Los diplomáticos presentaron un amparo para no pagar Ganancias sobre el plus por trabajo fuera del país

En medio del serio conflicto diplomático con Venezuela, derivado de las elecciones del domingo pasado en ese país, la Cancillería que encabeza Diana Mondino sumó un nuevo motivo de preocupación, con la llegada a la Justicia del reclamo de decenas de diplomáticos de carrera por la reglamentación del decreto que establece el pago del impuesto a las Ganancias en el adicional que embajadores de distintas categorías cobran por su trabajo en el Exterior.

“Tal decisión ilegítima, arbitraria y flagrante no encuentra ningún fundamento en la ley del impuesto a las Ganancias que reglamenta, la que mantuvo en la materia los mismos principios que se aplican desde hace décadas para autorizar la deducción, y se introdujo de manera solapada bajo el pretexto general de “adecuar” la reglamentación de la ley y “brindar precisiones” sobre las medidas instauradas”, dice en uno de sus primeros párrafos el escrito, una acción de amparo y pedido de cautelar presentado el lunes por Eduardo Michel, presidente de la Asociación del Personal del Servicio Exterior (Apsen), con la asesoría legal del abogado constitucionalista Ricardo Gil Lavedra y el tributarista Alberto Tarsitano.

La presentación judicial es el paso posterior al envío de una carta a la canciller, en la que cien diplomáticos expresaban su “preocupación” y disgusto por la inclusión de los diplomáticos en la reglamentación del decreto 652/24, que incluye el pago de cerca de un 25 por ciento por sobre el adicional que perciben los funcionarios que trabajan en delegaciones diplomáticas fuera del país. La presentación recayó en el juzgado contencioso administrativo número 11, a cargo del juez Diego Martín Cormick.

Según explicó Gil Lavedra a este diario, “se trata de una compensación por costo de vida que equilibra, desde 1973, gastos en el Exterior según un índice de Naciones Unidas”. El integrante de la Cámara Federal que juzgara a las Juntas Militares en 1985 coincidió con distintos diplomáticos en alertar que, de no hacerse efectiva la medida cautelar, muchos diplomáticos que afrontan gastos de salud, vivienda y colegios de sus hijos fuera del país “tendrán que hacer las valijas y pedir regresar a la Argentina, porque no les va a alcanzar el dinero”. Gil Lavedra se mostró “optimista” en relación al futuro de la presentación, que pretende impedir que los descuentos ya rijan sobre el sueldo de los diplomáticos del mes de julio.

Ya presentada la acción de amparo, aún se comenta la carta que, el miércoles pasado, firmaron distintos embajadores, muchos de ellos jubilados, entre los cuales están el propio Michel; Ricardo Lagorio (embajador en la ONU); Conrado Solari Yrigoyen (ex embajador en Dinamarca); Marcelo Suárez Salvia (embajador en China), Rafael Grossi (Organización de Energía Atómica), Martín García Moritán (embajador en Uruguay), y el ex presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Federico Villegas, y el ex embajador argentino en Rusia durante el gobierno de Alberto Fernández, Eduardo Zuaín. “Medidas como la que establece esta nueva normativa repercuten de manera significativa en el normal funcionamiento del servicio, dificultando la cobertura de vacantes en las representaciones en el Exterior”, dice la carta a Mondino, en la que le piden que dé marcha atrás con la medida.

Pasados unos días, y viendo que la negativa de Mondino a dar marcha atrás es directa y concluyente- el presidente Javier Milei insiste en que “la ley debe ser igual para todos”-algunos de los que firmaron sostienen que lo hicieron “como gesto de solidaridad, de acompañamiento hacia los rangos inferiores” pero que consideran a los recortes “como una medida racional, teniendo en cuenta la difícil situación económica de la Argentina”. No es, por cierto, la opinión de la mayoría de los firmantes, que sostiene que los diplomáticos ya pagan Ganancias por su sueldo en pesos, y prometen seguir la batalla “hasta el final”, aunque el desenlace del entuerto es aún incierto.

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