Los ejes de una reforma que no cambia el sistema, sino que lo agranda
LA NACIONPaz Rodríguez Niell
Después de dos semanas y media de debate, el kirchnerismo avanza en el Senado con una nueva versión de la reforma judicial del Gobierno que incluye tres ajustes, una creación de Oscar Parrilli y la ratificación de una vieja lógica: la herramienta central para la gran reforma judicial sigue consistiendo en nombrar más jueces.
En estos días, tanto los oradores invitados por el Senado como quienes lo analizaron fuera del Congreso mostraron coincidencias pocas veces vistas en contra del plan que presentó la Casa Rosada. Esta vez, las críticas trascendieron la grieta y los cuestionamientos incluyeron a especialistas insospechados de antikirchnerismo, algunos muy cercanos al Presidente, que uno podría identificar como parte de su círculo de referentes en materia penal y que coincidieron en lo mismo: este no es el camino.
La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, que fue una de las referentes de Justicia Legítima; el presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), Alberto Binder; la directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachky, fueron algunos de ellos. Dijeron que la reforma es imprescindible, pero no esta reforma. Todos pidieron avanzar con el sistema acusatorio. Un dato notable es que el proyecto ni siquiera convence al candidato a procurador general que presentó Alberto Fernández, el juez Daniel Rafecas, que tendrá -de lograr el oficialismo los dos tercios en el Senado, algo que parece cada vez más difícil- una responsabilidad central como jefe de los fiscales en el funcionamiento de la justicia federal penal renovada a la que dice aspirar el Gobierno. En los planes de Rafecas, él sería el procurador responsable de instaurar definitivamente el sistema acusatorio, donde la responsabilidad central de las investigaciones pasará de los jueces a los fiscales.
El problema es que la reforma, lejos de fortalecer al Ministerio Público, conserva una organización espejo -misma cantidad de juzgados que de fiscalías-. Insiste en la lógica de un poder concentrado en los jueces. No solo no cambia el sistema, sino que lo agranda. A los jueces de Comodoro Py, los fusiona con los magistrados del fuero penal económico, pero además los duplica con subrogantes hasta que se terminen los concursos para nombrar jueces titulares; es decir, los cubre con jueces inestables durante años.
En paralelo con los planes para Comodoro Py, el dictamen mantiene el plan de la Casa Rosada de duplicar la justicia federal de interior. Es un proyecto que había presentado Germán Garavano durante el macrismo. Tener la lapicera para designar nuevos jueces fue siempre una gran fuente de poder y una fabulosa herramienta de negociación de los presidentes con los senadores y con los gobernadores. En el oficialismo aspiran a que este punto sirva de llave para destrabar la reforma. Durante la última semana llovieron pedidos de las provincias para canjear jueces de acuerdo con las necesidades de cada territorio. El número total de cargos de magistrados a crear, de acuerdo con el dictamen, es casi igual, pero ahora 27 (casi un tercio del total) serán camaristas y seis serán jueces de tribunales orales. En el proyecto original todos los cargos que se creaban era de jueces de primera instancia. Los nuevos tribunales funcionarán -de aprobarse la reforma- en Catamarca, San Juan, Santiago del Estero, Santa Fe (uno en Rosario y otro en la ciudad de Santa Fe), Formosa, San Luis, Chaco, Buenos Aires (Mar del Plata), Corrientes y "Salta y Jujuy".
La reforma insiste en la lógica de un poder concentrado en los jueces. No solo no cambia el sistema, sino que lo agranda
Una creación propia que el Senado incorporó a la reforma fue la "cláusula Parrilli", que obliga a los jueces a comunicar al Consejo de la Magistratura intentos de influencia de poderes "mediáticos". Es una inclusión que ya generó una catarata de críticas y que no lo va a ayudar a Sergio Massa en la difícil tarea de conseguir los votos para sacar la reforma judicial en la Cámara de Diputados.
También en el capítulo de las "reglas de actuación", se establece que los jueces deben "asegurar que toda prueba que aporten las partes en las causas judiciales haya sido obtenida legalmente". Además de la dificultad que supondría pretender hacer una aplicación literal de esta norma, se trata de otro golpe al acusatorio, un sistema adversarial en el que la prueba es de las partes y el juez la valora. No está claro qué aplicación real tendrán estas cláusulas, pero el proyecto prevé que el incumplimiento será "causa grave de mal desempeño".
En respuesta a algunos de los cuestionamientos que tuvo el proyecto, el kirchnerismo accedió en cambio a hacerle tres reformas al proyecto original:
- Dio marcha atrás con la fusión de los fueros civil y comercial federal y contencioso administrativo, que según el proyecto estaba destinada a poner fin a los problemas de competencia entre ellos. Tan pronto se conoció el proyecto, la Cámara Civil y Comercial Federal había advertido que esta fusión podría desencadenar fallos inconstitucionales y dijo que hubo solo 22 "conflictos negativos de competencia" anuales, en promedio, en los últimos 5 años. Si algo no esperaban en el Gobierno era que la resistencia a la fusión viniera de civil y comercial porque el supuesto fuero apuntado en este tramo de la reforma, el que buscaban licuar, el "Comodoro Py" de esta unificación, era el contencioso. Pero este no era un tema medular para el plan del Gobierno así que la fusión será reemplazada, según el dictamen, por un "tribunal de resolución de conflictos" conformado por dos de los camaristas actuales de contencioso administrativo y uno de civil y comercial federal.
- Eliminó un requisito que borraba de la lista de posibles subrogantes de Comodoro Py a la mayoría de los jueces penales nombrados durante el macrismo. El proyecto original decía que no podrían ser subrogantes quienes hubieran "manifestado en forma expresa su consentimiento para ser transferidos al Poder Judicial de la Ciudad". A pedido de Garavano, los nuevos jueces que asumían en el fuero penal ordinario firmaban que estaban dispuestos a ser traspasados. Cuando se conoció el proyecto del Gobierno, uno de ellos, Ignacio Rodríguez Varela presentó una nota en el Ministerio de Justicia para dejar sin efecto aquella manifestación. Se acercaba otro conflicto que, de aprobarse la reforma, podría complicar la marcha de los concursos para subrogantes con planteos judiciales.
- Dio marcha atrás, además, con un plan que eliminaba el anonimato en los concursos de los candidatos a subrogar en Comodoro Py. En el kirchnerismo destacan que el proceso para la elección de esos subrogantes es muy estricto y está lejos de promover subrogantes a dedo. Es cierto que el proyecto -en un artículo que no se modifica en el dictamen- incluye un requisito que demandará sí o sí consenso con la oposición: los candidatos a subrogar deberán salir de un concurso en el Consejo de la Magistratura aprobado con una mayoría de dos tercios. Esto combate el problema de origen de la debilidad de los subrogantes, pero sigue tratándose de jueces interinos, inestables, con fecha de vencimiento en sus cargos. Por ende, más débiles.
Otra innovación del dictamen del Senado es que establece que todos los sorteos de las causas de Comodoro Py deberán realizarse "manualmente" y en presencia de un secretario "o autoridad de control que se designe". Es decir, con un bolillero y una persona que esté sentada al lado, dando fe de los números que salen.
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