Los diplomáticos activan una huelga para no pagar el impuesto a las ganancias sobre el plus por trabajo fuera del país

La canciller Diana Mondino vive nuevamente horas incómodas mientras el gobierno de Javier Milei intenta sacar rédito político y aprovecha que los flashes mediáticos se posan casi en su totalidad en la denuncia por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández.

Por decisión de la Asociación del Personal del Servicio Exterior (Apsen), y como resultado de una nueva asamblea llevada a cabo el viernes pasado, decenas de diplomáticos comenzaron hoy con medidas de fuerza en protesta por la decisión del Gobierno de comenzar a descontar, en concepto del pago de impuesto a las ganancias, un porcentaje del adicional que cobran los embajadores y ministros cuando cumplen funciones fuera del país.

Las medidas, que incluyen cese de actividades de dos horas desde hoy y hasta el jueves (en la Argentina, a partir de las 17) y la “abstención masiva de presentación a licitaciones de traslado”, podrían ser el inicio de otras acciones, más fuertes, si el amparo presentado en el juzgado contencioso administrativo Número 11, a cargo del juez Diego Martín Cormick, no prospera a la brevedad.

El ambiente en el Palacio San Martín no es, por cierto, de tranquilidad. Los inéditos protagonistas de la protesta llenaron las carteleras de la casa con consignas contra el pago del impuesto que pesa sobre los salarios, y también impulsaron un petitorio. Si bien el descuento no se efectivizó en los adicionales de julio “por problemas técnicos”, el temor es que, una vez solucionados esos inconvenientes, los descuentos se den de modo retroactivo y acumulativo.

“El amparo debería salir rápido, pero mientras tanto, por presión de los más jóvenes, comenzamos con estas medidas, siguiendo un criterio de progresividad”, explicaron desde Apsen, el gremio que motoriza las protestas. Sin respuesta por parte de la canciller, que defiende la decisión del Gobierno, basada en la “igualdad ante la ley” de todos los funcionarios de los tres poderes, los diplomáticos podrían decidir, el próximo viernes y en una nueva asamblea, profundizar las medidas de fuerza, inéditas en la historia de la diplomacia argentina.

Los promotores del reclamo, donde confluyen diplomáticos jubilados, otros con gran experiencia aún en funciones y jóvenes que recién dan sus primeros pasos, apuestan al éxito del amparo, presentado hace dos semanas por Eduardo Michel, presidente de Apsen, con la asesoría legal del abogado constitucionalista Ricardo Gil Lavedra y el tributarista Alberto Tarsitano.

“Tal decisión ilegítima, arbitraria y flagrante no encuentra ningún fundamento en la ley del impuesto a las ganancias que reglamenta, la que mantuvo en la materia los mismos principios que se aplican desde hace décadas para autorizar la deducción, y se introdujo de manera solapada bajo el pretexto general de “adecuar” la reglamentación de la ley y “brindar precisiones” sobre las medidas instauradas”, dice el escrito en uno de sus primeros párrafos.

Los diplomáticos reiteran que ya pagan Ganancias por su sueldo en pesos, y consideran que ese adicional, en dólares y basado en un índice de Naciones Unidas, les permite solventar gastos en el exterior como vivienda, gastos médicos o escuelas para sus hijos. “El alquiler de un departamento de dos ambientes en Hong Kong vale 5000 dólares. Si no se tiene ese adicional, es un gasto imposible de pagar para un diplomático”, ejemplifica uno de los impulsores de la medida.

Mondino enfrenta la protesta de los embajadores, algunos de los cuales tienen peso propio. Entre los firmantes de la carta inicial de protesta, una vez conocida la reglamentación del decreto 652/24 que incluye el pago de cerca de un 25 por ciento por sobre el adicional que perciben los funcionarios que trabajan en delegaciones diplomáticas fuera del país, están el embajador en Chile y excanciller, Jorge Faurie; Ricardo Lagorio (embajador en la ONU); Conrado Solari Yrigoyen (exembajador en Dinamarca); Marcelo Suárez Salvia (embajador en China), Rafael Grossi (Organización de Energía Atómica), Martín García Moritán (embajador en Uruguay), el expresidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU Federico Villegas y el exembajador argentino en Rusia durante el gobierno de Fernández Eduardo Zuaín.

“Medidas como la que establece esta nueva normativa repercuten de manera significativa en el normal funcionamiento del servicio, dificultando la cobertura de vacantes en las representaciones en el Exterior”, decía la carta a Mondino, en la que le pedían, sin éxito, que diera marcha atrás con la medida.

Con la oficialización, vía Boletín Oficial, del nombramiento en calidad de asesor de Asuntos Estratégicos, de Carlos Starmanns, llegado como ella desde la universidad del Cema y actual director de estudios del Instituto del Servicio Exterior (Isen), Mondino busca refugio en sus hombres y mujeres de confianza mientras enfrenta una rebelión inédita de la familia diplomática.

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