Los fiscales apuntan a las modificaciones de obra que recibió Lázaro Báez y a la falta de controles

Después de haber analizado licitación por licitación, los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani se enfocan en la quinta audiencia del alegato del caso Vialidad en exhibir las modificaciones de obras solicitadas por las empresas del empresario Lázaro Báez. Se trata de una nueva etapa del juicio oral y público que tiene a Cristina Kirchner en el banquillo para ser juzgada por asociación ilícita y fraude al Estado por presuntas irregularidades en el reparto de obra pública en Santa Cruz durante su gestión presidencial.

Mola se refirió a los incrementos millonarios de dinero y los meses de prórroga que recibieron las empresas de Lázaro Báez en concepto de modificaciones de obra. “Las modificaciones implicaron prórrogas mayores a lo que preveía el contrato original que debía llevar el trabajo”, señaló el fiscal. Fueron en 39 contratos de los que recibió Báez, y dijo que “como un modus operandi”, estas se otorgaban cuando los contratos estaban al borde de los vencimientos de los plazos de obra.

La obra de la Circunvalación Caleta Olivia fue la segunda modificación de obra que recibió el empresario patagónico por más de 8 millones de dólares. Mola dijo que cuando solicitaron esta modificación del contrato se basaron en el crecimiento demográfico que no había sido previsto y que estas modificaciones no fueron aprobadas por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). “No hizo nada la DNV, fue simplemente notificada como si no le importara”, argumentó.

“Transcurrieron 133 meses y solo tuvo un avance del 43 por ciento. Además esta obra fue periciada y se detectaron sobreprecios. Y fue abandonada por el contratista. Es increíble el daño que se hizo en este caso y en todos los demás al erario público”, cuestionó Mola.

En otro caso, el fiscal mostró cómo Báez había solicitado una modificación con la justificación de que tenía que incluir materiales asfálticos para una obra cuyo contrato ya tenía cinco años de antigüedad. “Le compraron asfalto a la firma MYP de Luciana y Martín Báez”, agregó. Esta operatoria, mediante la que Báez era su propio proveedor, se dio en varias otras obras, dijo Mola. “Cotizó el precio de forma unilateral con esta empresa [MyP], es absurdo, burdo”, cuestionó.

Los motivos aparentes de justificación, expuso el fiscal, eran: “Desabastecimiento de insumos y combustibles”, “factor climático”, “situación financiera internacional”, “restricciones a las importaciones”, “cortes de rutas por conflictos sociales y/o gremiales”, “inconvenientes con ejecución de proyectos”, “expropiaciones y/o liberación de traza” y “ampliación sin justificación alguna”.

Aludió, también, a las re determinaciones de precios que recibieron los contratos de Báez. “La ley dice que solo se pueden redeterminar precios cuando no existan atrasos. Pero la re determinación se eligió como otro mecanismo más de beneficios indebidos a Lázaro Báez. Fue aplicada en casos donde la ley no lo permitía. Es un mecanismo sincronizado de corrupción”, dijo Mola.

Mientras tanto, el TOF y los fiscales deben dar respuesta a los planteos recusatorios que presentó la vicepresidenta Cristina Kirchner. Los recusó con una presentación formulada ayer por su abogado, Carlos Beraldi, tras la difusión de las fotografías en las que se los ve a Diego Luciani y al juez del TOF, Rodrigo Giménez Uriburu, como parte de un mismo equipo de fútbol. La foto fue tomada, según el diario Página 12, en Los Abrojos, la quinta de Mauricio Macri.

Los imputados Nelson Periotti, Lázaro Báez y Julio De Vido también adhirieron a la presentación de Beraldi. Y el defensor de José López dijo cuando comenzó la audiencia que lo hará durante el día de hoy.

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