Los conflictos con comunidades mapuches se extienden por todo el norte de la Patagonia

SAN CARLOS DE BARILOCHE.– La mayoría de las demandas de restitución territorial que llevan adelante múltiples pueblos originarios y en particular las comunidades mapuches en la Patagonia norte tienen varias décadas de historia. En los últimos años, muchos lof (una noción que vincula familias, linajes y comunidades ceremoniales mapuches con procesos de territorialización) han conseguido que el Estado les reconozca derechos de posesión sobre los territorios que ocupan ancestralmente.

Se trata de conflictos que tienen diversos actores, abordajes y complejidades. En los últimos 20 años y producto de múltiples factores, la identidad mapuche pasó de estar vinculada únicamente al ámbito rural a ser también urbana.

Si bien el territorio que tradicionalmente ocupaban muchas comunidades mapuches se vio amenazado por diversos procesos sociales y por el avance de desarrollos económicos, a partir de 2015 comenzaron a observarse en la región tomas de tierras y usurpaciones protagonizadas por grupos que se autodenominan mapuches y que recurren a métodos violentos.

Entre los ejemplos está la comunidad Lafken Winkul Mapu, que en noviembre de 2017 usurpó tierras de Parques Nacionales en Villa Mascardi, en el kilómetro 2006 de la ruta 40, y luego fue extendiendo la toma a propiedades aledañas. Esa usurpación fue la antesala de múltiples episodios violentos, que incluyeron quema de casas, ataques y cortes de ruta. En un intento de desalojo, el joven Rafael Nahuel fue asesinado allí el 25 de noviembre de 2017: por esa causa hay cinco miembros de la agrupación Albatros de la Prefectura imputados.

En Río Negro hay otros conflictos territoriales vigentes:

• Bariloche: en junio un juez hizo lugar a una medida cautelar presentada por la comunidad mapuche José Celestino Quijada y ordenó al barrio privado Arelauquen Golf & Country Club –a orillas del lago Gutiérrez– restablecer el paso “de tránsito libre entre el territorio ocupado por la comunidad y el Barrio Unión”. El juez basó su decisión en un informe del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que “reconoció recientemente la ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad Lof Che José Celestino Quijada sobre el territorio comunitario”. El intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, hizo notar su preocupación ya que “mucho territorio que el INAI está otorgando queda dentro del ejido urbano”.
• Las Bayas: la familia Mohana, que habita la estancia Chenqueniyen desde principios del siglo XX, denunció que desde el 2008 sufren una ocupación de la comunidad Cañumil, que vive en tierras linderas. Un año después, un grupo de personas ocupó una casa de la familia en Ñorquinco. En 2020, integrantes de la comunidad Cañumil ocuparon otros campos de la familia Mohana y este año se produjo la quema de un puesto lindero a esa ocupación, así como robo de ganado.

• El Foyel: en octubre de 2020, la comunidad Gallardo Calfú ingresó a una chacra de 600 hectáreas. Afirmaron que estaban recuperando el territorio que había sido arrebatado hace 40 años mediante una estafa a Sixto Gallardo Calfú. La comunidad fue luego desalojada y dos de sus miembros fueron imputados por usurpación. Carlos Maizón, propietario de un terreno en El Foyel, denunció que la comunidad mapuche de las Huaytekas ocupó su campo y otros 42 lotes de esa zona y que actualmente también viven allí un gran número de colombianos.
• Cuesta del Ternero: la lof Quemquemtreu ocupó el 18 de septiembre dos lotes en ese paraje como parte de una “recuperación de territorio ancestral”. Si bien el lugar fue restituido a su ocupante fiscal menos de una semana después, algunos miembros de la comunidad Quemquemtreu reingresaron al terreno.

Alejandro Huenchupan, lonko de la comunidad mapuche Tequel Mapu expresó hace unos días en un comunicado: “Nuestros logros, que han sido muchos a lo largo de los años, siempre los conseguimos por la vía del diálogo y el respeto. Desconozco al lof Quemquemtreu y sus miembros, y les exijo que dejen de aprovecharse de la historia y sufrimiento de nuestro pueblo para satisfacer ambiciones personales perjudicando la imagen de todos nuestros hermanos mapuches”.

Neuquén también es escenario de múltiples conflictos territoriales entre las comunidades mapuches y el Estado o privados. Y muchos se desarrollan en la zona de Vaca Muerta. El mes pasado, la comunidad Fvta Xayen tomó posesión de tierras a 18 kilómetros de Añelo, en un área conocida como Los Algarrobos.

“Hemos tomado la decisión de poner en resguardo este espacio de nuestro territorio comunitario. Esta decisión es ante la amenaza a manos de un privado del lugar llamado Fernando Galván, que usando la fuerza ha ingresado maquinaria pesada rompiendo todo a su paso, en particular lugares de importancia cultural ligado a la memoria y al uso tradicional de las familias del Lof. Este preciso lugar es considerado eltuwe, cementerio de nuestros antepasados”, advirtieron desde la comunidad Fvta Xayen.

Ese conflicto comenzó en mayo de 2017, cuando miembros de la comunidad mapuche ocuparon una serie de lotes cerca de la ruta 7, en el paraje Tratayen, entre Añelo y San Patricio del Chañar. A finales de 2019, la fiscalía de Neuquén solicitó el sobreseimiento de 21 miembros de la comunidad Fvta Xayen que habían sido acusados de usurpación. A su vez, hay otras comunidades que llevan adelante reclamos territoriales en esa zona de Neuquén y que protagonizan diversos conflictos con las autoridades provinciales y los productores locales.

Muy cerca de Tratayen, los representantes del Club Mari Menuco y de la comunidad mapuche Kaxipayiñ también mantienen un conflicto territorial. Tras firmar un acuerdo para llegar a una convivencia pacífica, las partes se someterán al proceso de relevamiento territorial dispuesto por la Ley 26.160.

La ley sancionada en 2006 declaró “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes”.

En agosto de este año, el Juzgado Federal N° 2 de Neuquén aceptó como querellantes a las autoridades de la comunidad Campo Maripe en la causa contra la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y el exjefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad Pablo Noceti por un allanamiento de Gendarmería Nacional realizado en junio de 2017.

En Chubut –provincia en la que el Pu Lof en Resistencia Cushamen inició en 2015 lo que denominaron “proceso de recuperación territorial productiva a la multinacional Benetton”–, miembros de la comunidad mapuche Pailako tomaron en diciembre pasado una seccional del Parque Nacional Los Alerces para hacer un reclamo territorial. El 10 de julio, una guardaparque fue apedreada muy cerca de allí tras detectar humo en el puente del arroyo Cascada. Otros agentes de la zona sufrieron diversos ataques en los últimos meses.

“Lamentamos que estos hechos continúen sucediendo y que los mismos queden impunes, que la Administración de Parques Nacionales (APN) no promueva las acciones judiciales correspondientes para dar con quienes agreden a los empleados de la APN y los bienes tutelados y tampoco avance paralelamente de manera efectiva en el supuesto diálogo para evitar que estos hechos ocurran”, indicaron desde el Sindicato de Guardaparques Nacionales.

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