Los fallos de la Justicia de la ciudad expusieron los acuerdos entre el macrismo y el PJ porteño

La Justicia porteña adquirió en las últimas dos semanas un protagonismo que no tenía y, en medio de las disputas desatadas entre el oficialismo y la oposición, quedaron expuestos los hilos del entramado que la sustenta. No solo fue el fallo de la Cámara de Apelaciones porteña sobre la presencialidad en las escuelas, sino también dos sentencias adversas para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, firmados en respuesta a demandas de la oposición a Horacio Rodríguez Larreta. En ese marco, se tensionó el pacto para moldear los tribunales porteños entre el asesor presidencial de Alberto Fernández, Juan Manuel Olmos, y el operador de Mauricio Macri y expresidente de Boca Juniors Daniel Angelici, un secreto a voces que viene de lejos en la Ciudad.

Juan Manuel Olmos se involucró de lleno en la disputa entre Ciudad y Nación por las clases, y mientras circulaban versiones sobre un posible pronunciamiento de la Corte Suprema sobre la validez del Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por Fernández, tocó las puertas de Uspallata. Su objetivo era que Horacio Rodríguez Larreta retirara la demanda contra el Estado Nacional. Finalmente, el DNU impulsado por el Presidente y cuestionado por Rodríguez Larreta quedó sin efecto. El fallo de la Corte todavía no vio la luz.

Mientras la Ciudad y el Estado nacional intentaban acercar posiciones, el juez porteño Leonardo Furchi declaró inconstitucional la venta de los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco, en respuesta a una demanda presentada por la diputada kirchnerista Gabriela Cerrutti. Y La jueza Alejandra Petrella dio lugar a un amparo presentado por el legislador del Frente de Todos Juan Manuel Valdés para que no se aplique el impuesto que el gobierno porteño dispuso sobre los consumos con tarjeta de crédito.

Además, el juez Guillermo Scheibler le ordenó a la Ciudad abstenerse de “computar faltas y quita de vacantes de alumnos cuyos padres resolvieran la no concurrencia de sus hijos a las escuelas hasta que no quede saldado el conflicto judicial” por la presencialidad en las aulas.

El ruido por estas resoluciones judiciales, adversas para la administración porteña, impactó en la última sesión de la Legislatura de la ciudad, la semana pasada. En el orden del día de esa sesión estaba previsto que se trataran los pliegos de dos fiscales penales, Julieta Villanueva y Hernán Biglino, y de una jueza, Karina Andrade, que ya habían tenido dictámenes favorables en la comisión de acuerdos. Según supo este medio, la aprobación de esos pliegos le cuadraba al peronismo porteño, que había impulsado los nombres de Villanueva y Andrade. Pero un sector del oficialismo pidió postergar el tratamiento de esos pliegos hasta que baje un poco la espuma. “Hay 300 quilombos judiciales, no era el momento”, exageró un legislador oficialista en diálogo con LA NACION. En esa sesión se aprobó, en cambio, la conmemoración del Día Internacional de las Abejas.

Pese a las acusaciones que cruzó la dirigencia política en las últimas semanas, la composición del fuero contencioso administrativo de la ciudad de Buenos Aires fue, en gran medida, votada en la legislatura con avales generales del oficialismo y la oposición.

Parte del bloque del Frente de Todos, de hecho, votó a favor de las designaciones de los camaristas Gustavo López Alfonsín, Nieves Machiavelli y Laura Perugini, que firmaron el fallo festejado por Rodríguez Larreta para asegurar la continuidad de las clases presenciales. Después de ese fallo, y a pesar de haber avalado sus nombramientos, esos legisladores opositores anunciaron que pedirían el juicio político a esos tres jueces. Los legisladores de la Coalición Cívica que integran el bloque oficialista se habían abstenido de votar esas designaciones.

La buena sintonía entre el oficialismo y la oposición para nombrar jueces y fiscales suele ser cuestionada por algunos actores. “La Justicia porteña es la caja sucia de la política. Es un secreto a voces”, dijo enardecido el legislador del Frente de Todos Leandro Santoro a fines del año pasado, durante la sesión en la que se votó el presupuesto para el distrito porteño.

El tema se introdujo de lleno en una reunión de bloque del Frente de Todos hace más de un mes, que estuvo colmada de tensiones. Algunos legisladores de La Cámpora buscaban desmarcarse del sistema de acuerdos aceitado entre el peronismo y el oficialismo porteño. Alertaban que Cristina y Máximo Kirchner no avalaban esos acuerdos. “Cualquier terna de jueces o fiscales acordada por Angelici y Olmos se sella en la Legislatura”, se quejó un legislador del Frente de Todos en diálogo con este medio.

Como parte de este escenario fue retirado el pliego de la magistrada de origen radical Alejandra Lázzaro, quien fue impulsada por Rodríguez Larreta para dirigir el Instituto Electoral de la Ciudad, cuya función será supervisar y organizar los comicios porteños. El Instituto Electoral fue creado por ley en 2018 y todavía no está en funcionamiento. En diálogo con LA NACION, varios legisladores de distintos espacios resaltaron ese episodio y dijeron que el pliego de Lázzaro llegó a la mesa de entradas de la Legislatura sin el acuerdo necesario. El oficialismo necesita 40 votos para nombrarla. “Solo si le das el adjunto al peronismo lo podés aprobar”, dijo a LA NACION. El pliego del politólogo Tomás Aguerre, propuesto por el peronismo para ser director adjunto, también fue retirado.

De perfil técnico, Lázzaro no es fácilmente identificable con ninguno de los radicales porteños de peso, como Daniel Angelici, Enrique “Coti” Nosiglia o Martín Lousteau. Lázzaro era una de las posibles candidatas del radicalismo para ocupar la Cámara Nacional Electoral durante el macrismo. Un sector del macrismo había elegido a Hernán Gonçalves Figueiredo, a quien promovía el exsenador Miguel Pichetto. Alberto Fernández retiró ese pliego cuando asumió y el cargo ya fue cubierto por el tucumano Daniel Bejas, ligado al peronismo de Tucumán.

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