Los bloques dialoguistas anticipan que endurecerán sus planteos al Gobierno tras la sanción de la “Ley de bases”

Un nuevo Congreso nacerá después de la sanción de la “Ley de bases” y el paquete fiscal. Los bloques que colaboraron con los objetivos del Gobierno adoptarán una nueva actitud y buscarán motorizar muchos de los asuntos que dejaron de lado para evitar el entorpecimiento del diálogo. Impulsarán cuestiones resistidas por el oficialismo, como la recomposición de los haberes jubilatorios con la inflación desde enero, la desarticulación de regímenes especiales como el de Tierra del Fuego, el financiamiento educativo y el incremento del impuesto al tabaco para todas las empresas.

Este giro en la conducta de la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal tiene dos explicaciones. Por un lado, pretenden evitar que Javier Milei continúe señalándolos como los culpables de los traspiés de su administración. “Se le acaban los argumentos”, dictaminó un referente de esta tríada parlamentaria. Por el otro, consideran imprescindible marcar una agenda que alimente el sentido de pertenencia de su propio electorado. Parte del radicalismo todavía se lamenta no haber aportado al quorum en la sesión pedida por Unión por la Patria (UP) para debatir la inversión universitaria. “No podemos abandonar nuestras banderas”, comentó un correligionario a LA NACION.

La incipiente insubordinación de los diputados dialoguistas comenzará el próximo lunes, el mismo día en que el pleno discutirá, y muy probablemente aprobará, la “Ley de bases” y el paquete fiscal. En paralelo a su acompañamiento a las iniciativas del Poder Ejecutivo, estos legisladores tomarán las riendas del recinto y forzarán la introducción de otros temas.

Innovación Federal, la bancada que responde a los oficialismos provinciales de Neuquén, Misiones, Salta y Río Negro, buscará la restitución de los artículos que elevaban la suba de los impuestos internos al tabaco del 70 al 73% y suprimía el gravamen mínimo a los cigarrillos, que beneficia a Pablo Otero, de Tabacalera Sarandí. La salteña Pamela Calletti, alfil del gobernador Gustavo Sáenz, anticipó a este medio que lo planteará en la sesión y, de tener asegurada su aprobación, pedirá una moción para someterlo a votación.

“Lamentablemente, hay sectores que están operando para que no logremos sancionarlo”, indicó Calletti, quien precisó: “Son 1000 millones de dólares que la Argentina podría recaudar de un producto que es nocivo para la salud. Además, es un impuesto coparticipable que llega a tanto a las provincias y la Capital Federal, como al Tesoro Nacional”.

La misma estrategia adoptará la Coalición Cívica, parte del bloque liderado por Miguel Ángel Pichetto, que apuntará a desarticular los regímenes especiales de tributación, como el que beneficia a la industria electrónica en la provincia de Tierra del Fuego.

Para ello, solicitarán la inclusión de un artículo que instruya al Poder Ejecutivo a que un plazo determinado envíe al Congreso un proyecto de ley “tendiente a incrementar los recursos corrientes de la Administración en un dos por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), mediante la supresión o modificación de exenciones tributarias, beneficios impositivos o de cualquier otro gasto tributario”.

Las jubilaciones también serán parte de la agenda que la tríada dialoguista buscará imponer en la sesión del lunes. Estos bloques están de acuerdo en emplazar a la comisión de Presupuesto, presidida por José Luis Espert, para tratar los proyectos que pretenden profundizar la recomposición de los haberes previsionales. A pesar de que Milei definió una actualización mediante el IPC y un aumento por única vez del 12,5%, los legisladores insistirán con una reparación mayor que contemple la totalidad de la inflación de enero, de un 20,6%. Esto implicaría un fuerte golpe a las arcas del Estado. El ministro de Economía, Luis Caputo, pudo exhibir superávits financieros en los dos primeros meses del año, en gran medida, por la licuación de los ingresos de jubilados así como de las transferencias corrientes de subsidios y programas sociales.

Por su parte, la UCR se volcará a su nutrida militancia universitaria y promoverá la aprobación del proyecto de ley “Régimen de financiamiento de Universidades Nacionales”, presentado por la diputada Danya Tavela. Tras la firma de los dictámenes de la “Ley de bases” y el paquete fiscal, los radicales apuraron un pedido para el presidente de la comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro (Pro), para debatir este asunto.

Después de la masiva marcha universitaria, el pedido de sesión especial del kirchnerismo para discutir la inversión educativa incomodó a la UCR, que evitó sentarse a su lado justo en el tramo final de las negociaciones con el Gobierno. Por eso, el líder del bloque radical, Rodrigo de Loredo, motorizó una señal para las bases de su partido y justificó a través de X: “Es importante aclarar que la sesión de ayer era sabido no contaría con los dos tercios exigidos por Reglamento, por lo tanto no podía realmente abordar la cuestión de fondo. A lo sumo podía emplazar y exigir que se convoque a la comisión, que es lo que logramos con esta nota”. En espejo, el presidente del Comité Nacional, Martín Lousteau, pidió una sesión especial en el Senado para el próximo martes con el mismo fin.

La UCR también insistirá en su pelea contra los sindicatos. El espacio de De Loredo impulsaba una reforma laboral por la que se pretendía desarticular las principales cajas gremiales, entre las que se encontraba la eliminación de la obligatoriedad de las “cuotas sindicales”, así como la limitación de los bloqueos por huelga. Sin embargo, el Gobierno optó por retroceder en esta batalla ante la posibilidad de un recrudecimiento de las medidas de fuerza en la antesala de la movilización por el Día del Trabajador.

No fue la única concesión que debió hacer el oficialismo para obtener el dictamen. A última hora también dio marcha atrás con la consolidación de los títulos públicos en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (FGS). A instancias de los gobernadores, Hacemos Coalición Federal exigía el compromiso del Gobierno de cumplir con el pago de las deudas con las cajas previsionales no transferidas a la Nación. Este punto, entre otros, será parte de la discusión que tendrá como protagonistas en el Congreso a los mandatarios provinciales, quienes esperan ansiosos un alivio económico tras mostrarse dóciles en este nuevo round parlamentario.

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