Los abogados de Julio De Vido intentaron desvincularlo de las obras en Santa Cruz y cuestionaron a la fiscalía

Con cuestionamientos a la acusación que formuló el fiscal Diego Luciani, que pidió condenar a diez años de cárcel a Julio De Vido por el presunto direccionamiento de obras públicas viales al empresario Lázaro Báez, los abogados del exministro kirchnerista, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, continuaron hoy con el alegato de defensa en el juicio de la causa Vialidad y dijeron que el Ministerio Público Fiscal expuso “falsedades difundidas por los medios de comunicación hegemónicos”. Dijeron que presentar como una asociación ilícita la estructura del Estado es “criminalizar a un espacio político” y pidieron la absolución del exministro.

Rusconi, en tanto, dijo a LA NACION que analizan recusar a uno de los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Rodrigo Giménez Uriburu, con quien se cruzó ayer en medio del alegato por una interrupción.

Rusconi dijo que no existieron irregularidades en los contratos de obras públicas que le otorgó el Estado a Lázaro Báez durante los tres gobiernos kirchneristas. En esta segunda audiencia basó su defensa, entre otros elementos, en las declaraciones de algunos testigos que trabajaron para la Direccción Nacional de Vialidad (DNV) y que dijeron en este juicio no haber encontrado irregularidades en las obras ejecutadas por las empresas de Lázaro Báez, y en las testimoniales de empresarios contratistas del Estado que señalaron que las redeterminaciones de precios no eran algo únicamente característico de las obras que ejecutaba Báez. E igual que como lo hizo Cristina Kirchner en su exposición pública para refutar a Luciani, Rusconi se refirió a los testimonios de David Bahamondez y al exinterventor de la DNV Leandro Martín García, que según los defensores refutaron la acusación.

El abogado dijo además que De Vido “no tenía injerencia” sobre la toma de decisiones en Santa Cruz. “El control de las obras se hacía en sede provincial”, dijo remitiéndose a la declaración testimonial de Bahamondez para desvincular a su defendido de los hechos.

El abogado cuestionó que el fiscal fue discrecional a la hora de extraer testimonios y denunciar hechos que podrían ser delictivos y que fueron ventilados a lo largo del juicio oral. Con la intención de refutar una parte importante de la acusación, que tiene que ver con que las obras de Báez recibían muchas redeterminaciones de precios sin acreditar avances suficientes, citó por ejemplo una parte de la declaración testimonial de Ángelo Calcaterra, exdueño de la constructora IECSA y primo de Mauricio Macri, en este juicio, quien dijo: “Es imposible hacer una obra sin predeterminaciones de precios. No conozco una obra que empiece y termine en el plazo estipulado”.

Tras citar a Calcaterra, Rusconi dijo: “¿Cómo va a decir esto Calcaterra? ¿Quién tiene la verdad, Calcaterra o la fiscalía? Y si Calcaterra miente, ¿no hay una denuncia por falso testimonio?”. Luego citó dichos de las testimoniales de los empresarios Carlos Wagner -que tuvo una reconocida amistad con Julio De Vido- y Juan Chediack. Ambos fueron titulares de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) y aunque el abogado dijo que sus dichos refutaron la acusación (Wagner, por ejemplo, dijo que no conocía las irregularidades denunciadas en esta causa), los empresarios también habían reconocido que sus empresas no cobraban anticipos financieros, un beneficio que sí recibían las empresas de Báez.

Con alusiones a los aspectos jerárquicos de los hechos bajo investigación, tomó la palabra el abogado Palmeiro. “Nunca se ha podido acreditar que Julio Miguel de Vido haya estado involucrado de modo alguno en una asociación ilícita. Simplemente fue ministro, y acá lo que ese está juzgando es su rol como ministro”, dijo.

Refutó que De Vido haya sido responsable por la provisión de fondos para las obras que le fueron concedidas a Lázaro Báez y dijeron que eso corresponde a las leyes de presupuesto.

Ayer, durante la primera audiencia del alegato, el abogado dijo que los mensajes extraídos del celular del exsecretario de obras públicas José López no comprometieron a De Vido. Y hoy agregó: “De Vido nunca firmó ningún acto administrativo en favor de ningún contratista ni ninguna provincia”.

Uno de los puntos centrales de la acusación es que los controles sobre las obras de Báez fueron relajados. “A los fiscales no les importó nada, si tenían que mentir, mentían”, criticó Palmeiro, cuando dijo que los sistemas de control -se refirió a la SIGEN- estaban y funcionaban. Y dijo que la estructura del Ministerio de Planificación fue creada por Eduardo Duhalde. “Eduardo Duhalde firmó la creación del Ministerio y atribuyó las funciones que hoy pretenden establecer la responsabilidad y ponerlo en el contexto de una matriz de un gobierno que vino con una idea de asociarse ilícitamente para cometer defraudaciones. Por qué no cuentan la verdad completa? Choca con la historia construida”, cuestionó el abogado.

Palmeiro comparó el peritaje -sobre cinco de las 51 obras cuestionadas- que se incorporó a esta causa con el que tomaron en cuenta los funcionarios judiciales de la causa conocida como Gas Natural Licuado (GNL) por la que De Vido fue preso. “Está en juego nada más ni nada menos que la libertad de las personas sometidas a juicio. El tribunal debe ser permeable dentro de la valoración probatoria. Lo que les pedimos encarecidamente es que no hagamos de Eloy Bona [el perito designado por la fiscalía para analizar las obras en esta causa] el nuevo David Cohen [el perito de la causa GNL] de este juicio”.

Y cuestionó las alusiones de la acusación a De Vido vinculadas al rol como funcionaria de su esposa, Alessandra Minnicelli, sobreseída en una causa penal. “De Vido se tiene ahora también que defender de tener una esposa. Es increíbe”, concluyó.

La acusación contra De Vido

Cuando formuló el pedido de penas, Luciani dijo que el exministro no tenía una participación directa en la tramitación de los expedientes licitatorios, pero advirtió que esa menor exposición a la vista no debía confundir. “Hemos demostrado que el arquitecto De Vido tenía el dominio de la estructura” de la sobras viales y era la “pieza clave” para que se otorgaran las licitaciones. Dijo que tenía una intervención directa y que fue organizador de la asociación ilícita investigada en esta causa.

Y agregó que son agravantes en su caso la extensión del daño, el desprecio demostrado a la ciudadanía y a los ciudadanos de Santa Cruz, que tuvo un rol de importancia a la canalización de fondos hacia Báez, y su grado de participación en el hecho, dado su cargo de máxima jerarquía en la obra pública vial.

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