Los empresarios que auditaron la SUBE financiaron la campaña de Cristina Kirchner

La suma es menor, pero simbólica. Iatasa, la consultora que supervisaba la SUBE, financió la campaña de Cristina Kirchner. La firma aportó $ 42.000 al kirchnerismo para las elecciones presidenciales de 2007. En la nómina que el Frente para la Victoria (FPV) presentó ante la justicia electoral, aparecen seis directores de Iatasa que comparten la lista con bancos, farmacéuticas y empresas vinculadas a la obra pública.

Los aportes de campaña hicieron explícita la afinidad que esta firma mantiene con el kirchnerismo. Ganó decenas de licitaciones en el Ministerio de Planificación y, para sus trabajos en Santa Cruz, se asoció con Consular SA, una compañía conocida del ministro de Planificación, Julio de Vido. En medio de las controversias por el contrato del boleto electrónico, ex funcionarios vinculados a Transporte aseguraron a LA NACION que Iatasa tiene privilegios porque es "amiga de la casa".

Los socios Carlos Verdi, Fernando Fazzolari, Enrique Prats, Daniel Ratti, Raúl Juiz y Angel Ferrigno figuran, uno debajo del otro, con aportes a la campaña presidencial de Cristina Kirchner por $ 8000 y por $ 6500 para acciones proselitistas.

En la nómina del FPV algunos de sus nombres aparecen con errores. Según reveló el diario Perfil, Verdi tiene un documento falso y Ratti fue inscripto con un DNI femenino. En aquel momento, desde el kirchnerismo consignaron problemas en el software que elaboró el listado.

En un carta a este medio, los directivos de Iatasa consignaron que "los aportes fueron legítimos y a título personal de los socios". El escrito fue firmado por Verdi, presidente de la consultora, que fue imputado por la Justicia por las irregularidades en la licitación para supervisar la SUBE. Tras los reiterados llamados de LA NACION, esta fue la única vía de comunicación a la que accedieron los empresarios.

Iatasa quedó bajo la lupa por la polémica supervisión de la SUBE. Esta consultora formó un consorcio con Global Infrastructure, IRV y González Fischer y Asociados para controlar el boleto electrónico. Un comité integrado por funcionarios de la Secretaría de Transporte les asignó el contrato, que fue suspendido por el Gobierno y que ahora investiga la Justicia.

Por las irregularidades en la licitación, el fiscal Ramiro González imputó a Verdi, entre otros empresarios y funcionarios. Como apoderado del consorcio, su firma consta en los documentos más importantes de la licitación.

Sin embargo, cuatro ex funcionarios aseguraron a LA NACION que el nexo de Iatasa en Transporte es su vicepresidente, Ferrigno. "Es un amigo de la casa, por eso siempre son número puesto en las licitaciones", dijo un testigo de sus movimientos.

Ferrigno también es presidente de la Cámara Argentina de Consultoras de Ingeniería.

Otra fuente que conoce el sector, afirmó: "Tiene una gran relación con Juan Pablo Schiavi [ex secretario de Transporte]. Todas las consultorías están bajo su tutela". Como titular de Transporte, Schiavi autorizó la contratación del consorcio que lideró Iatasa para controlar el SUBE por $ 65 millones, pese a contar con una oferta $ 10 millones más económica.

"Es normal y habitual que una firma de ingeniería tenga relaciones con organismos públicos y privados, con sus funcionarios y gerentes, así como es normal las reuniones con organismos públicos, bancos de crédito y organismos internacionales", señaló Verdi en la carta.

El británico Stephen Chandler, ex jefe del control de la SUBE, aseguró que Iatasa "orquestó" la licitación con los funcionarios de Transporte y Andrés Pizarro, gerente del Banco Mundial.

"Cuando llegué a la fiesta de inauguración de las oficinas del consorcio [a cargo de controlar el boleto electrónico] me sorprendió verlo a Pizarro [Andrés, gerente del Banco Mundial]. Estaba conversando muy amistosamente con Angel Ferrigno [Iatasa], Fernando Fazzolari [Iatasa], Pablo Vainberg [IRV], Hernán Sraer [asesor de Transporte] y Nora Turco [funcionaria de Transporte]", aseguró Chandler. Y detalló que el cóctel se realizó en Tacuarí 32, las oficinas de la consultora.

Los vínculos de Iatasa se concentran en Proyecto de Transporte Urbano Buenos Aires (Ptuba), oficina que ejecutó la supervisión de la SUBE. Ptuba –que reporta directamente al secretario de Transporte- le adjudicó a Iatasa diez contratos en los últimos años.

De Vido

Además de su experiencia en Transporte, los contratos de Iatasa durante la gestión kirchnerista se cuentan por decenas. Cuando sus accionistas aportaron a la campaña de 2007 habían sido contratados para estudios de ingeniería en dos importantes obras en Santa Cruz: la represas Condor Cliff y La Barrancosa y la ampliación del puerto Caleta Paula. Para ambos trabajos se asociaron a Consular SA, una firma que desde 2005 es dirigida por un grupo de agrimensores santacruceños conocidos de De Vido.

Los socios patagónicos de Iatasa también aportaron a aquella campaña de Cristina Kirchner: el presidente de Consular, Jorge Luis Pinto, depositó $ 26.666.

De Vido admitió que conocía a los empresarios de Consular tras una investigación publicada en mayo por el diario Clarín, que revelaba irregularidades en los negocios de obra pública de la firma. "He tratado en Santa Cruz a partir de mi actividad como arquitecto en el sector privado y en la función pública", señaló el ministro.

Desde Iatasa alegaron que desconocen las denuncias y explicaron: "Los motivos por las que una firma se asocia con otras son variados y están fundamentados en razones de conveniencia técnica y comercial"

La sociedad entre Iatasa y Consular volvió a repetirse. A principios de este año se volvieron a unir para ejecutar otro millonario contrato. Se trata de la elaboración del proyecto de la represa argentino-brasileña Garabí y Panambí, financiado por la Secretaría de Energía. Según De Vido, este trabajo le cuesta al Estado $ 37 millones.

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