Los cuadernos de las coimas: pese a la confirmación del procesamiento, el juicio contra Cristina Kirchner no comenzaría en 2022
El caso fue elevado a un tribunal oral, pero resta resolver recursos de las defensas y realizar medidas de prueba que no se hicieron en la instrucción
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LA NACION
Aunque la Cámara de Casación rechazó los recursos que obstruían el avance de la causa de los cuadernos de las coimas, todavía no se ve en el horizonte el inicio del juicio oral y público del caso, que tiene como uno de los principales acusados a Cristina Kirchner. Es probable, estiman en los tribunales, que ni siquiera comience en 2022.
Por la cantidad de imputados que hay en la causa, unos 100, podría tratarse de uno de los juicios más grandes de la historia argentina, dijeron fuentes judiciales a LA NACION. Y eso, explicaron, también impone limitaciones. El espacio es una de ellas. No hay por ejemplo sala de audiencias disponible para sentar a 100 acusados junto con sus abogados, a la fiscalía y a las querellas.
Una fuente cercana al Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), a cargo de esta causa, dijo que se tratará de un juicio “definitivamente complejo y voluminoso”.
La causa fue elevada a juicio por el juez Claudio Bonadio a finales de 2019. Desde entonces, el TOF 7, integrado por los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, acumuló decenas de planteos de las defensas, principalmente contra las medidas cautelares vigentes en esa causa (como prohibiciones para salir del país y embargos millonarios, entre otras).
La cantidad de planteos presentados por los acusados es solo uno de los motivos que dilata el comienzo del juicio. Pero además, el TOF 7 le reclama desde hace un año recursos a la Corte Suprema para trabajar en este caso. No obtuvo aún respuesta alguna.
Otros incidentes pendientes de resolver giran en torno a temas probatorios. De hecho, algunos acusados que habían presentado recursos en la Casación pidiendo nulidades promovieron planteos similares ante el TOF7.
Peritaje a los cuadernos
Aunque el caso está elevado a la instancia de juicio, todavía no comenzó la etapa de instrucción suplementaria, período en el que las defensas de los acusados podrán pedir que se incorpore nueva prueba al expediente antes del inicio de las audiencias orales. Algunos abogados consultados por LA NACION adelantaron que pedirán realizar un peritaje de los cuadernos, entregados por el fiscal Carlos Stornelli el año pasado al TOF 7.
No se prevé, de todas formas, que se puedan ordenar estudios periciales complejos, como sí ocurre en otras causas, donde el delito a probar demanda la producción de informes contables que a veces demoran hasta un año en desarrollarse. En esta causa se investiga una asociación ilícita dedicada a delinquir a través del cobro de sobornos.
El TOF 7 también atravesó este año la embestida del gobierno nacional que, a través de un decreto presidencial, desplazó al juez Germán Castelli por considerar que su traslado no era válido porque no había contado con el aval del Senado. La Corte Suprema repuso a Castelli en el cargo hasta que el Consejo de la Magistratura convoque y termine un concurso para cubrir el cargo que hoy tiene él.
Tras el fallo de la Casación que consideró válidas las declaraciones de los arrepentidos, las defensas acudieron a la Corte Suprema. No será la primera vez que la Corte deba pronunciarse sobre un expediente de corrupción que involucra a la vicepresidenta. También el procesamiento que quedó firme hoy puede terminar en la Corte.
La causa de los cuadernos
La causa tiene su origen en los datos revelados por las anotaciones del chofer del exfuncionario de Planificación Roberto Baratta, Oscar Centeno, que registró durante casi una década movimientos de los exfuncionarios del Ministerio de Planificación.
LA NACION accedió a esos registros y los puso en conocimiento de la Justicia. Las anotaciones daban cuenta de cómo los entonces funcionarios cobraban dinero ilícito de grandes empresas contratistas con negocios en el país. El caso tuvo su punto más álgido entre julio y agosto de 2018, cuando el fallecido juez Claudio Bonadio ordenó la detención de Centeno y de 17 exfuncionarios e importantes directivos de empresas.
LA NACION
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