mismo tiempo le envió el presupuesto para que pudiera funcionar.

En la Corte señalaron a LA NACION que la audiencia tiene el objetivo de agotar las instancias para un entendimiento antes de verse obligados a dictar un fallo. Es similar a los ocurrido en toros conflictos que involucran a dos jurisdicciones, como lo ocurrido entre Mendoza y La Pampa por el Río Atuel. Allí hubo audiencia privada, como ahora, sin público, no se pusieron de acuerdo sobre el caudal mínimo que debía dejar fluir Mendoza hacia La Pampa para no perjudicarla en su medio ambiente y la Corte tomó una decisión.

El juicio entre la Ciudad y la Nación está en sus inicios. Fuentes porteñas explicaron a LA NACION que de las dos causas que tramitan en la Corte, de manera conjunta, la que está más avanzada es la demanda donde se reclama la inconstitucionalidad de la ley de diciembre del 2020. El amparo sobre el decreto de septiembre en cambio, viene mas lento. En el caso del amparo, la Corte lo transformó en un juicio ordinario y dio traslado a la Nación. Esta semana se le vence el plazo a la Procuración del Tesoro de la Nación para responder.

La reconvención

En la causa de la demanda de inconstitucionalidad, en cambio el Estado ya respondió y además realizó lo que se llama una reconvención, es decir que no solo respondió a los argumentos de la Ciudad, sino que planteó una contrademanda, diciendo que Rodríguez Larreta no solo no tiene razón, sino que además le debe devolver el dinero que percibió la Ciudad de Buenos Aires desde 2016 a 2019, cuando Macri incrementó las transferencias. La Nación no le puso un número en pesos y dijo que el monto será producto de un peritaje posterior.

La Ciudad ya fue notificada de esa reconvención y sus abogados están trabajando, escribiendo, la respuesta, donde rechazarán todas las pretensiones de la Nación.

En el juicio del amparo por el decreto, seguramente el Estado nacional, además de responder, hará una nueva reconvención, que la Ciudad deberá también responder.

Los procesos están en su comienzo, aunque ya las partes cruzaron sus pretensiones. Si fracasa la audiencia del 10 de marzo, la Corte podría abrir el juicio a prueba y analizar los números en juego de la quita presupuestaria, o incluso disponer un peritaje, lo que demoraría una sentencia.

La Ciudad cree que este es un asunto de puro derecho constitucional, pues en el texto se señala que las transferencias de competencias y servicios, como es el de policía, debe efectuarse mediante un convenio, como se hizo. Y por eso creen que no corresponde que le saquen esos recursos, de manera unilateral, sin acuerdo de la Ciudad y por fuera del convenio.

A pesar de estos avances, pues creen que la Corte redobla esfuerzos al convocar a la audiencia, en la Ciudad no son muy optimistas de que se llegue a un acuerdo en la reunión y en cambio confían en ganar en el caso cuando se dicte una sentencia definitiva.

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