El tribunal del que fueron desplazados Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi acumula causas que inquietan al poder político y económico
LA NACIONCandela Ini
La sala I de la Cámara Federal, que ahora, tras el desplazamiento de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quedó integrada únicamente por el juez Mariano Llorens, tiene resoluciones pendientes en causas que inquietan al poder político y económico.
Hay definiciones que involucran -en distintos expedientes- a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, al banquero Jorge Brito, al exdirectivo de Isolux Juan Carlos de Goycochea y al exCEO de Iecsa Héctor Sánchez Caballero.
Por la Sala I pasaron casi una decena de expedientes derivados de la causa de los cuadernos de las coimas, e incluso la causa troncal, donde se investigaron los hechos relatados por el chofer Oscar Centeno. En la mayoría de esas causas, la vicepresidenta Cristina Kirchner había sido procesada por el juez Claudio Bonadio y tanto Bruglia como Bertuzzi confirmaron esas decisiones. En la causa de los cuadernos, Llorens no puede intervenir porque está excusado. Por eso esos fallos llevaron la firma de Martín Irurzun.
De los casos derivados del expediente principal de los cuadernos hay decisiones de primera instancia, de Marcelo Martínez De Giorgi, que subroga el juzgado que ocupaba Claudio Bonadio, que eventualmente la Cámara deberá revisar.
Hay otros casos de corrupción en trámite en los que, eventualmente, la Sala I deberá volver a intervenir, así como también varias decisiones ya tomadas en primera instancia que deben ser confirmadas o revocadas.
Una de ellas, por ejemplo, es el sobreseimiento del banquero Brito dictado por el juez Ariel Lijo, en junio de este año, en el segundo tramo del Caso Ciccone. Ese sobreseimiento fue apelado por la Oficina Anticorrupción (OA) y deberá ser revisado por Irurzun y Llorens.
El caso por la obra del Paseo del Bajo
También están pendientes de análisis los sobreseimientos dictados por el juez Claudio Bonadio en el caso de la megaobra del Paseo del Bajo, por el supuesto direccionamiento de las obras más costosas a la constructora Iecsa, al exministro de Transporte del macrismo Guillermo Dietrich y al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.
También hay en la Cámara un expediente sobre un asunto de gravedad institucional. Irurzun y Llorens deberán resolver, una vez más, la situación procesal de Santiago Viola, el exabogado de Leandro Báez -hijo de Lázaro Báez-, que está acusado por haber plantado testigos falsos para lograr el apartamiento del juez federal Sebastián Casanello de una causa de corrupción.
Los testigos falsos ya fueron a juicio oral. Viola y el fiscal Eduardo Miragaya fueron sobreseídos hace menos de un mes por el juez federal Luis Rodríguez, después de que Bruglia y Bertuzzi le ordenaran profundizar la investigación contra ellos. Como parte querellante, Casanello apeló esa decisión, que ahora debe ser revisada por Llorens e Irurzun.
Los empresarios dueños del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa, también estarán atentos a las decisiones de esta Cámara, que tiene pendiente resolver sobre los procesamientos que les dictó Bonadio en una causa que investiga presuntas irregularidades en la construcción del acueducto Comodoro Rivadavia-Caleta Olivia. Uno de los hijos de Cristóbal López también está procesado en esa causa.
Por otro lado, los empresarios Juan Carlos De Goycoechea (Isolux), Héctor Sánchez Caballero (Iecsa) y el extitular del ENARSA, Exequiel Espionsa, fueron procesados por el juez Casanello por presuntas irregularidades en las licitaciones para la construcción de dos centrales termoeléctricas durante el kirchnerismo, las de Ensenada de Barragán y Brigadier López. La Cámara todavía debe confirmar esa decisión.
Las partes más voluminosas del caso cuadernos, donde está acusada como principal responsable Cristina Kirchner, ya fueron elevadas a juicio. En esa instancia las complicaciones para el caso surgen, ahora, porque el juez del Tribunal Oral Federal 7 Germán Castelli fue desplazado por el decreto firmado por Alberto Fernández ayer, que dejó sin efecto su traslado, que había sido ordenado por Mauricio Macri. De acuerdo con el nuevo decreto, Castelli debe volver al tribunal oral federal que ocupaba en San Martín.
Por Candela Ini
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