Los dichos de Milei sobre el blanqueo encendieron las alarmas en el GAFI, que evalúa a la Argentina en su lucha contra el lavado de dinero

Mientras la Argentina rinde su prueba ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la amenaza de caer nuevamente en la lista gris, el Gobierno impulsó, como parte del paquete fiscal, un blanqueo de capitales. Al momento de defender esa iniciativa, Javier Milei dijo en una entrevista, dos semanas atrás, que “le importa un rábano” de dónde provengan los dólares.

Los dichos del Presidente encendieron alarmas en el GAFI, según reconstruyó LA NACIÓN de altas fuentes, donde observan con minuciosidad los instrumentos y la voluntad que tiene la dirigencia argentina para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El sistema político busca evitar que la Argentina caiga en la denominada “zona gris” de naciones calificadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por tener legislación permisiva al blanqueo de divisas provenientes de delitos como el narcotráfico y el terrorismo.

El nuevo blanqueo está delineado en el título 2 de la ley enviada por el Gobierno al Congreso bajo el título “Régimen de Regularización de Activos”. En la iniciativa oficial, tiene un plazo hasta el 30 de abril de 2025, aunque podría extenderse a julio de ese mismo año. Los bienes a regularizar incluyen desde dinero, inmuebles, acciones o títulos hasta criptomonedas. Y se habilita el sinceramiento de hasta US$100.000 sin ninguna penalidad. Por encima de esa cifra, la alícuota también va a ser 0% si se cumplen ciertas condiciones (como tener inmobilizados los fondos por un período) y, si no, irá del 5% en adelante. Es un blanqueo más económico que el impulsado por el gobierno de Mauricio Macri, en el que la alícuota era del 10%.

En su habitual conferencia de prensa, el vocero Manuel Adorni buscó aclararlos. “Con respecto al tema del blanqueo, del porqué y de los montos, y lo que quiso plantear el presidente -y es la línea que vamos a seguir siempre- es, porque si tenés dinero que en algún momento, por diferentes circunstancias que en su mayoría de las veces ha sido por escaparte de las garras de la política y de la presión impositiva y del cambio de reglas de juego permanentes que hay en Argentina, ¿por qué vamos a seguir castigándote por haber tratado de proteger tu patrimonio?”, dijo. Aunque Milei dijo que para él determinadas cosas “no son delito”, desde la Casa Rosada buscaron aclarar que se refería al dinero que no pagó impuestos para “resguardar la propiedad privada” y no a delitos como el narcotráfico o la trata

Patricia Bullrich también buscó relativizar los riesgos de habilitar un nuevo blanqueo y, en su viaje a Estados Unidos, debió ratificar que el país tendrá “todos los mecanismos de cuidado de blanqueo de dinero que provenga de organizaciones que utilizan la Triple Frontera o la vía del narcotráfico”. El presidente de la UIF, Ignacio Yacobucci, también viajó a Washington en las últimas horas para participar de la Spring Week del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde, según supo LA NACION, explicó el proyecto a las autoridades estadounidenses.

Los sinceramientos fiscales no suelen ser bien percibidos en las mesas de evaluación del GAFI, dado que en esos regímenes los controles sobre el origen de los fondos a declarar tienden a relajarse. Una fuente oficial consultada por LA NACION dijo que el proyecto fue puesto en conocimiento de las autoridades del GAFI antes de ser presentado al Congreso, con la intención de evitar que la Argentina sea observada por la iniciativa. El GAFI exige que la Argentina tenga herramientas óptimas para determinar el origen de los fondos. Con distintas características, todos los gobiernos desde el retorno de la democracia en 1983, impulsaron un régimen de sinceramiento fiscal para dinero o bienes no declarados, tanto en el país como en el exterior.

“La base del proyecto es similar al impulsado en 2016, que estaba validado por el Gafi”, justificó una fuente oficial consultada por LA NACION.

Las características de este nuevo sinceramiento son muy similares a las de la ley 27.260 impulsada por el gobierno de Mauricio Macri en 2016. Son proyectos muy similares, aunque en sus aspectos económicos este es considerado “más barato” por la alícuota que se impone para traer determinados montos. Hay algunas diferencias sutiles pero no menores, sobre todo en torno a la actitud que deberá tener la AFIP frente a quienes adhieran y declaren sus activos.

Entre un proyecto y el otro se pasó de la obligación de la AFIP de cumplir con la ley 25.246 como sujeto obligado ante la Unidad de Información Financiera (UIF) a la generalidad de que la AFIP cooperará, según las palabras utilizadas. “La interpretación de la norma podría permitir la relajación de los controles”, dijo a LA NACION un abogado con trayectoria en organismos abocados a prevenir el lavado de activos que aseguró que en la redacción de las leyes esas palabras no se utilizan sin conocimiento del efecto que podrían producir.

En el proyecto anterior la AFIP estaba dispensada de formular una denuncia penal respecto de los delitos previstos en las leyes 23.771 y 24.769, que son los delitos de naturaleza tributaria, pero estaba obligada a informar respecto de los delitos previstos en la ley 25.246. En el nuevo proyecto se establece lo siguiente: “Ninguna de las disposiciones de este Régimen de Regularización de Activos liberará a los sujetos mencionados en el artículo 20 de la Ley 25.246 y sus modificatorias de las obligaciones impuestas por la legislación vigente tendiente a prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) cooperará con otras entidades públicas en el marco de la citada ley y sus modificaciones.

Un gran debate que se suele dar en torno a los blanqueos tiene que ver con qué sujetos están autorizados a ingresar. El proyecto de ley del blanqueo durante la gestión de Cambiemos fue aprobado en julio pero meses después, mediante un decreto, Macri modificó los términos de esa normativa y permitió que los familiares de funcionarios pudieran entrar al régimen, siempre que pudieran acreditar que esos bienes “se encontraban incorporados en su patrimonio con anterioridad” a que sus familiares se desempeñaran en la función pública. Producto de ese cambio, Gianfranco Macri, hermano del entonces presidente, pudo blanquear más de $63,5 millones, según declaró ante la AFIP.

Este nuevo blanqueo incluye, en sus condiciones subjetivas -respecto de quiénes pueden ingresar y quiénes no-características similares a las del blanqueo promovido por Macri. Quedan excluidos del blanqueo aquellos funcionarios que se hayan desempeñado en el sector público en los últimos cinco años a contar desde la fecha de entrada en vigencia de la ley y aquellos que actualmente desempeñen la función pública. Los cónyuges, ascendientes y descendientes de los sujetos alcanzados quedan también excluidos de los beneficios del régimen, al igual que los excónyuges que lo hubieran sido durante el tiempo en el que dichos sujetos se desempeñaron en los cargos.

En el capítulo de “Familiares de funcionarios públicos” se establece: “Quedan excluidos de las disposiciones del Régimen de Regularización de Activos los cónyuges y convivientes y los ascendientes y descendientes en primer grado, por consanguinidad o afinidad, de los funcionarios públicos”. Y también abarca a los excónyuges y exconvivientes de los sujetos alcanzados en los incisos a) al w) del artículo 40 [funcionarios públicos] que hubieran sido cónyuges o convivientes durante el plazo fijado en dicho artículo.

En la lista de “bienes excluidos”, el proyecto impulsado por el Gobierno impide la regularización de activos que estuvieran depositados en entidades financieras o agentes de custodia radicados o ubicados en jurisdicciones o países identificados por el GAFI como de Alto Riesgo, que se encuentran en la lista negra, o de Bajo Monitoreo Intensificado, que es la denominada lista gris.

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