Los aliados del Gobierno aseguran que se agotó la etapa colaborativa y advierten que el presupuesto no se aprobará si no hay cambios

Fue Miguel Ángel Pichetto quien lo advirtió en pleno recinto. “Acaban de consolidar el partido del bloqueo y la minoría”, vociferó en la última sesión en la que el Gobierno logró blindar el segundo veto presidencial. Tan solo un día después, el presagio del experimentado legislador comenzó a tomar forma: tanto el Pro como los gobernadores dialoguistas y del peronismo no kirchnerista, con los que Javier Milei impuso su voluntad, dan indicios del agotamiento de su paciencia y exigen a la Casa Rosada el cumplimiento de sus compromisos con la mira puesta en el debate del presupuesto 2025.

Lo mismo ocurre con la oposición dialoguista en el Congreso. Tanto la UCR como Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Pro y los partidos provinciales le reprochan al oficialismo la carencia de un diálogo fluido. Exhiben hartazgo, además, frente a la estrategia de los libertarios de romper los bloques y sembrar discordia.

En Pro, quienes se consolidaron como los mejores amigos del Gobierno, vuelven a hablar de una negociación “ley por ley”. Muestran los dientes para que se incluya en el proyecto de Presupuesto el detalle de la coparticipación adeudada a la Ciudad, bastión macrista por excelencia. Especulan con la posibilidad de evitar una confrontación electoral con el oficialismo en su casa matriz.

Este mismo planteo está presente en el resto de los espacios políticos, que apuestan a que una nueva negociación allane el camino hacia fondos frescos y a un acuerdo electoral. Un complejo escenario para un Gobierno que registra una minoría evidente y cosecha promesas incumplidas desde que llegó a la presidencia.

“Es el último gesto, que quede claro”, confiaron a LA NACION cerca del mandatario catamarqueño, Raúl Jalil. El gobernador ausentó a Fernanda Ávila del recinto y le asestó a la oposición un doble golpe: le arrebató un voto y, además, bajó el umbral de avales para que el Gobierno logre una victoria. El gesto hacia la Casa Rosada le costó el repudio público del Partido Justicialista local, a cargo de su predecesora en la provincia, Lucía Corpacci, así como un conflicto con la Universidad de Catamarca (UNCA). Tras ello, Jalil apuró una cumbre con su rector, Oscar Arellano, a quien le prometió el 3% de las regalías mineras para el desarrollo científico y tecnológico.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en 2023, el 70% de los ingresos totales de Catamarca fueron de origen nacional. La dependencia de la provincia es muy alta y, en un contexto de ajuste, se profundiza. “El Gobierno no está cumpliendo con todo lo pautado”, advierten.

Algo similar ocurre con el resto de los gobernadores peronistas que ayudaron a sostener el veto: Osvaldo Jaldo (Tucumán), quien aportó tres diputados que se alinearon con la voluntad del Presidente, y Hugo Passalacqua (Misiones), que ordenó a sus cuatro legisladores a abstenerse. “Vamos a ver qué pasa con la discusión del Presupuesto”, evalúa uno de los referentes misioneros en el Congreso. Será determinante el curso de las negociaciones durante el fin de año, cuando las presiones presupuestarias provinciales se acentúen por el pago de sueldos, bonos y el medio aguinaldo.

A pesar de estas exigencias, un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), de Nadin Argañaraz, precisa que los gobernadores que ayudaron a la Casa Rosada en el Congreso fueron beneficiados con fondos de la administración central. Misiones fue la provincia que más Aportes del Tesoro Nacional (ATN) recibió en lo que va del año: $9000 millones de pesos. La siguen Chubut ($4500 millones), Entre Ríos ($3800 millones), Santa Cruz ($3000 millones) y Tucumán ($2000 millones).

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, sumó un voto a favor del Gobierno con Ana Clara Romero. Jorge “El Loma” Ávila, que iba a votar en contra, no logró llegar por estar internado y generó la suspicacia de sus compañeros de bloque. El mandatario entrerriano, Rogelio Frigerio, aportó un voto a favor del veto y otro para la insistencia. Lo mismo hizo su par santacruceño, Claudio Vidal, que, con el debate avanzado y cuando ya parecía irreversible el sostenimiento del veto, uno de sus dos legisladores, Luis Garrido, deslizó que acompañaría la voluntad presidencial. El otro, Sergio Acevedo, se opuso.

Los mandatarios de Juntos por el Cambio (JxC) no están conformes con el trato que reciben de la Casa Rosada. Tras la última sesión, definieron un endurecimiento de su posición dado que consideran que el Gobierno ratificó su estrategia de construir con un sector del peronismo. Cerca de estos jefes provinciales repiten que el Gobierno no cumple con su compromiso de saldar la deuda con las cajas provinciales no transferidas, ni con liquidar los pasivos de las obras en ejecución. “No hay gestos”, repiten sobre el Poder Ejecutivo Nacional.

Un anticipo de la nueva actitud que muchos gobernadores adoptarán fue la del sanjuanino Marcelo Orrego. Sus dos diputadas, que habían acompañado todas las medidas del oficialismo, votaron en contra del veto de Milei.

Gustavo Sáenz también le marcó la cancha a la Casa Rosada. Mandó a sus legisladores a acompañar el financiamiento universitario. Se ausentó a último momento Yolanda Vega, una de sus referentes parlamentarias, por “una descompensación”. En la discusión previsional, todos sus alfiles legislativos optaron por la prescindencia a pesar de haber acompañado previamente la medida.

Las provincias padecen el ajuste libertario en primera persona. Según Argañaraz, en septiembre recibieron $280.948 millones en concepto de transferencias no automáticas por parte de la Nación, lo que implica una suba interanual nominal de 0,6% y una caída real de 67,5%. Si bien todas las jurisdicciones tuvieron un retroceso, las menores caídas se observaron en la Ciudad de Buenos Aires (-22,9%), Jujuy (-67,7%), y Santa Cruz (-69,7%). Las de peor desempeño son La Pampa (-95,8%), Formosa (96,7%) y La Rioja (-98,0%).

Con 85 voluntades, el Gobierno reunió el tercio necesario para sostener la impugnación a la ley de financiamiento universitario, pero está lejos de consolidar una mayoría que le permita sancionar cualquier otra iniciativa. Su prioridad es el Presupuesto 2025, necesario para llevar estabilidad a los mercados y brindar certidumbre al Fondo Monetario Internacional (FMI).

“No va a venir ninguna inversión si se demuestra que hay fragilidad institucional y si el Gobierno no consolida una mayoría para poder gobernar. Están perdiendo al electorado duro de La Libertad Avanza, fundamentalmente a los jóvenes”, consideró Pichetto.

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