Los agresores “antisistema”, una tipología social que se repite

El padre de Fernando Sabag Montiel se negó a darle su apellido durante un tiempo. Y se desligó hace años. Tanto, que no lo visitó, ni lo llamó, ni contactó a las autoridades judiciales desde que su hijo quedó detenido por el magnicidio fallido de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Se cree que vive en su Chile natal, ajeno a su derrumbe, que muchos cifran que comenzó en 2017, con la muerte de su madre, Viviana.

La relación de Brenda Uliarte con su familia tampoco es un mar de rosas. Abusada de pequeña, su madre la abandonó, la crió su abuela, que ya murió, y parió una criatura que murió al poco de nacer. En su celular, agendó a su padre como “inservible”.

Tampoco resulta mejor el contexto en el que se movió Nicolás Carrizo hasta quedar detenido. A 600 metros del estadio de Deportivo Morón, su casa muestra signos evidentes de deterioro y abandono. Madre viuda, su hermano con problemas psiquiátricos pasa el día detrás de una persiana rota.

A una hora de allí, en Monte Grande, la vivienda de los padres de la joven de 25 años que analiza ahora la Justicia, Joana Daniela Colman, combina madera y materiales, techo de chapa, vereda y calle de tierra, y una bombita quemada. Sus padres dicen no saber dónde está desde hace unos días, aunque para los investigadores ella –situación crediticia en rojo- es sólo una “testigo” y no está imputada en la causa.

La Justicia sí busca desentrañar, en cambio, si Sabag Montiel y Uliarte actuaron solos, si fueron la punta de lanza de algo más grande o, incluso, si una o más personas los utilizaron como instrumentos para sus propios objetivos, proveyéndoles dinero y logística.

Pero sea que hayan actuado solos o sido títeres de terceros que seguirían en las sombras, Sabag Montiel y Uliarte integran un colectivo inquietante para la política: hombres y mujeres jóvenes que están fuera del sistema o son, incluso, antisistema: desempleados, precarizados, sin dinero, ni acceso al crédito, ni planes asistenciales. Protagonistas de la degradación social que se mueven por la periferia metropolitana y que sienten que tienen poco (o nada) para perder. Algunos adscriben al anarquismo; otros, al neonazismo; y otros más a idearios libertarios extremos.

El atentado fallido contra la vicepresidenta del 1 de septiembre podría registrar, en ese sentido, antecedentes menores durante los últimos años.

El 14 de noviembre de 2018 ocurrió uno de los más notorios. Fue en el barrio porteño de Belgrano R. En pleno torbellino por el “caso Cuadernos” –la investigación más relevante sobre la corrupción sistémica en la historia de este país-, al juez federal Claudio Bonadio le arrojaron una bomba en el patio delantero de su casa.

El artefacto no explotó –hasta que la División Explosivos de la Policía metropolitana se encargó de ello- y el atacante terminó detenido. ¿Su nombre? Marcos Viola. ¿Edad? 26 años. ¿Otros datos? Portaba una faca con una hoja de 10 centímetros. ¿Adscripción a algún grupo o ideario? Sí, al anarquismo.

Ese mismo día, un par de horas antes y a 9 kilómetros al sudeste de la casa del juez Bonadio, cuando caía la noche, dos sombras intentaron colocar una bomba junto a la tumba del jefe de la Policía, Ramón Falcón.

El artefacto sí explotó, pero antes de tiempo y en las manos de una de esas sombras. ¿Su nombre? Anahí Esperanza Salcedo. ¿Edad? 32 años. ¿Otros datos? Terminó internada, en grave estado, con una mano destrozada y el rostro desfigurado, y su pareja, Hugo Alberto Rodríguez, de 38, quedó detenido, al igual que una decena de sospechosos más. ¿Adscripción a algún grupo o ideario? Sí, al anarquismo.

También en noviembre, pero de 2021, nueve encapuchados atacaron con bombas molotov la sede del Grupo Clarín en la calle Piedras al 1700, en el barrio porteño de Barracas. Al menos siete artefactos causaron un principio de incendio a las 23,45 del lunes 22, aunque no hubo heridos, ni daños relevantes, mientras que otra bomba no llegó a estallar.

El ataque pareció quedar impune. Pero las detenciones llegaron con el paso de los meses. El primero fue Juan Gabriel Apud. ¿Edad? 32. Y se sumaron luego tres hombres y dos mujeres. ¿Adscripción a algún grupo o ideario? Sí, al anarquismo.

¿Qué pasó con los protagonistas de los dos primeros ataques? El anarquista que arrojó una bomba contra la casa de Bonadio y quienes querían volar la tumba de Falcón terminaron condenados a tres años de prisión por el delito de intimidación pública. Fueron excarcelados al cumplir dos tercios de la pena. Y a ellos se sumaron otros ocho que fueron condenados a tres años de prisión en suspenso y a brindar cuatro horas de tareas sociales por semana.

¿Qué pasó con quienes atacaron la sede del Grupo Clarín? Dos todavía no fueron identificados, dos continúan prófugos y otros cuatro aceptaron un juicio abreviado el jueves 8 de este mes y terminaron condenados a tres años de prisión en suspenso por el delito de intimidación pública agravada: Juan Apud, Pablo Droz, Emir Dorval Acosta y Christian Orihuela Flores.

Pero la noticia sobre estas condenas pasó desapercibida, eclipsada por el ataque más grave e inquietante de todos: Sabag Montiel, de 35 años, marginal, errático, narcisista, con tatuajes neonazis, gatilló una pistola calibre .32 a centímetros de Fernández de Kirchner. La jueza federal María Eugenia Capuchetti lo procesó junto a Uliarte, de 23 años, que lanzaba diatribas libertarias extremas por las redes sociales y por WhatsApp y soñaba con convertirse en “San Martín”.

Integran, acaso, lo que el decano de la Escuela Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (Idaes), de la Universidad Nacional de San Martín, e investigador del Conicet, Ariel Wilkis, categorizó como un emergente del “antipopulismo popular de los precarizados”

Wilkis remarcó las “condiciones de existencia” de los involucrados en el atentado. Existe, dijo a LA NACION días atrás, un “contexto de degradación social y discursos antipolítica que se retroalimentan para crear un clima favorable donde crecen redes y circuitos de sociabilidad de lo que se da en llamar ‘derecha extrema’”, explicó el sociólogo, desde Noruega, a los colegas Pedro Lacour y Mariano Spezzapria.

Perfil esbozado

Aunque con matices, un perfil común a los detenidos de los últimos años parece esbozarse: jóvenes criados en democracia que viven en barrios periféricos, en viviendas humildes o tomadas, y cuyo mayor activo personal es, con suerte, una motocicleta, una laptop o un teléfono celular que utilizan para acceder a foros extremos en plataformas digitales como Telegram que pueden ser contra referentes de la izquierda o de la derecha… o contra todos al mismo tiempo. De hecho, un foro con más de 9000 seguidores hallado en el celular de Carrizo, líder de la “banda de los copitos”, incluía diatribas contra Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, y dardos por “tibios” a José Luis Espert y Javier Milei.

Esa agresividad llegó a las calles, también durante los primeros días de marzo pasado cuando un grupo atacó a piedrazos el Congreso mientras se debatía en la Cámara de Diputados el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ocho de los jóvenes identificados tras el ataque no tendrían afiliación política conocida, de acuerdo a lo que informó entonces la Agencia Télam.

También llegó a la Plaza de Mayo, el 18 de agosto, cuando un grupo identificado como Revolución Federal avanzó con antorchas, bombas molotov y piedras contra la Casa Rosada. Uliarte habría participado en esa marcha, lo que investiga la Justicia, aunque hasta ahora no surgieron vínculos entre esa agrupación y el ataque a la vicepresidenta.

El jueves 14 de septiembre, en tanto, se registró un incidente inquietante. La Brigada de Explosivos detonó un paquete sospechoso que apareció en el frente a la casa de Jorge Gorini, uno de los magistrados que integra el Tribunal Oral Federal que juzga a Fernández de Kirchner en la “causa Vialidad”. Se abrió una causa, también en manos de la jueza Capuchetti, por “averiguación de delito”.

Ya en los tribunales de Comodoro Py, al responder las preguntas iniciales de rigor, Uliarte dijo ser “vendedora ambulante los fines de semana”; Sabag Montiel, remisero y “vendedor de algodones de azúcar”. Dijo encarnar al “hombre gris” de Benjamín Solari Parravicini, el supuesto “Nostradamus” criollo. Pero se negó a responder preguntas, incluso sobre sus tatuajes, como el “sol negro”, un símbolo neonazi que exhibe la organización la Atom-Waffen División Argentina en sus afiches y mensajes.

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